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  "Duros cuestionamientos sobre la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los que el estado mexicano, representado por una amplia delegación de 15 dependencias, recibió de los expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU por el informe presentado en Nueva York los pasados 8 y 9 de marzo, que abarcaron los temas de militarización, fuero militar, arraigo, delitos del pasado, desaparición y tortura, condiciones carcelarias, jerarquía de tratados de derechos humanos, derechos de las comunidades lesbiana, gays, bisexuales, transgénero; situación de los derechos de los Pueblos Indígenas y la aplicación del Art. 33, relativo a la condición de los extranjeros en el país. No hubo respuesta para el Comité que reiteró su alarma por la impune obtención de confesiones bajo tortura, a las que el Sistema Penal, sin control judicial alguno, concede valor probatorio".

Los expertos preguntaron cómo es, que el Estado Mexicano dará cumplimiento a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los feminicidios del campo algodonero en Ciudad Juárez y la respuesta fue que se están analizando mecanismos para hacerlo, mientras la FEVIMTRA reportó avance en sólo dos sentencias de las 308 investigaciones realizadas hasta hoy. Recomendaron desaparecer la figura del arraigo, detención arbitraria que viola las disposiciones del Pacto Internacional y con sus respuestas, el estado mexicano evidenció falta total de regulación en esta medida. Consideraron deplorable el saldo de violaciones que cometen las fuerzas armadas y dijeron que en varias regiones del país se configura la suspensión de facto de las garantías individuales, señalando que el Estado no puede justificar de manera alguna proporcionar un trato diferencial a los elementos castrenses en los casos de abusos, mediante la aplicación del fuero militar. Radiografía similar a la que esta semana entregó el Departamento de Estado norteamericano a su Congreso, dentro del análisis que anualmente rinde acerca de los derechos humanos en el mundo.

Angustia a los expertos la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, que la lucha social se criminalice. Retoman y solicitan revisar los casos de Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas sentenciadas a 21 años, con procesos viciados, sin intérpretes, mediante una fotografía como prueba acusatoria; se instó al Estado a revisarlos. Se solicitó información de Raúl Hernández, preso de conciencia en Guerrero; cuestionan la armonización legislativa de la Ley General que da acceso a la mujer a la vida sin violencia en los estados y externan su preocupación por lo que ocurre en Guanajuato. Indignas las cárceles sobrepobladas, en especial las de mujeres. Rechazaron el cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la impunidad en delitos graves durante la guerra sucia. Les preocupa la falta de aplicación de la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual, contra la mujer y las reformas constitucionales en 18 entidades, que protegen la vida desde la concepción, vulnerando los derechos de las mujeres.

El estado mexicano se comprometió a resguardar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer e impulsar acciones que deriven en un cambio de fondo de la mentalidad misógina. El informe carece de la legislación de género en extenso; es limitada la participación de mujeres en la vida política y persistente la marginación y discriminación de las mujeres indígenas. El Comité mostró preocupación por la discriminación en escuelas y centros de trabajo por falta de orientación sexual y de género y adolece de medidas que protejan los derechos de las personas de diversidad sexual. Al cuestionamiento sobre la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, sugerida por la Corte IDH para impedir que el ámbito militar conozca los casos de violaciones a derechos humanos, la delegación no especificó los mecanismos y sólo explicó que se cumplen totalmente las sentencias.

Respecto al periodismo, el Comité cuestionó no haber despenalizado ya la difamación, la calumnia e injurias en las entidades federativas y centró su atención en la violencia contra la libre expresión y la vulnerabilidad en que se encuentran profesionistas e independientes que ejercen este derecho.