Opinión / Columna
 
El agua del molino 
Raúl Carrancá y Rivas 
La lógica ilógica de la Suprema Corte
Organización Editorial Mexicana
23 de abril de 2015

  La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la semana pasada que en el Distrito Federal es inconstitucional la detención con control judicial durante la averiguación previa de un posible delito, y que además los estados de la República no pueden legislar en materia de arraigo, ya que éste es de la competencia federal. El hecho es que el 13 de septiembre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la derogación del arraigo para substituirlo por la llamada detención con control judicial, que en rigor es un arraigo con otro nombre. La Suprema Corte emitió su fallo al resolver unas acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su similar en el Distrito Federal contra aquella detención. Al margen de las opiniones personales emitidas por los ministros lo evidente es que "habló" la Corte, sosteniendo en el fondo que la detención con control judicial viola garantías y derechos humanos y que la Asamblea del Distrito Federal con el mencionado cambio de nombre, pues en realidad se trata de un arraigo, "defraudó a la Constitución" (ministro Zaldívar Lelo de Larrea). Y que conste que aparte de su composición colegiada de once ministros la Corte es un cuerpo unitario. Cuando algo se vota, independientemente de los votos particulares, se decide unitariamente. En tal sentido, entonces, el alto Tribunal ha incurrido en una gravísima contradicción. En efecto, ya se trate de la materia federal o local la inconstitucionalidad es la misma en las dos. Y el asombro nos sobrecoge porque cómo es posible que la Corte haya decidido pocos días atrás que es constitucional el arraigo en los delitos graves -reconociendo que... viola derechos humanos- y ahora decida que el mismo arraigo, disfrazado de detención con control judicial, sea inconstitucional. ¡Lo cierto es que ambos, arraigo y detención, son inconstitucionales! Yo sabía que la jurisprudencia es obligatoria, pero no los galimatías. Se queda corto el apóstol Mateo en cuanto a embrollos y contradicciones.

Desde luego caben las opiniones divergentes en un tribunal de esa categoría, pero orientadas en idéntico sentido y como variantes de un criterio común, salvo que se pretenda a cada paso o, mejor dicho, a cada mal paso, inventar o reinventar la Constitución junto con su riquísima esencia doctrinal. Una pregunta es por qué sucede esto. A mi juicio tiene gran parte de su origen en el procedimiento constitucional para nombrar a los ministros con descarada e injusta preeminencia del Presidente de la República, lo cual lleva a la politización del asunto. Además hay la tendencia, pienso que equivocada, de atender sobre todo a la carrera judicial por encima de los méritos intelectuales y morales. Se puede llevar años en ella, calentando una silla, y ser simplemente un burócrata o amanuense del Derecho. La gran verdad al respecto es que lo sabios, por independientes, estorban, no son manejables. Y he allí los resultados. En tal virtud es imprescindible que el foro y la academia eleven su voz de protesta. De qué sirve, se dirá. Respondo que para que haya debida constancia y no un silencio servil de complacencia. La Corte siembra serias dudas. El riesgo es que se la discuta con sólidos razonamientos y finalmente se la ignore pero siendo el Derecho tan rico, basado en la doctrina, tiene una y mil salidas para escapar del embrollo.



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