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  La serie de acontecimientos que afronta nuestro país, provocan temor, nos preguntamos ¿El federalismo mexicano es obsoleto? ¿Están debidamente señaladas las competencias de la federación, estados y municipios? ¿El federalismo, sólo beneficia algunos servidores públicos? por lo que me permito compartir algunas reflexiones en torno al sistema federal mexicano, considerado como la organización jurídico-política para mantener a salvo los intereses del pueblo, mediante una trilogía de gobiernos, federal, estatal y municipal, y entre ellos, el único soberano es el pueblo que los creó, el pueblo es su jefe, por así decirlo; tal parece que el pueblo es su empleado, dado que el estado federal se debe a la voluntad nacional y soberana, delegada en el Congreso Constituyente que elaboró y aprobó la Carta Magna Mexicana (1917).

De esta manera, se distribuyeron las competencias entre el estado federal, los estados miembros de la federación y los municipios, puesto que los estados cedieron una parte de su soberanía al estado federal, al concertarse el pacto federal, a partir de la expedición de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, adoptando la nación para su gobierno la forma de República, representativa, popular, y federal, y sus partes integrantes, los Estados, alcanzando su consolidación definitiva en la Constitución Federal de 1857, y ampliando el radio de acción de los poderes federales en la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, atento a su artículo 124 que establece: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se tienen reservadas a los estados".

No olvidemos que la esencia del sistema federal es: el territorio nacional está dividido en entidades que la Constitución llama Estados, libres, autónomos e independientes, en lo que respecta a su régimen interior, con importantes limitaciones; en consecuencia, cuentan con sus propios poderes, representados por el Ejecutivo, el Congreso local y el Poder Judicial del Estado, adoleciendo de personalidad propia ante las naciones extranjeras, para este efecto se consideran partes integrantes de un todo, que es la República Mexicana, a la que se le llama Estados Unidos Mexicanos, por lo cual la Federación, a través de sus poderes, es la entidad política y jurídica que representa a nuestra nación. Pero, que nunca debe estar por encima de los Estados, sino en relación con ellos.

El pueblo mexicano debe apoyarse en un nuevo sentido de Federalismo, un nuevo compromiso de unión entre sus gobiernos Federal, Estatal y Municipal. La Constitución Política guarda celosamente el principio de soberanía nacional, estableciendo prohibiciones absolutas para las entidades federativas, entre otras la contenida en el artículo 117, que dice: "Los Estados no pueden, en ningún caso: I: Celebrar alianza, tratado o coalición con otros Estados no con las Potencias extranjeras..."

Así, tenemos que en contra del texto expreso de este precepto, el Gobernador del Estado de Chihuahua suscribió "Acuerdo de Cooperación en materia de secuestros, con el Director de la Policía Nacional de Colombia", esto es un convenio de naturaleza federal. Empero, que hacen los Estados, cuando la Federación no regule sus necesidades en forma satisfactoria.

Como esta aconteciendo con el sonado caso del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo Sonora, en los que un grupo de mexicanos familiares de 49 menores muertos, solicitaron a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la demanda insatisfecha de justicia, y ante la impotencia de los padres de las víctimas, la apertura de una investigación por violaciones graves a garantías individuales, pues las autoridades federales, estatales y municipales, han actuado de manera tibia para esclarecer los hechos, en total descrédito de las autoridades estatales, con la peregrina excusa de la distribución de competencias, el uso del suelo, la ausencia de la garantías de seguridad; la subrogación de la apertura de guarderías a cargo del IMSS, siendo esta última institución la responsable directa de prestar dicho servicio y garantizar su seguridad.

La Suprema Corte accedió nombrar Comisión Investigadora que actúe en forma objetiva e imparcial averigüe los hechos y clarifique las circunstancias que ocasionaron la tragedia y señale los probables responsables. Bajo este contexto, es oportuno crear normas que regulen la procedencia de juicios colectivos, en los que como sucedió con los beneficiarios de los servicios de guardería, padres de los niños fallecidos, puedan actuar en defensa y demanda de sus intereses. Por vía de mientras, habrá que esperar que la decisión de la Corte, reivindique los derechos de las víctimas con el castigo de los servidores públicos, concesionarios y empleados responsables; en materia penal, administrativa y civil por la obligación de resarcir los daños, perjuicios y morales reales.

Entre tanto, ¿Porque no plantear un nuevo modelo de federalismo? que delimite de manera expresa y precisa las facultades y responsabilidades administrativas, civiles o penales de funcionarios federales, estatales y municipales, ya que sólo así podrá resplandecer el pacto federal, no olvidando que la federación no debe estar por encima de los Estados, sino en concordancia con ellos. Pugnemos por un nuevo federalismo donde la equidad sea el tótem del sistema, tampoco es posible que el gobierno federal siga manoseando la justicia a su libre antojo, poniendo incluso en riesgo la seguridad pública, política y jurídica de los Estados que la integran.

Me reflexión habrá de producir desaciertos que jamás serán efecto de mi voluntad, por lo que pido al publico su tolerancia.