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  El presidente Felipe Calderón volvió apostar por la cerrazón y la visión unilateral y cortoplacista. Hace unas semanas realizó una serie de comentarios que, en la práctica no son otra cosa que el veto al Proyecto de Decreto que expide la Ley General de Economía Social y Solidaria. Dicho "veto" representa un hecho alevoso, muy lastimoso, pero sobre todo, terriblemente incomprensible.

La citada Ley fue elaborada y aprobada en el Senado de la República. Su tránsito por la Cámara de Diputados fue sinuoso; las objeciones que ponían algunos diputados panistas fueron más de forma que de fondo, en tribuna no dieron debate, pues de forma alevosa no quisieron quedar mal con los representantes del sector social ni con la sociedad en general, y aunque la votaron a favor, sabían que el Ejecutivo la vetaría.

El hecho también es lastimoso porque habla del poco o nulo interés por parte del Presidente de la República para cumplir un mandato constitucional: el artículo 25 habla sobre la necesidad de elaborar esta Ley. Y resulta terriblemente incomprensible porque muestra un desconocimiento total de lo que representa el sector social de la economía para el desarrollo de las naciones en el mundo y en especial para nuestro país, ante el actual escenario de incertidumbre económica que, cada vez, tiene más apariencia de recesión.

Uno de los argumentos del Presidente Calderón fue que "...se cuenta con un diseño institucional y normativo que nos provee de los instrumentos de planeación, como lo son por ejemplo, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como los Programas necesarios que derivan de éste, los cuales tienen como finalidad el cumplimiento de una política pública integral."

Recordemos que nuestra Carta Magna reconoce, en igualdad de circunstancias, tres sectores de la economía: el público, el privado y el social. Desafortunadamente la realidad es otra; el sector social de la economía está marginado. Asimismo, en el párrafo séptimo del artículo 25 se lee "La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social".

Nos resulta inaceptable que el Ejecutivo federal considere que el tercer sector de la economía nacional -el que puede ser el detonante para el crecimiento y desarrollo de México- se encuentra en las condiciones idóneas y no requiere de reglamentación ni de apoyos específicos para expandir su crecimiento.

La Ley General de Economía Social y Solidaria resulta necesaria porque no existe una sola dependencia de la administración pública, federal y/o local, encargada específicamente de ordenar, atender y fomentar a los organismos de la economía social, ya que las que argumenta el Presidente en su veto no están diseñadas para estructurar políticas de fomento a iniciativas de carácter solidario y asociativo, sino sólo enfocadas a brindar subsidios.

Otro de los argumentos del Ejecutivo federal fue que el decreto presentaba "insuficiencias técnicas en sus mecanismos de integración." La integración del decreto se realizó con la asesoría de diversos juristas especialistas en derecho constitucional, así como con la opinión y participación de cuatro comisiones de ambas Cámaras y fue votada por unanimidad en todas ellas. Asimismo, colaboraron los dos institutos de investigaciones de la Cámara y el Senado. Con tal aseveración, el Ejecutivo federal descalifica a todo el Poder Legislativo, incluido los miembros del PAN, quienes sólo objetaron dos artículos en todo el proceso legislativo y votaron a favor, en lo general.

Una vez más, el Ejecutivo federal muestra su falta de sensibilidad y soberbia al decir que es sólo él quien tiene la razón, pues considera que su política económica es la correcta, la adecuada y la suficiente para lograr el crecimiento del país.