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  En días pasados la Secretaría de la Función Pública firmó dos convenios para evaluar la gestión de los estados de Oaxaca y Morelos, en donde participaron los tres poderes de cada uno de los estados además de los institutos de transparencia y acceso a la información.

Los convenios que fueron firmados uno denominado convenio para el fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción y el otro convenio suscrito fue el de colaboración en materia de tecnologías de información.

Con la sola referencia de los nombres de los convenios firmados entre la Secretaría de la Función Pública y los gobernadores de los estados puede uno señalar algunos aspectos que vale la pena resaltar. Lo primero que llama la atención es que son convenios de colaboración entre dos niveles de gobierno con autonomía absoluta, el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, es decir los poderes ejecutivos en dos ámbitos diferentes, con esto queremos señalar que el incumplimiento de estos convenios no pueden llevar sanción alguna, lo que hace que sean completamente de palabra y buena fe.

Otra situación diferente sería si interviniera otro poder, es decir el Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación, actualmente si tiene responsabilidades en términos de sancionar el no cumplimiento de la normatividad, por lo que generalmente argumentamos que el control es mejor si proviene de otro poder, es decir las cámaras de Diputados y Senadores, pues este además de tener facultades, capacidad y autonomía de gestión, no hay una dependencia en ningún sentido y puede obligar a que se cumpla lo pactado.

La moda en la administración pública en cuanto a auditorías, se puede decir que son las llamadas auditorías de control, que tienen dos características esenciales, son preventivas en el sentido de que intentan que no ocurran los hechos de corrupción o actos ilegales y la segunda ejercicios donde la unidad auditada, es la que determina cuáles son sus posibles debilidades en cuanto al control interno y la posibilidad de corrupción, inclusive se debe de estimar un importe monetario de los posibles actos de corrupción que se estarían dando. Esto ha sido muy criticable pues si por ejemplo el tesorero de una institución o estado tiene ingresos por una cantidad muy importante de dinero o se debe de poner esa cantidad o un porcentaje de esa cantidad factible de entrar a al ciclo de la corrupción, lógicamente que un tesorero nunca va estar de acuerdo con que se estime de esta manera su posible acto ilegal.

De este tipo de auditorías se derivan procedimientos que se llaman ejercicios de autocontrol, en donde antes de que aparezcan la mismas contralorías, cada unidad responsable tiene que autoaplicarse una metodología para definir primero si existen los controles necesarios para evitar actos de corrupción, luego si los hay qué tan sólidos son y sino hay, se tienen que implementar y esto se tiene que realizar una vez cada determinado tiempo, con objeto de ser preventivos y ubicar los procesos con debilidades en los controles.

En relación a la evaluación de la gestión pública, este siempre es el último elemento del proceso administrativo del gasto, planeación, programación, ejecución y evaluación de los egresos y tiene que ver con la parte programática del gasto, quién gastó, en qué se gastó para qué gastó, este último elemento está relacionado con las metas programáticas del gasto, elemento fundamental para realizar la evaluación.

El aspecto de transparencia y combate a la corrupción, con la publicación de la ley en el año 2002 se ha puesto como un tema relevante y que tiene que ver con los órganos de transparencia en los estados y la posibilidad que tiene la ciudadanía de acceder a la información que tiene y genera el gobierno y así tener la posibilidad de realizar algún escrutinio a dicha información.

Por último el tema de la tecnología de la información que tiene que ver con dos elementos primordiales, modernizar la gestión pública, el primero hacer los procesos de compras gubernamentales más transparentes y ágiles y el mismo acceso a la información a través de sistemas, portales de internet, archivos bien organizados y las demás implicaciones de la era de la información y la tecnología.

En general este ejercicio realizado entre el Gobierno federal y los estatales, ojalá y tenga frutos muy pronto para que la ciudadanía cuente con mayores elementos en cuanto a que se estén realizando de manera correcta la gestión pública, lo que abonará a la transparencia, a una mejor rendición de cuentas y a disminuir los índices de corrupción en el país.

gerardo_tostado@yahoo.com.mx

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