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  "A propósito de la insistente demanda de Calderón, Gómez Mont y miembros del Gabinete, en el sentido de que se presenten pruebas fehacientes de violaciones a derechos humanos en este país, Amnistía Internacional respalda con su nuevo documento lo que ya había dicho el alto Comisionado de Naciones Unidas en México, al referir16 casos de ataques a defensores y defensoras, documentados por organismos civiles entre 2007 y 2009, desde hostigamiento, intimidación, juicios infundados y agresiones físicas, que incluso llegan al homicidio".

En su informe, el organismo reprocha al estado mexicano que lejos de garantizar la integridad física de los activistas, utilice el sistema de justicia penal en su contra y considera urgente la necesidad de que el gobierno mexicano reconozca y priorice la importancia de regular esta situación, afirmando que tal reconocimiento debe reflejarse en la adopción de un mecanismo integral de protección a defensoras y defensores. El último informe de Amnistía Internacional se titula "Exigiendo Justicia y Dignidad" y en él, defensoras y defensores relatan experiencias como la de haber permanecido 5 meses en la cárcel bajo cargos penales fabricados por autoridades federales en 2007. Debido a su activismo, son amenazados e intimidados tanto por pandillas locales como por agentes de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas.

Activistas de todo el país, afirmaron que por asumir esta vocación de alto riesgo, son víctimas de intimidaciones, amenazas, procesos judiciales infundados e incluso corren el riesgo de perder la vida. "Ser defensores de derechos humanos en estos momentos en México y otros países del mundo, significa salir de nuestros hogares sin tener la seguridad de regresar de nuevo", aseguró Jesús Emiliano, del Frente Democrático Campesino Chihuahua. La autoridad inspira temor, no respeto y confianza, y lejos de protegernos nos trata como delincuentes.

Algunas defensoras denunciaron ser víctimas de numerosas amenazas, vigilancia y actos de intimidación desde 1998, razón por la cual se ven obligados a dejar sus comunidades, huyendo de la masacre de campesinos por militares. Obtilia Eugenio, indígena Me-pa, denunció que en el año 2002, dos compañeras fueron violadas sexualmente por militares y a la fecha no se ha hecho justicia, no hay responsables; "el miedo es mucho porque los gobiernos no están con el pueblo, sino con las personas que cometen delitos".

El Padre Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana del Pacífico Sur y director del Refugio para Migrantes en Ixtepec, Oaxaca, dijo que la región es una zona rezagada y olvidada por muchas instituciones, abunda la corrupción, sobre todo en la impartición de justicia, pues a pesar de haber interpuesto numerosas denuncias penales y ante la CEDH, nunca se ha hecho nada al respecto, no se ha detenido a ningún policía o funcionario público; en cambio, el sacerdote ha sido objeto de golpes, amenazas constantes y cárcel, por demandar y denunciar a policías municipales de Juchitán.

La trata de blancas, el tráfico de personas y de órganos son cosa común y toda una industria las numerosas mafias dedicadas al secuestro. El 24 de diciembre, 3 policías municipales atacaron a un grupo de migrantes pobres, quienes denunciaron los hechos, pero el 11 de enero, policías judiciales trataron de secuestrar a los testigos de estos hechos, que se encontraban en el albergue del migrante y atestiguarían al día siguiente contra miembros de la "hermandad".

Amnistía Internacional advierte además en su informe, que el inicio de la lucha contra el narcotráfico en México, trajo consigo el aumento del riesgo de violaciones a derechos humanos, perpetradas en especial contra defensores y defensoras de los mismos. El Director Ejecutivo de A.I., señaló que hay un sobre registro del número de agresiones a estos activistas, ya que incluso en algunos de los casos documentados en el informe como el de la indígena Me-pa, Obtilia Eugenio, detrás están 107 defensores bajo medidas cautelares o provisionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los 2 últimos años se registraron más de 120 incidentes contra defensores y defensoras de derechos humanos y alerta sobre el inminente riesgo de que este tipo de agresiones se incremente.