Miguel Hernández

Fueron liberados 16 pobladores de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla que permanecieron recluidos 68 días en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, al no comprobarse los delitos que se les imputaban por el enfrentamiento con policías, los días 24 y 25 de abril.

El titular del Juzgado Primero de lo Penal, Javier Vázquez Fernández, determinó que no hubo elementos para consignarlos por los delitos de motín, lesiones contra funcionarios públicos, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad y lesiones tumultuarias.

Cabe recordar que el asunto se dio porque los habitantes de la junta auxiliar sorprendieron a técnicos de la SCT haciendo trazos para una nueva carretera a Santa Clara Ocoyucan.

Ayer jueves, alrededor de las 13:45 horas, el juez se presentó ante los ahora liberados en la rejilla de prácticas para darles a conocer el resolutivo de que no había elementos comprobatorios en su contra para consignarlos con relación a los hechos violentos en su comunidad entre policías y algunas personas.

Lo anterior derivó de las diligencias del proceso 142/2009 del Juzgado Primero, en que la parte agraviada, que son los topógrafos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), desistió de los cargos señalados contra los 15 pobladores, y dos más, una mujer embarazada y un menor de edad -16 años-, que enfrentaron el proceso legal fuera de la cárcel y en el consejo tutelar para menores, respectivamente.

Por ello, se ordenó la libertad inmediata de los presos, a quienes sus familiares y amigos esperaron desde las primeras horas de la mañana. Asimismo, un representante de la Secretaría de Gobernación estatal, también acudió horas antes a la oficina del juez, de cuya reunión no se conocieron los motivos.



INJUSTICIA COSTOSA

Padres, hermanos e hijos de los absueltos, recibieron con agrado la noticia, pero coincidieron en criticar al juez que haya tardado tanto en determinar que eran inocentes de los delitos que se les imputaban, ya que desde un principio no hubo pruebas para tenerlos en el penal, en donde tuvieron que pagar grandes cantidades en estos dos meses para que tuvieran derecho a una cama para dormir, comer o bañarse, incluso para no ser golpeados por los internos o custodios.

Entre 170 y 350 pesos semanales tuvieron que desembolsar cada uno de los presos de Azumiatla en el Cereso para gozar de los beneficios, pese a que la mayoría de ellos son de extracción humilde.

Yolanda Escalona Sánchez, madre de Eleazar Rojas Escalona, dijo que llevaba a su hijo 170 pesos semanales, para que éste pagara a los propios internos que tienen más años encerrados, por dejarlo dormir en la celda, darle agua y permitirle ver la televisión.

"Los mismos presos lo extorsionaban y yo le decía a Eleazar que ya no viera la televisión para que no tuviera que pagarles, pero aunque no la veía de todos modos tenía que darles dinero", comentó.

En la misma situación estaba Lorenzo Alameda Fuentes, hermano de Eutiquio, también preso, a quien daban hasta 400 pesos semanales para cubrir sus gastos como es usar el baño y tener acceso a otros servicios.

Dijo que la reclusión también es vivida por los familiares desde afuera, puesto que tienen que apoyarlos para que sobrevivan en la cárcel, mientras esperaban la sentencia del juez.

Aseveró que varios de los pobladores saldrán con secuelas tanto físicas como psicológicas, ya que desde el primer momento en que fueron detenidos sin haber participado en el zafarrancho contra los policías en Azumiatla, fueron víctimas de maltrato por parte de los policías judiciales con el propósito de que se dijeran culpables o firmaran declaraciones de delitos que nunca cometieron.

"El dinero que le dábamos a mi hermano a veces sólo le alcanzaba para tres días, por ello mi cuñada tenía que vender algunas artesanías como bolsas y morrales, que aprendió a hacer Eutiquio, en el tiempo que estuvo preso", agregó.

En el caso de Celso Escalona Nava fue más difícil, porque dijo estaban presos su hermana Rufina y su cuñado Fabián Orta Escalona, a quienes a cada uno tenían que dar 350 pesos semanales para que tuvieran un espacio donde dormir o poder tomar agua.

Comentó que la cantidad de dinero disminuyó cuando los pasaron a "pasillo", por lo que ya nada más daban lo suficiente y les llevaban la comida para la semana.



ANALIZAN CONTRADEMANDAR

Uno de los dirigentes del Frente Regional de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Hilario Alonso Flores, comentó que la liberación de las 15 personas no fue un favor del gobierno sino un acto de justicia, al jamás comprobarse la participación de estas personas en el zafarrancho.

Dijo que corresponderá a los liberados determinar si demandan a los funcionarios que promovieron los hechos delictivos en su contra, siendo uno de los señalados directos el titular de la SCT, Valentín Meneses Rojas, "quien ordenó la presencia de los topógrafos, él tiene que ser sancionado, además el gobernador Mario Marín Torres y el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, si es que éstos dos no se deslindan".

Afirmó que hubo abusos tanto en la detención de los pobladores de Azumiatla, como en el proceso legal de los mismos, sin embargo, al ya determinarse que son inocentes, será, dijo, decisión de cada uno proceder con alguna denuncia contra los funcionarios de primer nivel que ordenaron procesarlos.

"No puede quedarse el asunto así, hay que ver a Santiago Escalona Cordero, a quien le fracturaron la pelvis cuando fue detenido por los judiciales, y hoy sale de la cárcel en muletas y no sabe cómo habrá de mantener a su familia estando lastimado, por ello él y los demás deben pensar en demandar también al gobierno por este acto de injusticia, bajo los delitos de abuso de autoridad, lesiones y privación ilegal de la libertad", concluyó.