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  En un foro para la Reforma Económica, el Rector Narro Robles de la Universidad Nacional Autónoma de México repitió, el cuatro del mes, que el modelo económico y político vigente no sirve para relacionarnos con el mundo y mucho menos para resolver los problemas internos. Definió como impostergable un acuerdo nacional para soltar una reforma económica, social, educativa y establecer prioridades para el cuidado y conservación del medio ambiente. La eficacia del acuerdo dependerá de la claridad de los propósitos nacionales. Explicó por lo tanto que México ya no puede seguir con el modelo de desarrollo que ha seguido durante los últimos años, el cual ha producido pobreza, desigualdad e inseguridad. No podemos retrasar más la propuesta, discusión e implantación de políticas públicas que den origen a un nuevo ciclo en la economía nacional.

Los diarios del Distrito Federal desprendieron de las palabras del rector Narro convocatorias para la refundación de la República, "proceso del cual depende la vida de México".

Las palabras del rector fueron únicamente un exhorto para cambiar el modelo económico por uno que estimule la mejor distribución de la riqueza, a fin de que la competitividad mejore apoyada en mayores inversiones de capital. Fueron bien recibidas unánimemente.

El rector Javier Barros Sierra, en 1968, se refirió a la UNAM como la conciencia crítica de la nación. A las propuestas de un rector, quien siempre esta en contacto con el conjunto de inteligencias mejor formadas de México, es indispensable ponerles atención y reflexionar en torno a ellas.

Hace algunos años fueron propuestas La Reforma del Estado y La Refundación de la República. Quien las formuló, quiso asumir el papel del supremo hacedor del portento. Señaló que el paso inicial sería el establecimiento de una comisión consultiva, que sería el instrumento para la convocatoria a un Congreso Constituyente que habría de producir una Nueva Constitución que nos pondría al día.

La Constitución de los Estados Unidos del 17 de septiembre de 1787 tiene siete artículos, 22 secciones y 27 enmiendas, las diez primeras de las cuales se denominan The Bill of Rights: las garantías individuales. La Constitución Mexicana de 1917 tiene 136 artículos y 17 artículos transitorios. Es una de las más reformadas y es la primera Constitución social del mundo. Es una constitución precursora.

Algunos comentaristas mexicanos que hubieran deseado ser ingleses o estadounidenses, se refieren a la Constitución de México como una Frankennorma. Una ley fundamental que ha padecido tantas reformas y parches que hace caminar a la República como el personaje de Mary Shelley: torpemente, con tropiezos, lentamente. A la nuestra la denigran. Pero son dos fórmulas distintas.

Mientras la Constitución americana afirma, instituye y define, la mexicana propone, explica, comenta, formula cauces e interpreta.

Si se lee con detenimiento, se le entenderá. El lector descubrirá que es una ley sabia. Y que está al día.

Si se acataran sus proposiciones económicas fundamentales, la República se actualizaría y de ella surgiría el acuerdo nacional para soltar una reforma económica, social, educativa y establecer prioridades para el cuidado y conservación del medio ambiente.

El artículo tercero establece el derecho que todo mexicano tiene a recibir educación. Así de contundente. Y en sus diecisiete párrafos siguientes explica el alcance de cada ciclo en las diversas especialidades técnicas, tecnológicas, científicas y humanísticas. En el acatamiento de lo que indica el artículo esta la reforma educativa del siglo XXI.

En los artículos 25, 26, 27, 28 están contenidas las disposiciones para soltar el desarrollo económico indispensable para que la República deje de ser la propiedad de unos 26 individuos o empresas y de un millón de familias, o lo que es lo mismo de tan solo un millón de jefes más sus cuatro millones de dependientes: esposa y tres hijos que disfrutan el 30 por ciento del ingreso nacional.

El artículo 25 señala que el Estado es el garante de que el desarrollo nacional sea integral, sustentable, que propicie la democracia, que fomente el empleo y estimule una justa distribución del ingreso y la riqueza y permita el pleno ejercicio de la libertad, el robustecimiento de la dignidad de los individuos y los grupos sociales cuya seguridad debe proteger. El 26 habla de un sistema de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. En el 27 habla de suelos, aguas y cielos y hay disposiciones justas para la adjudicación de las disputadísimas frecuencias del espectro radioeléctrico y su administración. También contiene indicaciones para el uso y beneficio de las tierras de la nación y de las que son propiedad privada. Por último, el 28 prohíbe los arreglos empresariales para acaparar artículos de consumo con el propósito de elevar sus precios. También prohíbe los monopolios. ¿Necesitará la República otra constitución, o se persiguen otros propósitos?

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