Maritza Mena

No ha olvidado la fecha: 20 de abril del año 2007, día en que un percance automovilístico cambió la vida de Antonio Fernández Sánchez y su familia. Ha perdido su casa y sus pertenencias, ha muerto su hija y aún lo persiguen los recuerdos de los tres años que permaneció en el Penal de San Miguel, producto de la corrupción e impunidad que goza Saúl Gamboa Condado.

"Me sembraron droga los policías", mencionó Antonio, de 33 años de edad, a quien elementos de la Policía Táctica Municipal de Puebla, alrededor de siete, lo sacaron de su casa con lujo de violencia y le decomisaron 50 paquetes de clorhidrato de cocaína -entre uno y cinco gramos cada uno- y unos paquetes que el entrevistado desconoce el contenido, pero además golpearon a su esposa y a una niña de un año de edad, Maria Antonia López Cruz y Concepción Fernández López, respectivamente.

Hace dos meses la Procuraduría General de la República (PGR), a través del titular de la Unidad de Documentación y Análisis, Juan Rodolfo Ramírez Brito, instruyó al subprocurador de Control Regional, Víctor E. Corzo Cabañas, para que la delegada de la institución en el estado de Puebla designara a un agente del Ministerio Público y se realizara la detención de Saúl Gamboa Condado, ahora ex policía y quien encabezara la detención de Antonio, según consta el documento con el folio 14736; sin embrago, él continúa en libertad.

Saúl Gamboa Condado es el nombre del policía a quien se le acusa de haber fabricado los delitos de secuestro, extorsión y asesinato, mencionaron las declaraciones a puño y letra de al menos ocho presos del penal, entre ellos un coreano, dirigidos y recibidos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Embajada de los Estados Unidos.

Los ocho siguen presos, acusados de robo, daños a la salud y secuestro, todos ellos aseguraron que fue Saúl Gamboa quien armó todos los delitos a cambio de considerables cantidades de dinero, los cuales recibió, pero ante el temor de que fuera denunciado, "cargó" a los extorsionados, supone Antonio Fernández, quien pagó 12 mil pesos para que no fuera remitido al ministerio público. El pago lo realizó su esposa a media hora de que el entrevistado fuera sacado de su casa por los elementos de la policía.

El percance vial que tuvo Antonio fue con el elemento policiaco Saúl Gamboa, el 20 de abril del 2007, cuatro días después, él y su escolta integrada por Miguel Cruz Durán, Miguel Ángel Cruz Carreto, José Guillermo Zárate Juárez, José Eduardo Lira Gallegos, Andrés Romero Ramírez y Ricardo Valentín Zepeda, entraron a la casa ubicada en la colonia Viveros del Valle y golpearon al inculpado, a su esposa de tres meses de embarazo y a una niña de un año de edad.

El entrevistado aseguró que no conformes con esta acción, los elementos policíacos se robaron alrededor de 200 mil pesos de la venta de una casa, aparatos electrodomésticos, rompieron cortinas, colchones y ropa.

"Anda de fuga; si ya terminó con mi vida, mató a mi hija y yo estoy enfermo", refirió del jefe de los policías, Saúl Gamboa, de quien aseguró Antonio sigue libre y continúa operando como "madrina" a pesar de que presentó su renuncia del cargo el pasado 31 de agosto de 2009, consta el expediente número 8285/2009-1 de la CDHE.



LOS HECHOS

Antonio Fernández señaló que el 20 de abril del año 2007, su camioneta de la marca Windstar, modelo 97, chocó contra la camioneta de la Policía Táctica Municipal de Puebla, conducida por Saúl Gamboa. Una vez que la policía no quiso aceptar su error, según relató el entrevistado, se va pero lanza una advertencia: "me dijo que me iba a dar piso", aseguró.

Cuatro días después, el 24 de abril de ese mismo año, a las 10:00 horas, alrededor de siete elementos policíacos entraron a la casa de Antonio y lo golpearon al igual que a su esposa e hija más pequeña, la mayor presenció los hechos, Maria del Carmen Fernández López, y a sus siete años de edad no pronuncia bien las palabras, a partir de ese día, dijo su madre.

Antonio es trasladado a Rancho Colorado por supuestamente haberle decomisado drogas. El médico de la dependencia señaló que llega en buen estado, a pesar que estaba sangrando de la cara por las diversas contusiones que le causaron los policías, comentó.

Según consta el acta 40838, expedida por la policía municipal, Antonio Fernández Sánchez está en buenas condiciones, no obstante, después lo trasladaron a la Procuraduría General de Justicia y el dictamen 1025 apuntó que tiene contusiones en el ojo, varias heridas en la cara y los labios, además en la región toráxica, entre otras.

El 26 de abril de ese mismo año, Antonio ingresa al penal de San Miguel, mientras su esposa da a luz en el mes de octubre, pero la niña que lleva el nombre de Guadalupe Libertad López Cruz, murió en los meses siguientes por una deficiencia respiratoria, reveló el acta de defunción 070530295.

Maria Antonia acusó que los policías que entraron a su domicilio ese 20 de abril, la golpearon a puño limpio y la tiraron bruscamente al suelo cuando contaba con tres meses de embarazo y dijo que fue por esta causa que su hija murió meses después de nacida.

Cuando su esposo está en la cárcel, Maria Antonia se cosió la boca el 8 de noviembre del 2008, por lo que consideró una injusticia hacia su marido. Este medio tiene el registro de ese hecho.

Antonio comentó que estando en la cárcel encontró a ocho personas más que estaban en su situación y acusaron al mismo policía, Saúl Gamboa, de haberles fabricado delitos como daños a la salud, robo y secuestro. Ellos son Alejandro Modesto Gutiérrez, acusado de secuestro, Alejandro Ernesto Gutiérrez, posesión de droga; Juan Sánchez Mosqueda, robo de vehículo; Jorge Reyes Domel, posesión de droga; Julio Cesar Reyes Martínez, secuestro; Belisario Hernández Escobedo, daños a la salud y portación de arma de fuego; Gabriel Castelán, secuestro y Chang Soo Han, daños contra la salud. Todos ellos continúan presos.

En tanto, el entrevistado relató que el juez quinto de distrito, Martín Ubaldo Mariscal, le da la absolución y finalmente consigue su libertad el pasado 12 de noviembre de 2009, según señaló la causa penal 32/2007. Fue una sentencia absolutoria por no haber encontrado delito alguno.



ESCUELA DE CRIMINALES

El padre de Antonio, quien lleva el mismo nombre dijo que su familia se irá de Puebla porque tienen malos recuerdos de esta ciudad por la injusticia que se cometió contra su hijo. "Fue un error haberles proporcionado armamento nuevo", consideró que los elementos de la policía, una vez que están capacitados para usar armas, se salen de las corporaciones y se convierten en criminales.

"La culpa no es de la cárceles, es de la corrupción, de la impunidad, la injusticia", mencionó que como su hijo, hay cientos que tal vez estén encerrados en San Miguel siendo inocentes y ahí dentro se enseñan a ser criminales.

Ahora, el ex policía al que se le acusa de armar delitos, Saúl Gamboa Condado, podría ser detenido si las autoridades correspondientes se aseguran de darle cumplimiento al documento que turnó la PGR a la delegación de Puebla, pues Antonio, el entrevistado, aseguró que continúa operando en completa impunidad.

"Nos tenemos que ir porque puede ser que me vuelvan a fabricar otro delito...", finalizó Antonio Fernández.