Parral, Chih..- Como ilegal y un verdadero atropello contra las empresas madereras, fue catalogado el operativo realizado recientemente por elementos de la PROFEPA, PGR y elementos del AFI, ya que atentó contra todas las garantías y coloca a los empresarios en serios riesgos de caer en manos del crimen organizado.

Un grupo de madereros se reunieron ayer para hacer pública su inconformidad por el operativo de inspección realizado por un grupo interdisciplinario integrado por elementos de la Procuraduría General de la República, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, respaldado por un Ministerio Público Federal y varios agentes de la Agencia Federal de Investigaciones,

Los madereros encabezados por Víctor Manuel Guzmán, presidente de la Asociación de Madereros de Parral, externaron que el pasado jueves 29 de octubre se presentaron con lujo de violencia en cinco empresas madereras de la localidad, un grupo de autoridades provenientes de la ciudad de México, para realizar una serie de investigaciones que los dejaron en la incertidumbre y bastante molestos, toda vez que el proceder de estas autoridades; entre otras cosas, violentó las garantías individuales.

En este operativo se cometieron varios ilícitos. Primero, porque los agentes irrumpieron en las empresas paralizando las actividades, enseñaron un supuesto oficio para realizar la revisión y con lujo de fuerza aislaron a los trabajadores en un área y se mantuvieron custodiados por agentes Federales fuertemente armados por espacio de casi 6 horas, mientras que el personal de PROFEPA y un agente del Ministerio Publico Federal, realizaban la revisión de la maquinaria, documentación forestal, fiscal y contable de oficina, además del material de los patios.

Fueron seis empresas las que visitaron ese día. Cuatro de ellas ubicadas en el sector de la carretera Corta, y dos ubicadas sobre el anillo perimetral sur Luis Donaldo Colosio, en las cuales no se notificó haber encontrado alguna anomalía, pero sí obtuvieron información privilegiad y se teme que esto genere alguna consecuencia, ante la desconfianza existente por el clima de violencia que se vive en el estado.

Esta acción causó indignación entre los empresarios madereros, considerándolo un verdadero atropello, ya que sus empresas encuentran debidamente establecidas, operan legalmente y no cuentan con ningún antecedente de delitos ambientales o de otra índole. Realmente, dijo Víctor Guzmán, la forma de actuar de estas autoridades, generó un ambiente de tensión entre los empresarios y trabajadores ya que su proceder no fue el de adecuado de una autoridad, señaló.

Además de que se preguntó a las oficinas estatales de la PROFEPA y de la PGR sobre este operativo y se indicó que oficialmente no se tenía conocimiento del mismo, y que al parecer se trata de una "volanta" que realiza este tipo de acciones por órdenes directas de la ciudad de México.

Las autoridades de este operativo no contaban con la razón social de las empresas, las ubicaron con un mapa y las coordenadas. Llegaron y sin una misión aparente, revisaron todo lo que estaba a su alcance, pidieron documentación y en algunos casos sacaron copias, revisaron facturas y hasta la maquinaria. Finalmente no realizaron ninguna notificación por escrito de la revisión efectuada y abandonaron los negocios.

Al respecto quedaron las interrogantes de los propietarios, pues si se tratara de verdaderas acciones en contra de la tala clandestina o comercialización de madera, no es aquí donde deben buscar, ya que toda la madera que llega a esta ciudad está debidamente documentada. Pasa por tres casetas forestales, una del Ocote, Municipio de Guadalupe y Calvo; otra de El Vergel, municipio de Balleza y la del Granillo.

Por lo tanto señalaron, si se trata de un acción de tipo forestal, ésta se debe realizar en los Municipios de donde sale la materia prima, no en las empresas y si se trata de una acción de tipo fiscal, se debe realizar sin la intimidación de las fuerzas armadas federales, pues fueron entre 6 y 10 los agentes que con las armas largas en mano cuidaban celosamente a los empleados y empresarios, listos para actuar ya que se les había instruido de que ésta era una zona con alto índice violento.

Cuando los empresarios solicitaron la asesoría de la Asociación acudieron a las empresas acompañados de Notarios Públicos, pero nunca se les permitió tener acceso, ni levantar las actas sobre esta acción.

"Las armas deben utilizarse para defender a la sociedad civil, no para amedrentarla y causar incertidumbre entre los empresarios", señalaron indignados los madereros reunidos en las instalaciones de la propia Asociación.

Igualmente se continuará en espera de otra acción de este grupo interdisciplinario, ya que se sabe que aún no abandonan la ciudad.