Belén Cancino

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) requerirá el doble de su presupuesto actual, que son 470 millones de pesos, para poner en práctica las reformas en materia de justicia penal que aprobará el Congreso local y que consisten en mejorar la administración y procuración de justicia, responsabilizarse de los Centros de Reinserción Social, garantizar el respeto a las garantías individuales, especialmente entre los adolescentes hasta llegar a los juicios orales, expuso su titular Rodolfo Igor Archundia Sierra.

Como parte de la responsabilidad que tendrá el Legislativo poblano para homologar las reformas federales en esta materia, el titular de la PGJ; el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, y los diputados locales comprometieron impulsar las reformas a cinco artículos de la Constitución del Estado para que ésta garantice las garantías individuales y derechos humanos y la seguridad de personas y propiedades.

A grandes rasgos, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Gustavo Espinosa Vázquez, indicó que con las modificaciones que tendrán que avalar se hallan poner bajo responsabilidad de la autoridad judicial los centros de reclusión que incluya un seguimiento y una atención integral, cambiar el nombre de éstos a Centros de Reinserción Social, reparar el daño a víctimas de delitos y que más adelante se culminará con los juicios orales.

Sin precisar en los efectos concretos que tendrá la reforma en la justicia para adolescentes, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo, resaltó que se sentarán las bases para garantizar la certeza de los procedimientos y los derechos humanos de los menores de edad, para lo cual presumió, se considerarán las disposiciones a las que se ha comprometido el país en diversos tratados y convenios internacionales en la materia.

Resaltó que el cambio de denominación de centros de readaptación a centros de reinserción social, implica que se agreguen factores como el salud y el deporte para garantizar que los reclusos superen los efectos sicológicos y sociales de su pena una vez que ésta concluya.

Mientras que en el tema de administración y procuración de la justicia reconoció la necesidad de invertir muchos recursos económicos, humanos, materiales y de todo género para "dignificar, fortalecer y eficientar" a los Ministerios Públicos, toda vez que en conjunto con las corporaciones policiacas tendrán un papel activo en la investigación y persecución del delito.

Al respecto, Archundia Sierra destacó que la trascendencia de las reformas constitucionales que tendrán que aprobar los diputados locales radica en que sentará las bases para que más adelante se practiquen los juicios orales.

Añadió que esto requerirá de capacitación y una selección de todos los actores del sistema judicial, pues con los juicios orales tendrán la responsabilidad de llevar pruebas fehacientes y desarrollar investigaciones especializadas.

Mientras tanto comentó, ya se está llevando a cabo la profesionalización de los elementos policiacos, que se refiere a que los nuevos elementos deben contar con preparación académica de licenciatura, pasar por una serie de exámenes de control de confianza y un proceso de formación, entre otras preparaciones tecnológicas y estratégicas incluso en el extranjero.

Finalmente, admitió que estas acciones requerirán de mayor inversión de recursos, y aunque declaró que por el momento no tiene un estimado de la necesidad económica que tendrá la PGJ, consideró que será del doble del presupuesto actual que es de 470 millones de pesos de inversión bipartita, toda vez que tomó como referencia que el Poder Judicial de la Federación calculó que tendrá que contar con una cifra igual a la que actualmente ejerce.