Opinión / Columna
 
El agua del molino 
Raúl Carrancá y Rivas 
Las redes sociales y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Organización Editorial Mexicana
17 de abril de 2014

  Ley sujeta, por supuesto, a la posibilidad de que en contra de ella se enderecen acciones de inconstitucionalidad o amparos, siendo que en cuanto a las primeras la Constitución es muy clara: se trata o trataría de las "que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución". Lo que a mi juicio es notoriamente el caso, igual que en tratándose de los amparos que proceden "por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" (artículo 103 constitucional en su fracción I). En efecto, y como lo ha escrito la Doctora Betty Zanolli Fabila en un magnífico artículo publicado en esta misma columna el pasado lunes 14, "¿quién puede creer en la bondad y efectividad de la medida de bloquear la conexión a internet "en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes", que señala el artículo 197, frac. VII de la Ley? ¿Realmente garantizará la seguridad pública? Es obvio que no. Todo indica que son otros los objetivos que subyacen pues estamos por atestiguar cómo senadores y diputados legislarán en el sentido de que bastará una orden discrecional de una autoridad no judicial para privar de sus derechos a los ciudadanos de modo indiscriminado". Totalmente de acuerdo.

Ahora bien, la Constitución es terminante en sus artículos 6º y 7º que a la letra dicen, respectivamente, que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa" (6º), salvo en los casos en que se ataquen la moral o los derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público; y que "es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio" (7º). En suma, la Constitución consagra y tutela "la transmisión y circulación de ideas y opiniones". Basándome, pues, en la docta opinión de Zanolli Fabila reduzco mi crítica, única y exclusivamente, al uso del twitter y del facebook. En la Atenas de Sócrates, por ejemplo, y conforme a un libro extraordinario, La Vida Privada y Pública de Sócrates, de René Kraus, para tomar una decisión era necesaria la participación de seis mil ciudadanos (la octava parte del total de ciudadanos), que discutían, pronunciaban discursos y finalmente votaban, aunque por lo general eran menos los que lo hacían. Así se llevó a cabo el juicio del propio Sócrates (cf. I. F. Stone, Mondadori, Madrid, 1988). Al respecto, y evocando esa cuna de la democracia, yo siempre me he preguntado qué puede uno hacer para tener voz y voto en las democracias modernas, entre millones y millones de ciudadanos. Y como respuesta decidí participar en twitter y facebook. Es una manera de opinar (hablar), levantar la mano y votar. En tal virtud sería gravísimo, violatorio de la Constitución y de derechos humanos, que se restringiera, controlara o fiscalizara su empleo y uso. Lo señalo porque tengo para mí que éste es uno de los más graves riesgos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Por qué? Porque conforme a la tendencia que ha inspirado a dicha Ley no me cabe la menor duda de que a eso se puede llegar tarde o temprano, habida cuenta del enorme poder de aquellas redes sociales. En lo concerniente a los ataques a la moral o a los derechos de tercero, a la provocación de algún delito o perturbación del orden público, estos son conceptos cargados de subjetividad que sólo deberían sancionarse, en el extremo, cuando la acción estuviera en vía de hecho, materializándose. Lo contrario ha sido y es táctica y disposición abusiva de las dictaduras. ¿Prevenir en la especie? Ya sabemos que se presta a uno y mil abusos. ¡Cuidado! El menor freno a la libertad de opinión, de expresión del pensamiento, que no al libertinaje, al desenfreno, es sinónimo de poder desbordado y arbitrario. No lo debemos permitir los ciudadanos libres y responsables. Por eso hay que combatir las leyes que subrepticia y ocultamente llevan en su entraña la potencialidad del desdén y desprecio a la libertad del hombre, a la dignidad inherente a su naturaleza.

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