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  El 18 de junio de 2008 nuestro país hizo oficialmente pública su decisión de transformar radicalmente su sistema de justicia penal con una reforma constitucional de gran calado. Resultaba insostenible mantener una forma de enjuiciamiento que genera niveles de impunidad de entre el 94 y el 98 por ciento de los delitos que se denuncian.

La situación es, en efecto, harto dramática. El aún vigente "sistema de justicia penal" (que deberá ser sustituido a lo largo de ocho años, desde la publicación de la reforma) sólo prevé para todos los delitos una salida única: la sentencia. Por lo tanto, las cárceles mexicanas están atestadas, pero no únicamente de personas que compurgan una pena privativa de libertad, sino de muchas más que son, en principio, inocentes, porque no han sido sentenciadas y padecen en prisión un tortuoso, inequitativo, largo y farragoso juicio por un delito grave que no alcanzó fianza.

Las cárceles, consecuentemente, están saturadas en más de cuatro veces su capacidad y por supuesto incumplen con la exigencia constitucional de que los procesados deban estar recluidos -en prisión preventiva- en un lugar diverso del que se emplea para los delincuentes condenados, en sentido literal. Es decir, que nuestras cárceles se han convertido en escuelas del crimen porque todo tipo de maestros del secuestro, el homicidio, la extorsión, el fraude y demás linduras que suceden todos los días en nuestra sociedad, están mezclados y conviven con quienes por primera vez han cometido un delito o se cree lo han cometido. Para colmo, las cárceles, dada su saturación y complejísima administración, no son otra cosa que centros de degradación y corrupción (¿alguien podría afirmar lo contrario?), que tornan imposible lo que otro idílico principio constitucional exige: la readaptación social.

La cosa, empero, no acaba ahí. Si usted ha sufrido el infortunio de tener que comparecer ante un agente del Ministerio Público, sobre todo en calidad de víctima o testigo, sabrá a qué me refiero: pésima atención, tardanzas injustificables, papeleo, burocracia, desgaste emocional, incertidumbre, sentimiento de inseguridad, etcétera. Todo ello para que, si tiene suerte y si la policía y el Ministerio Público hacen bien su trabajo, pueda usted formar parte del "afortunado" seis o dos por ciento de las víctimas a quienes circunstancialmente alcanzó la justicia. De locos, ¿verdad?

La reforma penal cambia esencialmente este absurdo sistema y, en dos palabras, busca no deshacer, sino cortar de tajo el nudo gordiano de la impunidad, de la violación a los derechos humanos y de la corrupción. A tales efectos propone, esencialmente, acabar con las salidas únicas -juicio, sentencia y cárcel preventiva o definitiva- para casi todos los delitos y proceder justo a la inversa: juicio, sentencia y cárcel exclusivamente para los más graves; para los demás existirán vías alternas de solución -mediación, conciliación, juicios abreviados, etc.- donde rápidamente y ante la presencia de un juez de control o de garantías, se resolverá la práctica totalidad de los ilícitos. Así sólo unos cuantos delitos, los más graves y trascendentes socialmente, terminarán en un juicio ante un juez de proceso y en un procedimiento público, donde las partes habrán de aportar sus pruebas y debatir, de forma oral y de cara a la sociedad. Además, el nuevo proceso penal, finalmente, echa mano de la tecnología: las audiencias o los juicios son grabados en audio y video, prácticamente se eliminan los trámites escritos y se hace uso de internet para el envío de información, agilizándose dramáticamente los tiempos de gestión -acuerdos, exhortos, notificaciones, etc.- en los que la burocracia y la corrupción se regodeaban.

Los litigantes, las defensorías de oficio y las procuradurías -es decir, los ministerios públicos- ya no podrán actuar en lo obscurito, todo se registrará y se llevará a cabo ante la presencia de un juez, respetándose, en forma y fondo, la presunción de inocencia. Por ende, los errores de los abogados ya no se archivarán, quedarán perpetrados con audio e imagen, convirtiendo los procesos penales en actos de civilidad, en los que, con apoyo en la equidad y en la ley, se decide sobre la libertad de una persona y sobre la seguridad de la sociedad.

Sin embargo, la reforma penal por sí sola no es la panacea, resulta indispensable e insoslayable que apoyemos decididamente los esfuerzos para llevarla a cabo, por el bien de todos y cuanto antes.

El peso de la Pluma

m.alvarezledesma@yahoo.com.mx