Fernando Hinterholzer Diestel

La Reforma Electoral aprobada el año pasado modificó varios de los elementos fundacionales de la democracia mexicana. En contraste con otras naciones que construyeron transiciones integrales hacia la democracia, en nuestro país el proceso fue acotado y desarrollado a regañadientes. Fue acotado porque la lógica que dominó no fue la de la construcción de una nueva forma de gobernarnos, sino del apaciguamiento de las oposiciones. Es decir, se negoció con un espíritu de otorgamientos de concesiones y no con el ánimo de la construcción de un nuevo estadio político.

Hoy en día, a tres meses del arranque formal del proceso electoral del 2009, los tres principales partidos políticos ya hacen ajustes internos y preparan estrategias para esa contienda incluidas las derivadas de la contingencia sanitaria por la epidemia, ajustados a las nuevas reglas electorales y con un IFE reformado por la llamada Partidocracia en el poder, misma que sustituyo al Presidencialismo de la época del PRI.

La elección se celebrará el domingo 5 de julio del 2009 y en ella se elegirán 300 diputados federales de mayoría y 200 diputados federales plurinominales. Pero además de renovar la Cámara de Diputados, se elegirán gobernadores en los Estados de Campeche, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Querétaro; 565 presidentes municipales y 433 diputados locales.

Sin embargo, un tópico que nos interesa a los ciudadanos es el que vincula a los políticos-candidatos y a su enriquecimiento, ahora ya fácilmente explicable por todos sus antecedentes. Y es que los mexicanos hemos perdido capacidad de asombro ante los latrocinios de nuestros gobernantes y ante el cinismo con que son procesados, pues frecuentemente quedan impunes.

La corrupción en el sector público es un claro síntoma del fracaso de la gobernabilidad en un país. La corrupción puede adoptar tres formas principales: la menor administrativa y burocrática, referida a operaciones aisladas de funcionarios públicos que abusan de su cargo solicitando sobornos, desviando fondos públicos o concediendo favores a cambio de dádivas personales; la corrupción mayor, vinculada al robo o al uso inadecuado de grandes sumas de recursos públicos por parte de los funcionarios del Estado, generalmente miembros de la elite política o administrativa; tráfico de influencias-captura del Estado, concebido como la colusión entre representantes del sector privado y funcionarios públicos de alto rango, en beneficio propio.

Los factores claves que originan la corrupción se vinculan con las siguientes situaciones: objeciones de la legitimidad del Estado como guardián del interés público; el Estado de Derecho no está formalmente establecido; las instituciones de rendición de cuentas no son eficaces; el compromiso de los líderes nacionales para combatir la corrupción es débil, por su complicidad con la raíz del problema.

La sustracción de recursos al erario es, por supuesto, la consecuencia obvia, sin embargo es más dañina la ineficiencia derivada en la asignación de obra a contratistas hechizos o que ofrecen el diezmo, y que por consiguiente construyen obras con materiales de mala calidad como sucede con los directores de la SCT en Coahuila y Puebla, par de pillos con espuelas.

Pero peor aun, cuando el administrador público, el político, y el futuro candidato dividen su tiempo en dos ocupaciones básicas: hacer negocios y mantenerse en el candelero. A estos vividores de la política se les conoce como los verdaderos traficantes de influencias, quienes preparan sus cuentas bancarias para cuando llega el tiempo de sus campañas electorales.

Es por eso estimados lectores, ahora que llega el tiempo de elecciones revisemos muy bien el origen, manejo y fama pública de los presuntos candidatos a diputados, presidentes municipales y otros cargos de elección popular. No sigamos fomentando a través de nuestro voto la llegada de más pillos al Congreso de la Unión, a las presidencias municipales, a los Congresos de los Estados, que buscan únicamente la impunidad del fuero, el seguir haciendo negocios para enriquecerse al amparo del poder público, y nosotros la sociedad, los ciudadanos somos sus instrumentos para realizarlo. Hay que castigar la impunidad con nuestro voto adverso o con la abstención, es preferible que gane el candidato de un partido pequeño y desconocido, a seguirle haciendo el caldo gordo a los corruptos vividores "políticos profesionales".



Consultor fhinter@hotmail.com