Juan Pablo Arroyo Ortiz

La reforma petrolera es un hecho. Pemex deberá ser diferente a partir de la aplicación de las medidas aprobadas por el Congreso de la Unión en un acuerdo histórico. El consenso de los partidos políticos en una decisión de tal alcance, deja un fuerte compromiso al poder ejecutivo en la instrumentación de los acuerdos. Habrá que revisar si los actuales funcionarios en los diversos puestos de aplicación de los acuerdos de la reforma, son los más indicados para llevarla a cabo. Sería insostenible que fueran los encargados de reconstruir a la empresa más importante de México, aquellos que levantaron la voz para defender la ingerencia de la inversión extranjera, la entrada de lleno del capital privado en la refinación y transporte del crudo y sus derivados, por cierto, los mismos que habrían impulsado el estancamiento de la empresa petrolera, los mismos que desmantelaron el Instituto Mexicano del Petróleo, los que en lugar de construir en México, compraron una refinería en Texas, entre otras acciones que poco a poco habría lastimado la estructura de la industria petrolera con medidas instrumentadas en los últimos años, al grado de tenerla al punto de la quiebra.

La discreción y firmeza de las medidas tomadas, aún antes de aprobada la reforma, podrían descubrir la calidad de estadista de Felipe Calderón. La instrucción para la construcción de una refinería que no se había hecho en 30 años, así como la liberación de los PIDIREGAS que desde hace años ahogaban las finanzas de Pemex, son el prolegómeno de las reformas. Confirmaría la calidad del Presidente si revisa la integración del equipo en el área de energéticos, para designar profesionales y técnicos adecuados y capaces para la nueva concepción de la empresa. Si deja a los mismos funcionarios sin dar explicación alguna, quedarían en duda las decisiones tomadas.

Las reformas se ubican en la oportunidad de la coyuntura de la crisis financiera. El proyecto para renovar Pemex desde la inversión (global) extranjera es plenamente inviable porque está en plena desarticulación y decadencia, con incapacidad de participar en proyectos del alcance de una de las empresas petroleras más importantes del mundo. La crisis financiera que demostró el desastre de la falta de regulación en el sistema financiero, abrió el espacio para impulsar el acuerdo histórico. Entre otras cosas porque ante la reducción del Estado a su mínima expresión con la reforma estructural aplicada desde 1982, deja a Pemex y a la CFE, como dos instrumentos relevantes para volver a articular el principio constitucional de la rectoría estratégica del Estado en la economía nacional.

Si los tiempos fueran los del "SEÑOR PRESIDENTE" como el único hombre fuerte, sin duda, tendríamos un solo héroe en la decisión. Pero ahora, como en 1938 con la expropiación petrolera, muchos armaron la trama para los acuerdos. En su momento don Jesús Silva Herzog, Eduardo Suárez, Eduardo Villaseñor, Ramón Beteta, entre otros, fueron los que construyeron el espacio para la decisión que tuvo trascendencia hasta nuestros días.

La conducta de hoy debiera ser de participación democrática, de pluralidad y tolerancia, la decisión se fraguó en el Congreso y se podrá consolidar con un equipo de calidad técnica, de capacidad profesional y de honestidad política. Muchos deberán estar en la ejecución del proyecto y la vigilancia de los resultados. El poder ejecutivo puede demostrar su calidad de gobernante, de lo contrario el país seguirá dando tumbos.

Lástima del detalle que impidió las votaciones de total acuerdo. Nunca sabremos si lo más importante serían "las 12 palabras", o la urgencia de hacerse un espacio en la tribuna para dar lugar al protagonismo enfermizo de un megalómano.

Finalmente, parte del mérito si fueron las exigencias de los debates públicos, que condujeron a la discusión de fondo. Si fueron las movilizaciones en las calles y también las expresiones de muchos mexicanos que con legítima honestidad levantaron sus ideas en diversos sentidos en el debate de la reforma a Petróleos Mexicanos.

jparroyo@unam.mx