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  "El Artículo 21 Constitucional dice, que la seguridad pública e instituciones involucradas, están sujetas a una serie de bases mínimas; una de ellas: D) la participación de la comunidad que coadyuvará en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública. En su Artículo 25, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas que México adoptó en 1981, establece: Todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de asuntos públicos directamente. Como en la actualidad no hay asunto más público que la seguridad, lo que demandan los juarenses al Ejecutivo Federal no es una dádiva, sino su derecho a participar en el diseño de acciones concretas, que se ejecutarán sujetas al monitoreo y evaluación permanente y sistemático".

Desde que en abril 2008 se impuso un virtual estado de excepción en Juárez, la ciudad desde entonces es gobernada realmente por la Federación a través del Operativo Conjunto Chihuahua, antes bajo control del Ejército y la Armada y hoy con nuevo nombre al mando de la Policía Federal; porque en los hechos, el Gobierno del Estado renunció a su soberanía y el Municipal es instrumento del Ejecutivo Federal, no de sus habitantes. Sin garantías de protección a la vida, la dignidad y el patrimonio, que aseguren niveles mínimos de gobernabilidad, y por añadidura las violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales, son el pan de cada día para sus habitantes.

Aunque por anticipado reconoció que la sociedad juarense no sólo fue ignorada, sino seriamente dañada por el planteamiento y desarrollo de la estrategia gubernamental que combate al crimen organizado, en su última visita a aquella frontera, Calderón se olvidó de promover como ofreció, la participación plural y colectiva y como los medios difundieron, la convocatoria al esperado foro fue selectiva y a modo; se excluyó a la mesa conformada por defensoras y defensores de derechos humanos, únicos capaces y dispuestos a proponer acciones de fondo para el combate eficaz a la delincuencia, en las que se pondere el respeto irrestricto a los principios universales de dignidad. Además, el Estado Mayor reprimió su protesta pacífica, reflejo fiel de que no es objetivo principal del Gobierno Federal, recomponer la situación violenta en Juárez. Reconoció la marginación ciudadana del tema seguridad y planeó a tiempo su participación, pero al final la excluyó del diálogo.

En las acciones que anunciaron los 3 niveles de gobierno para esta "nueva" etapa estratégica en Juárez, no se menciona una sola vez a los derechos humanos; incluso como hemos visto quedaron fuera las voces que reclaman que en las acciones por emprender, estos principios sean componente indispensable. De nada vale la insistencia que a nivel nacional e internacional nos recalca que la inseguridad sin derechos humanos cae siempre en el corte autoritario; por tanto, será difícil obtener el resultado que los juarenses reclaman. La participación de la gente en la creación de alternativas de seguridad no es un gesto de buena voluntad de los gobiernos, sino un derecho que hasta hoy se ha impedido ejercerlo efectivamente al ciudadano de la antigua "Paso del Norte".

Persiste la táctica de los 3 niveles de gobierno, pues desde el 21 de agosto de 2008 que se firmó el "Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad" jamás se convocó a los organismos civiles de derechos humanos y la única respuesta de los gobiernos en los 2 últimos años fue descalificar a las voces que defienden a los cientos de víctimas de las violaciones registradas, documentadas y denunciadas contra el Ejército y la Armada recién premiados por su jefe supremo con sustancioso aumento salarial, para que combatan la violencia con más violencia, mientras él defiende su democracia con autoritarismo y la ilegalidad con más ilegalidad. A estas alturas resulta insostenible su argumento de sofocar a la delincuencia saturando de soldados y policías las calles de Juárez.