Opinión / Columna
 
El agua del molino 
Raúl Carrancá y Rivas 
¿Es realmente necesaria una nueva Constitución?
Organización Editorial Mexicana
26 de febrero de 2015

  El tema se debe abordar desde dos ángulos, uno jurídico y otro sociológico o político, aunque a mi juicio lo primero que hay que hacer para resolver el problema de si es necesaria una nueva Constitución es considerar, antes de lo jurídico, dicha posible necesidad en su entorno social e histórico. La Constitución de 1917 tiene un origen precisamente histórico y social que es la Revolución Mexicana de 1910 y cuyos ideales se pueden resumir de la siguiente manera: justicia social, igualdad ante la ley y democracia. Todo lo demás, específico de la Revolución, gira alrededor de ellos. De aquí surge obviamente una ideología trasformada en ley, en derecho positivo, en Constitución, ideología cuyos pilares conocemos de sobra: división de poderes, educación laica, separación de la iglesia y del Estado, conducción económica del Estado (la llamada "rectoría"), justicia agraria, protección de la clase trabajadora en las relaciones obrero patronales. La gran pregunta es si esa ideología se ha llevado a cabo en la práctica por medio del ejercicio político. La respuesta es no. En consecuencia, ¿ha envejecido tal ideología, se ha hecho obsoleta? La respuesta es también no. Desde luego cambian o han cambiado, que no de fondo, algunos aspectos de aquélla en el curso de la dialéctica y dinámica propia de las sociedades. Pero en lo trascendente, en lo medular de ellos, son parte de nuestra tradición histórica, jurídica y política. Lo innegable es que muchos ideales revolucionarios han sido desviados o alterados de 2013 a la fecha a través de reformas constitucionales sin sentido ni fundamento, violándose el espíritu de la Constitución y de la que yo llamo su norma esencial o esencia normativa. Revolución y Constitución, pues, se hallan estrechamente unidas en este orden de ideas. Son, se puede decir, un solo cuerpo histórico, social, jurídico y político.

Ahora bien, las reformas constitucionales a que me refiero son principalmente la energética, la educativa, la laboral, la hacendaria, la fiscal, acompañadas de la concerniente a la Ley de Amparo (ahora no procede el amparo contra reformas a la Constitución), todas derivadas de la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública, porque a partir de aquí se crearon mecanismos constitucionales ad hoc que permitieron la entrada de aquéllas. En otros términos, se pusieron los que se llaman "candados" con el propósito de impedir posibles impugnaciones. En efecto, a pesar de la presunción de inocencia, expresamente reconocida en dicha reforma, se conservaron verdaderas penas o sanciones como el arraigo, la prisión punitiva y la extinción de dominio, en abierta contradicción con el principio de legalidad consagrado en el artículo 14 de la propia Carta Magna. Y lo que es peor, se abrieron las puertas para violar la norma esencial de la Constitución cual es el caso de las reformas a los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, sobre todo al primero, que permiten, lo que no era antes, llevar a cabo concesiones (hoy llamadas "asignaciones") y contratos con empresas productivas del Estado, o con particulares, en las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. Y ya es constitucional. ¿Así de simple? ¿Se puede poner lo que se quiera en la Constitución desconociendo sus principios rectores de naturaleza jurídica, histórica y política? En la larga lista de alteraciones a la Constitución de 1917, a su contenido jurídico y a su ideología derivada de la Revolución de 1910, destacan, aparte de lo ya señalado, las hechas a los artículos 16 (arraigo), 19 (prisión preventiva), 20 (presunción de inocencia), 22 (extinción de dominio), 24 (libertad de culto) y 130 (separación del Estado y las iglesias). A mayor abundamiento es de señalar que los postulados liberales mexicanos, reconocidos en la Constitución de 1857, llegaron a la vigente de 1917 por la vía de la Reforma, de sus leyes memorables y de la Revolución. En consecuencia, cualquier afectación o mutilación de esos postulados implica mutilar una parte primordial de nuestra historia. Una Constitución no se improvisa, tiene antecedentes. Lo que pasa es que la Constitución de 1917, repito, es un cuerpo unitario. Por lo tanto quitarla de su sitio, substituirla por otra, es o sería dar por muerta la herencia revolucionaria de 1910, cuya ideología sigue vigente y cuyos principios se deben aplicar. Se dirá que cualquier Constitución es un cuerpo vivo y sujeto a la dinámica del tiempo, al proceso dialéctico de la historia. Es cierto, nada más que no en su espíritu normativo, en su gran planteamiento ideológico normativo y por supuesto político. Salvo que estas tres cosas hayan desaparecido porque las substituyan otras mediante una nueva revolución, lo que es en el fondo la tesis de Herbert Marcuse. En pocas palabras, porque los factores reales de poder de que habla Ferdinand Lassalle hayan sido también substituidos.

¿Qué hacer? Yo propongo convocar a un Constituyente Reparador de la Constitución de 1917, para que se le devuelva su aliento original, es decir, su vida, su impulso vital, su espíritu, su alma. Puede que haya cosas salvables entre tantas reformas que se le han hecho. Entonces habría que rescatarlas; pero es imprescindible volver al origen vinculado con la ideología de la Revolución de 1910, hasta cumplir cabalmente con ella en la realidad. En caso contrario enterraríamos y desterraríamos los proyectos y esperanzas de varias generaciones ilustres de mexicanos. Me parece que no hay otro camino ante los embates de una globalización desmesurada, no equilibrada, que pretende anular soberanías e independencias nacionales; de un neoliberalismo que confunde el progreso económico con la deshumanización.



Sígueme en twitter: @RaulCarranca

Y facebook: www.facebook.com/despacho.raulcarranca
 
Columnas anteriores
Columnas anteriores
Cartones
Columnas