El Sol de Puebla
Puebla, Mex. I
Opinión     .

   

Jorge Lerín Valenzuela 
La suplencia de la queja, en la nueva Ley de Amparo
El Sol de Puebla
23 de abril de 2013

  (Segunda y última parte)



Jorge Lerín Valenzuela



Es indudable que resulta interesante reflexionar sobre la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del acusado o sentenciado, que obliga al Juez de Distrito al dictado de su sentencia definitiva de amparo, o al Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, realizar el estudio y análisis de cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, es decir, opera la figura de suplencia de la deficiencia sólo respecto de cuestiones de fondo del asunto, cuando advierten la ausencia de conceptos de violación o de agravios o por resultar deficiente la argumentación jurídica que demuestre la inconstitucionalidad del acto reclamado.

Lo anterior, sin importar la observancia del principio del equilibrio procesal entre las partes que debe existir en cualquier procedimiento judicial, como acontece con las partes en el Juicio de Amparo en materia penal, el quejoso imputado o sentenciado y el tercero perjudicado, víctima u ofendido del delito, con derecho a reparación del daño, repito la norma constitucional faculta a la autoridad federal única y exclusivamente en favor del quejoso, cuando sea el acusado, olvidando de aplicar el principio de equilibrio procesal, mucho menos que se trata de hacer justicia.

La gran mayoría de los gobernados se quejan de las autoridades federales, por la protección que otorgan en demasía a los derechos del acusado o sentenciado (caso de la francesa Cassez) cuya violación de sus derechos humanos por indebido proceso legal, trajo como consecuencia la impunidad, sin importar los derechos de las víctimas, en base a la figura jurídica procesal denominada suplencia de la deficiencia de la queja, que faculta a la autoridades del Poder Judicial de la Federación a redoblar su vigilancia, cuando estén violentados los derechos fundamentales o derechos humanos del quejoso, a fin de que se enmienden o subsanen los errores, las omisiones y en general toda imperfección que notaren en la averiguación y substanciación del proceso penal, esto, en opinión de abogados postulantes, es atendible, cuando se trata de una notoria violación de derechos fundamentales, como acontece cuando el Ministerio Público acusa sin estar acreditada la plena responsabilidad del imputado, o bien, se encuentra apoyado en pruebas ilícitas, o por haber formulado deficientemente los agravios en apelación. Al respecto surge la interrogante ¿por qué no se suplen las deficiencias de la queja a favor de la víctima u ofendido?

Es a partir de la modificación del Artículo 1° y reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a los derechos humanos, y al mecanismo para su protección, el juicio de amparo, que ha impulsado en el sistema jurídico mexicano nuevos e innovadores criterios, e interpretaciones de la ley a favor de las personas, llamado principio pro persona, control de convencionalidad, arribando al criterio jurisprudencial que ordena suplir la queja deficiente en igualdad de circunstancias, no sólo a favor del acusado o sentenciado en el proceso penal, sino que ésta también debe aplicarse a la víctima u ofendido, sin importar su edad, pues no es coherente que la autoridad federal le niegue este derecho, por causa de errores jurídicos o mala integración de una averiguación o cuando no haya sido debidamente representado por el Ministerio Público.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, aplicando el sistema de control de convencionalidad, emitió tesis al rubro y texto siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2a. CXXXVII/2002 Y la./J. 26/2003). De conformidad con los Artículos 1º y 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (el primero en su texto vigente a partir del 11 de junio de 2011), los Jueces nacionales deben inicialmente respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, deben acudir tanto a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación como a los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar si existe algún derecho que resulte más favorable y procure una protección más amplia del que se pretende proteger. En este sentido, en ejercicio del control de convencionalidad, lo dispuesto en el Artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, y en las tesis 2ª. CXXXVII/2002 y la./J. 26/2003, de rubros: "Ofendido en materia penal. No se actualiza en su favor la suplencia de la queja deficiente." y "ofendido en materia penal. No procede la suplencia de la queja prevista en el Artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo a favor de aquél cuando comparezca como quejoso en el juicio de garantías.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, página 449 y Tomo XVIII, agosto de 2O03, página 175, respectivamente, relativo a que la suplencia de la queja deficiente en materia penal sólo opera tratándose del reo, no son acordes con los instrumentos internacionales, como son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículos 7 y 8); el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Artículo 17); la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto San José Costa Rica" (Artículo 25) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Articulo 9), de cuyos preceptos se advierte que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta. Por tanto, ante la obligación que tienen los órganos judiciales de cualquier nivel, de analizar si determinada norma jurídica es acorde con los tratados en materia de derechos humanos, es conveniente que en los conceptos de violación o agravios de la víctima u ofendido deje de aplicarse el citado Artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que señala que en materia penal, la suplencia opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, así como las tesis 2a. CXXXVI1/2002 y la./J. 26/2003 en cita; ello en razón de que, al tener los derechos de la víctima y del ofendido la misma categoría e importancia que los que se otorgan al inculpado, deben tener, sin distinción, igual protección, además de que al tener una protección a nivel constitucional, no puede obligárseles al cumplimiento de formulismo alguno al momento de elaborarlos, que de no cumplirlos se les limite la protección de sus derechos; suplencia con la que se da preferencia a lo previsto en los instrumentos internacionales aludidos, que disponen que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, el mismo derecho a su protección cumpliendo así con el mandato previsto en el Artículo 1º Constitucional.

A lo largo de estas reflexiones he tratado de hacer un recorrido sobre la trascendencia y la esencia de la suplencia de la deficiencia de la queja en materia de amparo penal, la cual debe ser aplicable a las dos partes, acusado y victima u ofendido, sólo así se logra un equilibrio procesal real entre las partes, por tanto, cuando exista conflicto de derechos entre las dos partes deberá resolverse observando la mayor igualdad posible entre ellas.

La nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en vigor al día siguiente de su publicación el 2 abril de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, resulta ser de avanzada al ampliar la tutela de los derechos humanos, al incluir no sólo los consagrados en la Constitución Federal, sino también los establecidos en los tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano, incorporando la suplencia de la queja del ofendido, y personas de escasos recursos económicos.

Artículo. 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes:

(...)

En materia penal:

En favor del inculpado o sentenciado.

A favor del ofendido o víctima en el caso de que tenga el carácter de quejoso o adherentes.

VII. En cualquier materia a favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

En suma, en esta última fracción la nueva Ley de Amparo, se aprecia que la misma otorga herramientas a los jueces federales para lograr el equilibrio procesal de las partes, al permitir suplirse la deficiencia de la queja para aquellos que viven en pobreza o marginación en todas las materias del derecho, sin importar si se enfrentan a la aplicación de leyes rígidas o que pugnen con los derechos humanos cristalizándose con ello el verdadero acceso a la justicia.


 
Columnas anteriores
Columnas anteriores


Cartones
Columnas