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  En ocasiones parecemos olvidar que la sociedad es un producto de la cultura y el efecto recíproco de la acción entre los individuos. La formación de sus instituciones no es espontánea, sino que es abstraída por ciertos hombres y sostenida por ciertas virtudes y supuestos de las formas de socialización que existieron, pero que pueden evaporarse mañana. La democracia no escapa de esta lógica; sabemos que está ahí y pensamos que ahí seguirá perennemente, como si ésta pudiera producirse de forma espontánea.

La permanencia de la democracia depende de los hombres y de sus valores. Por ello, el egoísmo no puede ser sustento suyo. La democracia coloca al prójimo en primer plano. Es un compromiso deliberado con la igualdad. Su valor primordial es la idea según la cual la alegría del individuo depende de que también otros estén alegres. Una función de utilidad cruzada, dirían los economistas. Si la socialización es realmente interacción, su caso más puro se presenta cuando se produce entre iguales. De ahí que muchas prácticas sociales sean una escenificación para disimular las diferencias. Lo mismo sucede en la política democrática. La igualdad de los participantes y el respeto a la condición de cada uno son fundamentales. Las formas cuentan. Y este valor es el que se ha perdido en México, y preocupa porque complica la relación entre poderes y, en el largo plazo, puede socavar la legitimidad de la democracia.

La consolidación de la democracia en México no ocurrirá de forma espontánea. Su construcción fue una lucha ardua que inició en 1968, con el movimiento estudiantil, o en 1977, con la liberalización electoral del régimen, como se prefiera. En cualquier caso, ha sido una lucha de años que refleja el cambio en las relaciones entre el Estado y una sociedad que se volvió más participativa. Sin embargo, si la clase política no encuentra la manera de alcanzar acuerdos estables, si la falta de respeto hacia la contraparte y el incumplimiento de la palabra empeñada prevalecen como costumbre y no se encuentran los mecanismos para consolidar la gobernabilidad democrática, las relaciones Estado-sociedad pueden modificarse nuevamente y orientarse hacia formas no democráticas de legitimación.

Los elementos mínimos de la democracia son tres: derechos individuales y libertades políticas, estado de derecho y participación ciudadana en elecciones competitivas y en los asuntos públicos. Sin embargo, en México no hemos cumplido con los dos primeros y el tercero, que era en el que más habíamos avanzado, corre peligro de desvanecerse. En esto me quiero concentrar.

Indudablemente, la democracia mexicana comenzó a fortalecerse a partir de la crisis económica de 1982, cuando el proceso de reestructuración económica y la redefinición del modelo de desarrollo del país socavaron las bases tradicionales de apoyo político del régimen. La apertura comercial y el retiro del Estado de la actividad económica alteraron el equilibrio en la coalición que durante años mantuvo en pie a los gobiernos posrevolucionarios. Estos mismos gobiernos que habían movilizado a campesinos y obreros en un arreglo corporativista para favorecerlos con recursos del Estado, ahora los excluían de sus privilegios.

Unido a lo anterior, la liberalización electoral permitió una fractura en la familia revolucionaria, en la que Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo capitalizaron el descontento con la reforma estructural que se había iniciado y que continuaría los años posteriores. El conflicto entre nacionalistas y neoliberales condujo a nuevas alianzas que transfiguraron las identidades políticas en la base de la sociedad. El PRD se formó a partir de una coalición de la izquierda histórica y de la parte más tradicional del PRI. Por su parte, el PAN continuó como un partido ciudadano que se benefició del apoyo que otorgó al régimen para aprobar algunas reformas que había promovido durante años, entre otras, las leyes electorales.

La liberalización electoral del régimen, así como la fragmentación política derivada del surgimiento de organizaciones independientes que promovían temas específicos (barzonistas, campesinos y pescadores afectados por Pemex, etcétera) facilitaron la alternancia pacífica del año 2000. No obstante, actualmente, la autonomía de estas organizaciones está amenazada. La lucha por la transición a la democracia ya no las puede mantener unidas, porque es una meta que ya se cumplió. Ahora dependen únicamente de los recursos gubernamentales o privados para mantener el apoyo de sus miembros (vivienda, agua, pavimentación créditos etcétera), recursos que, por otra parte, son escasos y están cada día más controlados. De ahí que pueda afirmarse que la movilización social independiente de los partidos o del Gobierno es un fenómeno en extinción.

Unido a la posible desmovilización social, los interminables escándalos políticos y la ineficiencia gubernamental también han incidido sobre las tasas de participación electoral. Así las cosas, la apatía ciudadana puede ser el próximo perfil de la democracia en México. Y este es un escenario terrible si se toma en cuenta la fragmentación de la clase política nacional. En cambio, nos quedan para el futuro las malas maneras y la irresponsabilidad, aunque en el discurso se sostenga el firme deseo de consolidar la democracia. Desafortunadamente, la democracia no se consolida de forma espontánea; la democracia tiene un temperamento inestable, y no se le puede dejar sola mucho tiempo o se corre el riesgo de perderla.