Opinión / Columna
 
El agua del molino 
Raúl Carrancá y Rivas 
Constitución y política
Organización Editorial Mexicana
23 de octubre de 2014

  "La fracción V del artículo 76 constitucional no prejuzga individualmente, sólo reconoce la ingobernabilidad."



La Constitución y la política no se llevan bien, son un matrimonio mal avenido. A doscientos años de promulgada la Constitución de Apatzingán (22 de octubre de 1814), que en rigor es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, efímeramente vigente en los territorios controlados por las fuerzas insurgentes pero al fin vigente, aún no ha visto cumplidos los propósitos con los que soñó Morelos pues nuestra soberanía es endeble en lo que atañe a la facultad de dictar leyes y establecer la forma de Gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad; y ni qué decir de la igualdad de la ley para todos, que sigue siendo un ideal que choca brutalmente contra el terreno duro, áspero, de la realidad. Pero tampoco ha visto cumplidos sus propósitos la Constitución de 1917, cuya inobservancia se constata dramáticamente a diario. Parece en muchos casos letra muerta o agonizante, a ciencia y paciencia de testigos y observadores que son a menudo políticos y funcionarios de la procuración e impartición de justicia. Está allí la Constitución (pero no "aquí"), todos la podemos consultar o leer, aunque su aplicación es un acertijo digno de ser propuesto por la mítica Esfinge. Incluso en su claridad y evidencia se la soslaya o desacata descaradamente. Por ejemplo, el artículo 76 en su fracción V dice que es facultad exclusiva del Senado: "Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado". Lo que pasa es que el vocablo "desaparecer" tiene dos acepciones, la de ocultar, quitar de la vista con presteza, y la de dejar de existir. ¿Pero qué es existir en este orden de ideas? La primera acepción que da el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es la de ser una cosa real y verdadera. Ahora bien, política y jurídicamente hablando ¿son reales y verdaderos, existen, los poderes constitucionales del Estado de Guerrero? ¿Tienen realidad y verdad, eficacia, en el medio social de ese Estado convulsionado por la violencia como pocas veces se ha visto antes? Evidentemente hay ingobernabilidad y sería iluso suponer siquiera que alguno de los tres poderes funciona plena, y no parcialmente, en medio de una ola gigantesca de criminalidad. A mayor abundamiento ¿cómo puede el Poder Ejecutivo guerrerense, y en concreto el gobernador, precisamente ejecutar lo dispuesto por el Poder Legislativo, lo que implica además que en las circunstancias actuales éste habla en el desierto? ¿Y en lo tocante al Poder Judicial es factible que cumpla cabalmente con su elevada función cuando el Estado se halla hundido en un mar proceloso de delincuencia? La desaparición total de los poderes constitucionales de un Estado no tiene por qué ser exclusivamente física. Entenderlo así no es entender el contenido normativo del artículo 76 en su fracción V. ¿Qué acaso deben morir o desparecer sólo físicamente el gobernador, los diputados al Congreso del Estado y los magistrados del Poder Judicial, para que se invoque y aplique la Constitución? No hay que perder de vista que la situación del país en la época en que fue promulgada la Constitución de 1917 era muy distinta a la de hoy, es decir, había un peligro constante de asonadas, motines y rebeliones con la consecuente desaparición física, real, de todos los poderes. Pero hoy no hay tal peligro, siendo en cambio que aquélla puede ser la pérdida de autoridad y efectividad, como en Guerrero. Sin embargo la Constitución y la política se suelen llevar muy mal, habiendo pruebas manifiestas de que se hallan separados, divorciados. No obstante los poderes públicos tienen el deber impostergable de acatar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Lo contrario es una burla patente, un descaro, para hacer que prevalezca la política sin el sustento del derecho, lo que se justifica con una supuesta razón de Estado olvidándose así mismo que el Estado sin el derecho es una entelequia sin autentica razón de ser. El Senado, a mi juicio, ha soslayado su obligación constitucional.



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