Miguel González Ibarra

Como un buen principio del nuevo Gobierno, han sido recibidos los proyectos de presupuesto y de la ley de ingresos para el próximo año, precedidos por la aplicación de medidas de austeridad en los sueldos de los mandos superiores del Gobierno federal, así como en distintos rubros del gasto burocrático. Comenzar la reforma hacendaria por una profunda revisión y ajuste del gasto, antes de presentar las propuestas de cambios tributarios, es muestra de una sensibilidad política que estuvo ausente en el régimen anterior.

La prudencia con que se ha elaborado el prepuesto para 2007 para mantenerlo equilibrado, reconoce las condiciones internacionales menos favorables, tanto por la desaceleración de la economía norteamericana y las presión mundial sobre el dólar, como por la estabilización de los precios de los hidrocarburos en niveles menores a los observados en el transcurso del año que está por terminar.

La posibilidad de que en 2007, los ingresos extraordinarios no existan, se ha compensado, parcialmente, con el ajuste decretado por el presidente Calderón al gasto burocrático. Está importante medida del nuevo sexenio, debe ser sólo el inicio de una acción más amplia para que la administración pública sea más eficiente y promueva la competitividad. La revisión de funciones y programas que pueden fusionarse con la consecuente racionalización en el gasto de operación, es un reto que requiere atención inmediata, al mismo tiempo que se lleve a cabo un análisis serio sobre el servicio civil de carrera y sobre las percepciones y prestaciones de los servidores públicos, rubros que se manejaron con gran ligereza en el pasado Gobierno.

La compactación de la estructura burocrática que lleve a un ahorro mayor en el gasto, es otro de las acciones de racionalidad presupuestal que se esperaría emprenda el Gobierno de Calderón. La disminución de subsecretarías coordinaciones y direcciones generales debe acompañarse con la regularización de los niveles técnicos que se encuentran contratados anualmente bajo el régimen de honorarios, con cargo a los gastos de operación de los programas que opera cada dependencia. Esta forma de contratación que proliferó durante la administración foxista sólo fue un mecanismo para maquillar las cifras y mostrar una supuesta disminución de la burocracia, al mismo tiempo que para paliar el efecto del incremento en sueldos y prestaciones que se otorgó a los mandos medios y superiores.

La racionalidad y un mejor control presupuestal deben llevarse hasta la evaluación y determinación de la pertinencia de algunos programas y entidades del sector público. Un programa que a todas luces debe revisarse y someterse a una redefinición es que el del combate a la corrupción que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública. Ante los escasos resultados que ha podido ofrecer, se encuentra el alto costo que han generado los órganos de control internos que funcionan en cada entidad y que dependen de la Función Pública. La forma como se han concebido y operan los órganos de control interno sólo ha servido para inhibir el sano desarrollo de los programas y proyectos, así como a inducir una gran ineficiencia en el ejercicio del gasto público.

La mejor forma de control que puede existir en cualquier organización, sea privada o pública, es mediante una adecuada planeación del gasto, que especifique acciones y metas calendarizadas, así como los recursos humanos y financieros involucrados. El cumplimiento de las metas y el impacto social y económico que generan, debe ser el criterio de evaluación que conduzca a identificar desviaciones, ineficiencias y complemente las auditorías rutinarias que se lleven a cabo al final de cada ejercicio.

El buen inicio del sexenio, debe seguir con los pasos posteriores que lleven a un cambio estructural que favorezca la innovación y la competitividad, desde la misma gestión de la función gubernamental.

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