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  Los que se dicen defensores de los derechos humanos han tomado como tarea criticar el empleo del Ejército en labores de vigilancia para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad pública. Olvidan no sólo que el dejar que las organizaciones criminales se impongan es la falta más grave que puede cometer un Estado, sino que es un problema tan grande que rebasó a las policías existentes (municipales, estatales y federales). Como el primer deber de un gobernante es garantizar la seguridad pública de la población, al estar las policías municipales y estatales cooptadas por las mafias, y la policía federal insuficiente para cubrir el país entero, la única fuerza que queda capaz de atender el problema es el Ejército.

Los señores de la droga sobrepasaron a las policías tanto en número de elementos como en armamento, y quienes se vendieron a las mafias lo hicieron no sólo por dinero, también por temor a sentirse superados en armas, en equipos de trabajo y en estrategia. "Cuernos de chivo" y rifles de asalto dominaron fácilmente pistolas y máuser de las policías locales; la potencia y el blindaje de los vehículos de los señores de la droga supera varias veces a los de la policía, y su organización, estrategia y astucia de los delincuentes mafiosos avasalló a muchas policías locales que se rindieron ante la oferta de "plata o plomo" de los mafiosos, o que de plano dejaron la profesión por temor. Poblados y ciudades quedaron inermes ante las mafias, motivando a otros criminales a actuar por su cuenta y aumentando el sentimiento de inseguridad.

Sin embargo, tan grave es el problema del crimen organizado como el de la desconfianza de la población hacia la policía y hacia los policías. Del primero se ha escrito hasta la saciedad, pero del segundo se ha dicho muy poco. Esa gran desconfianza que existe a los policías se debe a años de abusos de autoridad, de prepotencia y muy escasa eficiencia que los han convertido en uno de los grupos que la población ve con más recelo.

En cambio, la mayoría de la población no tiene conflicto con el Ejército. Las quejas que ahora han salido a la luz pública son escasas, aisladas, de muy limitada importancia, y han sido atendidas por instancias responsables. Debido a que muchos miembros del Ejército carecen de suficiente educación, de modos comedidos y se hacen obedecer de modo tajante en voz alta, hay quien se moleste. Si bien son muestra de poca educación y quizá hasta groseros, de ahí a acusarlos de atentar contra los derechos humanos hay gran distancia. Las autoridades militares aceptan que sus oficiales y tropas pueden llegar a fallar, remitiendo a los tribunales a quienes fallan; además, también entrenan oficiales y tropa en la forma en que deben comportarse para respetar los derechos humanos.

La opinión pública está de acuerdo en que es transitoria la utilización del Ejército -y de la Marina- en las calles, y de que la tropa debe volver a sus cuarteles de inmediato. Exactamente al igual que en el Plan DN III para casos de desastre, las fuerzas armadas están para ayudar mientras se soluciona la emergencia, volviendo a sus cuarteles cuando ésta pasa. Pero, ¿Ya están entrenados los cuerpos de policía o se están preparando apenas para reasumir sus deberes en el futuro cercano?

Cuerpos de policía confiables son imprescindibles para darle a la población tanto el necesario sentimiento de seguridad como el garantizar la seguridad misma. Deben ser instituciones confiables, eficientes y eficaces, compuestas de elementos que infundan respeto por el aspecto pulcro, atlético y bien presentado de individuos prestos a proteger y a servir a la población; de elementos que, siendo corteses y atentos, sepan aplicar leyes y reglamentos con respeto a los derechos de los ciudadanos.

Está claro que ningún cuerpo de policía puede ofrecer lo anterior de inmediato pues requiere de presupuesto, buenos sueldos y métodos de selección, capacitación y supervisión, mismos que requieren tiempo. Pero es precisamente ese tiempo el que ha ofrecido la participación del Ejército en el combate contra la criminalidad organizada. No se debe desperdiciar.

Evidentemente las policías municipales deben reducirse a pocos elementos que cubran las funciones esenciales de un ayuntamiento sin incluir la seguridad pública, tarea que debe ser asumida por la policía de cada entidad federativa. La Policía Federal sólo debiera ser subsidiaria, es decir, estar para apoyar a las policías estatales cuando lo requirieran. Un profundo estudio de la conveniencia de tener a todas las policías bajo un solo mando en todo el país también será muy conveniente.

alediaz@elsoldemexico.com.mx