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  Va de cuento. Una pareja de mexicano y norteamericana viajaba de Playa Azul a tomar la carretera a Manzanillo, Colima. Playa Azul es un lugar cercano al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ambos andan entre los sesenta años. El, un poco más. Rozagante en kilos y moreno, el marido; delgada como una vela, rubia, la mujer. Son turistas. Vienen a quedarse en la Costa michoacana por temporadas. Hoy permanecerán alrededor de 60 días. Han venido en periodos de uno a cuatro meses, desde hace ocho años. Se enamoraron de esta tierra y de este mar. Disfrutan el paraíso.

A la salida de Playa Azul, un retén de 7 a 9 camionetas de la Policía Federal. Bájense. Su identificación. Luego, de dónde vienen y a dónde van. Qué hacen por aquí. Está bien. El matrimonio aborda de nuevo su vehículo y sigue su camino. No digieren los retenes ni los interrogatorios. Tres kilómetros adelante, al llegar al crucero de la carretera rumbo a Manzanillo, en Acalpican de Morelos, los detienen. Es un policía, solo, con pasamontañas. Yo soy fulano de tal; les dijo un nombre que ellos no se grabaron. Oiga, si nos acaban de registrar a la salida de Playa Azul. El federal solitario va a su camioneta y habla por radio. Ya pueden irse.

Continúan su viaje. Son turistas de carne y hueso; con nombre y apellido. Un acontecimiento real. Entran en comentarios. Qué haría el policía solitario. No sé si te fijaste; antes de llegar nosotros, había un acompañante que se esfumó. Después, no volvió a aparecer. Qué objeto tiene traer pasamontañas, si al saludar dice su nombre. El colmo, dos retenes casi juntos.

Por coincidencia, ese día se conoció el informe de Human Rights Wath. Los soldados mexicanos cometen abusos aberrantes durante su participación en actividades de seguridad pública, determinó tajante la HRW.

Los retenes constituyen un atentado a la libertad de tránsito, constitucionalmente establecida y mundialmente pregonada. El virtual estado de sitio en México, es una flagrante violación a los derechos humanos. El que 45 mil hombres armados estén todos los días en las calles, sin supervisión civil, implica un atropello. Igualmente, las detenciones arbitrarias basadas tan solo en denuncias de criminales protegidos. Ahí están los alcaldes y funcionarios encarcelados sin sentencia. El poblado La Colorada, también en la Costa michoacana, fue cateado, casa por casa, por elementos de la Marina. Acto repetido en cuanta ranchería consideran residencia de delincuentes. Y puede seguir una lista de violaciones cometidas tanto por el Ejército y la Marina, como por elementos de la Policía Federal.

La falta de supervisión externa y el tiempo de duración de esta guerra, son concluyentes para señalar que los abusos sí van en aumento. Al arranque de esta campaña armada, no se tomaron las medidas necesarias para vigilar el comportamiento de soldados y marinos. Tampoco se establecieron las condiciones mínimas de seguridad a conseguir para poder prescindir de las fuerzas armadas. Por eso siguen en las calles. No hay alternativa establecida, ni condiciones de ambiente para hablar de normalidad. No puede pensarse en reintegrar a las policías municipales, estatales y aún a la federal, el control de los territorios. La comprobada ineficiencia y corrupción abriría aún más la puerta al dominio de la delincuencia.

Una encuesta difundida la semana anterior, dadas las condiciones actuales, la gente prefiere al Ejército en las labores de seguridad pública. Conocemos actos corruptos de militares, por ejemplo, cuando por las noches salen a la montaña, prácticamente a morder el transporte del producto ilegal de los talamontes. El gran temor es que después de las fuerzas armadas, no hay otro recurso. Pero qué sucederá si los años pasan y los militares permanecen en labores de salvaguarda de seguridad pública. Se acaba el último resabio, más o menos confiable. Los soldados serán contaminados por los niveles de corrupción de las policías, y cada vez les será mayormente difícil respetar los derechos de la población. (M)