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  Frente a las turbulencias económicas, los gobiernos estatales y municipales tenemos indudablemente la tarea de atender a todo el conjunto de la población, sin importar si son de clase media, popular o marginada.

Hemos preparado con cuidado el trabajo entre las autoridades de todos los niveles y particularmente en nuestro estado, hemos generado un ambiente de tranquilidad y de participación.

Sabemos que es labor de todos atender los efectos de la crisis, y que ninguna autoridad debe darle la espalda.

Unamos fuerzas desde la pluralidad de todas las entidades para renovar el orden jurídico nacional, de la misma manera que se hace en la Confederación Nacional de Gobernadores.

Desde Veracruz convocamos a la reforma del Estado, a la reforma fiscal y a las reformas en la legislación civil y penal.

En esta hora axial, compartimos esa obligación legal, pero también la política y moral.

El diálogo y la relación respetuosa entre los diversos órganos de gobierno y sus ámbitos sustentan nuestra democracia y fortalecen la unidad nacional.

Renovemos el ánimo. Reinventemos el Gobierno. Realineemos y ajustemos el Plan Nacional de Desarrollo. Reactivemos la economía. Redistribuyamos cargas, responsabilidades, y también logros y avances a partir de una participación social más amplia y activa. Reanudemos el esfuerzo ajustando el rumbo y la intensidad.

Esto se puede hacer a partir de un nuevo trato, un pacto entre los mexicanos a través de sus representaciones públicas, de las fuerzas políticas, de las organizaciones sociales y productivas.

Un nuevo trato que nos permita reagruparnos, reconocernos y reunificarnos para fortalecer el Estado de Derecho y propiciar el desarrollo armónico del todo -que es la nación- a partir del progreso de los que somos sus partes.

Un nuevo trato que involucre a todos los gobiernos municipales sin distinción alguna de banderas o ideologías, a los organismos privados y a las organizaciones de la sociedad civil.

No es posible sostener un centralismo federalizado ni una Federación feudalizada.

Convoquemos a una nueva Convención Nacional Hacendaria para plantear una auténtica reforma fiscal, que sea integral, consistente y duradera -confiable y consensuada- que propicie una distribución más equitativa de atribuciones, de obligaciones, de capacidades, entre los diversos ámbitos de gobierno.

Urge actualizar y dinamizar instituciones y leyes.

Este nuevo trato debe permitirnos una mejor articulación gubernamental contra la crisis, que involucre un compromiso de solidaridad de los mexicanos con el Gobierno de la República, con el Congreso de la Unión, con el Poder Judicial y con sus respectivos ámbitos locales y municipales, para que facilite y propicie medidas de crecimiento de la inversión y de los empleos, seguridad y de paz pública.

A todos los mexicanos nos interesa mejorar a nuestro país; esta disposición debe partir de una agenda mínima de trabajo y de consensos.

Para transformar a la sociedad con la ley, debemos construir los acuerdos que desechen lo obsoleto, lo anacrónico, lo superado, y a partir de una propuesta nueva, que se asiente en un orden jurídico diferente, que logremos propiciar la paz social, la justicia social; que se reduzcan pobreza, marginación, abandono y dependencia.

Ha llegado la hora de lanzar un llamado para actualizar las instituciones de la República, para que éstas sean motores del progreso social y político, de la estabilidad y el desarrollo de México.

Es la hora de revisar todo lo revisable para integrar mejor a los poderes públicos, y su relación con la sociedad.

Necesitamos reformar para garantizar la paz social en la nación y crear los empleos que reduzcan la pobreza; reformar para que en el federalismo encontremos la palanca de articulación que dé a cada quien lo suyo y estimule el crecimiento de la nación, a la par de la agenda pendiente de deuda con los pueblos indígenas.

Así podremos plantear un desarrollo sustentable: reformar para que la herencia de Benito Juárez se mantenga viva entre los mexicanos; reformar para avanzar, para cumplir, para prosperar.

Es deber de todos hacer frente a los nuevos fenómenos que ponen en peligro lo logrado: paz, tranquilidad, vida, salud, patrimonio y seguridad.

Somos, y así queremos seguir siendo, una sociedad democrática en la cual todos tenemos la responsabilidad de hacer propuestas concretas y viables para seguir avanzando.

Para reconstruir a la nación se requieren leyes; leyes que señalen rumbo, que fortalezcan al Estado, que llenen de poder a los ciudadanos, que cambien lo que haya que cambiar.

Para hacer leyes se requieren acuerdos, voluntad, respeto, pero sobre todo dejar atrás las diferencias y entrar en los espacios de construcción común para servirles a todos por igual, para que así podamos vivir y progresar.

*Gobernador de Veracruz.