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  El ámbito del poder público más apto para promover la formación de los consensos que requiere nuestra frágil democracia, para aportar nuevas prácticas parlamentarias de gobierno y para facilitar la construcción de una mayoría y coaliciones legislativas estables que aseguren al Ejecutivo un soporte mayoritario en función de programas de gobierno construidos de forma democrática es, sin duda, el del Poder Legislativo.

Sin embargo, para que éste pueda cumplir con dicha función a cabalidad, es necesario asegurar la adecuación de sus normas a las nuevas exigencias de profesionalización, calidad, planificación, fiscalización, eficiencia y funcionalidad.

Diversas son las acciones que deberán impulsarse para apoyar el logro de este propósito. La primera y fundamental consiste en suprimir la prohibición relativa a la reelección de los legisladores que se encuentra en vigor. Esta eliminación permitiría asegurar un ejercicio más profesional, eficiente y activo de la función legislativa; generaría incentivos para que los legisladores adquirieran un mayor sentido de responsabilidad en relación con sus representados; aseguraría el ejercicio real de las atribuciones de control del electorado sobre su actuación al posibilitar que éstos puedan con su rechazo castigar su actuación o premiarla y, sobre todo, promovería el logro de acuerdos de largo plazo que no habrían de verse interrumpidos por la necesidad de que los legisladores abandonaran el cargo después de su período constitucional.

Otra medida que permitiría revitalizar el trabajo congresional consiste en fortalecer el sistema de comisiones y de los trabajos de las mismas. La parte esencial del procedimiento legislativo, el corazón del trabajo de las cámaras, se desarrolla en el seno de estos órganos que a la fecha siguen sin contar con los recursos humanos, técnicos e incluso materiales necesarios para desarrollar sus trabajos de manera óptima, para tomar decisiones fundadas y meditadas y para hacer comparecer a aquellos que puedan contribuir al mejor desarrollo de sus trabajos.

Asimismo, es importante revisar la vigencia del esquema de facultades exclusivas de las cámaras; así como otorgar a éstas nuevas y mayores facultades, sobretodo en lo que se refiere a la materia presupuestal, y en la ratificación de los nombramientos de los miembros del gabinete

En el mismo sentido y para asegurar que el Congreso funcione mejor, resulta fundamental garantizar la reorganización de los órganos constitutivos, directivos y de gobierno de las cámaras. Revisar las funciones de los presidentes de la Mesa y de la Junta, asegurando una clara separación entre las funciones de naturaleza política y las administrativas. Vigorizar el régimen normativo de la Comisión Permanente. Dotar de mayor fuerza a las reglas que regulan el régimen de conferencia entre las dos cámaras. Crear un estatuto completo de los grupos parlamentarios. Consolidar de manera real el servicio profesional de carrera al interior de las Cámaras. Reglamentar a detalle y de forma diferenciada las diversas etapas y modalidades que conforman el procedimiento legislativo, incluido el veto. Establecer plazos fatales para el análisis de las propuestas, la elaboración de los dictámenes y su discusión en el Pleno. Reconocer la figura de la caducidad para aquellas iniciativas que han perdido el interés, la importancia o el apoyo inicial que las impulsaron. Regular el cabildeo para combatir la opacidad e indefinición que domina actualmente las actividades de esta naturaleza. Y establecer mecanismos novedosos que garanticen el intercambio de puntos de vista y la rendición de cuentas entre los legisladores y los particulares como podría ser la configuración de Consejos de Consulta Legislativa y la inclusión del Poder Legislativo dentro de las instancias sujetas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Nuestra democracia exige sustancialmente que los mecanismos institucionales, esto es, las reglas que definen el juego político y en específico las normas vinculadas con la configuración de los poderes públicos, así como que sus funciones y relaciones recíprocas estén estructuradas de forma tal que puedan producir decisiones públicas con el máximo consenso y la menor imposición posibles. La nueva etapa del desarrollo político que vivimos en México ha conferido al Congreso un papel protagónico en este proceso que sólo podrá cumplir cabalmente mediante su reforzamiento.