---

  Más allá del análisis de los avances y dificultades que ha debido sortear el país en el último año, la duda sobre el fundamento y credibilidad de las cifras, es necesario reflexionar en torno de las causas profundas que han impedido en la realidad el avance del país. Me refiero a los factores que han afectado la relación entre el Ejecutivo y Legislativo y, como efecto de ello, han frenado los cambios institucionales necesarios para consolidar la democracia en México.

Desde hace varios años existe en los círculos políticos y académicos una intensa discusión sobre la compatibilidad entre un régimen presidencial y el multipartidismo. Las tasas de fracaso de los regímenes presidenciales en comparación con los parlamentarios han servido para fundamentar esta afirmación, basados en que en los regímenes parlamentarios las crisis sólo son de Gobierno, mientras que en los presidenciales también llegan a ser crisis de Estado.

Las bases de la crítica al sistema presidencial han sido diversas. La confusión, también propia, entre figuras de diversa naturaleza y alcances como son las de jefe de Estado y jefe de Gobierno. La rigidez del periodo de Gobierno del Presidente, la exclusión que hace de las fuerzas políticas perdedoras. Y, finalmente, la parálisis gubernamental que promueve ante situaciones de mayoría dividida al contar los legisladores con pocos incentivos para apoyar las acciones del Ejecutivo ante la responsabilidad única de éste de rendir cuentas en torno de la estabilidad y los avances de la política de gobierno.

Estas cinco características, unidas a un sistema multipartidista como el mexicano, dificulta el logro de acuerdos y la construcción de coaliciones parlamentarias y de Gobierno. Lo preocupante de ello es que el desarrollo cotidiano de un sinnúmero de asuntos públicos exigen la cooperación del Ejecutivo y el Legislativo. Para atenuar estos problemas, los académicos, la sociedad y las fuerzas políticas se dividen en las propuestas: sustituir el régimen presidencial por uno parlamentario que promueva una mayor corresponsabilidad en la gestión de Gobierno, fortalezca la rendición de cuentas, genere incentivos para la cooperación y la asunción de compromisos; establecer un sistema mixto (semipresidencial o semiparlamentario) que corrija y contrarreste los excesos del sistema parlamentario puro; o promover algunos cambios a nuestro régimen presidencial para hacerlo operativo y gobernable. En nuestra opinión, la mejor opción es esta última y los cambios concretos y consideraciones que debemos tener en cuenta para impulsar estos cambios son los siguientes.

Para hacer frente al problema de confusión del jefe de Estado y el de Gobierno sería suficiente delimitar constitucionalmente las fronteras de las responsabilidades en cada rubro y constituir órganos constitucionales autónomos independientes del Gobierno que se encarguen de desarrollar las funciones estatales.

En cuanto al problema de la doble legitimidad es necesario considerar que, si bien en algunos casos genera problemas de representación, también permite conciliar los principios de eficiencia (identificación que hacen los ciudadanos de las distintas opciones de Gobierno durante un periodo electoral) y representatividad (posibilidad de que las diferentes voces e intereses de la sociedad se manifiesten en los órganos encargados de tomar las decisiones) y generar una mayor estabilidad. En un sistema presidencial, a diferencia de uno parlamentario, es posible elegir a una persona de un partido político para que nos gobierne y a otra, perteneciente a otro, para que sea nuestro representante; lo cual nos permite contar con dos agentes para realizar dos funciones distintas: el Gobierno y la representación de intereses.

El problema de la exclusión del perdedor no es privativo del régimen presidencial; se presenta también y aún de manera más grave en los sistemas parlamentarios, ya que mientras en estos últimos no existe ninguna salida institucional posible ante la exclusión de las fuerzas opositoras, en los primeros existe la posibilidad de que de manera paralela a la mayoría presidencial se desarrollen mayorías diferenciadas en el Congreso y en los estados. El problema vinculado a la parálisis gubernativa derivado de una mayoría dividida no es tampoco exclusivo de los sistemas presidenciales. Incluso la experiencia muestra que en los regímenes parlamentarios, los efectos de esta división, cuando se presenta, son todavía más graves ya que al problema de polarización y fraccionamiento de las fuerzas políticas se suma la tendencia a generar Ejecutivos particularmente débiles. Por ello, para hacer frente a esta problemática muchos países han adoptado regímenes semipresidenciales.

En cuanto a la rigidez temporal del mandato del Presidente es necesario reconocer que esta característica puede servir también para maximizar la eficiencia del Poder Ejecutivo. Cuando las fuerzas políticas saben que el Presidente permanecerá en el poder por un periodo preciso es más factible que se sienten a negociar y promuevan consensos en torno de las políticas promovidas por el Gobierno, que cuando tienen enfrente un Gobierno débil expuesto en cualquier momento a ser derrocado. En pocas palabras, la rigidez maximiza la certidumbre y genera también incentivos para negociar. Estas son las consideraciones mínimas que debemos tener en cuenta al plantearnos la redefinición institucional del Estado mexicano y es una tarea que ya no puede postergarse.