Carlos Loeza Manzanero

El martes pasado la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Ingresos para 2009 con un cambio sustantivo en relación a lo que prevaleció en años pasados, donde la práctica habitual había sido revisar hacia la alza el precio del petróleo, lo que significaba mayores ingresos y daba lugar a incrementar el Presupuesto de Egresos.

Esta vez la historia fue distinta, se realizaron ajustes por parte inicialmente de los diputados a la propuesta presentada por el Gobierno Federal, que fueron ratificados por el Senado y el efecto es exactamente al contrario, una reducción en el precio del petróleo, también a la meta de crecimiento del PIB y además después de varios años, un incremento en el endeudamiento y un déficit fiscal.

El precio del petróleo se redujo de una propuesta inicial de 75, dólares por barril, a 70 dólares y no obstante esa baja, ese precio es extraordinariamente optimista, a la fecha las cotizaciones se ubican por debajo de 60 dólares por barril y se estima que se reduzca aún más a lo largo del año, lo que hace previsible desde ahora recortes al gasto a lo largo del año.

En cuanto a la meta de crecimiento, se redujo de un 3 por ciento inicial en el proyecto presentado por el Ejecutivo el 8 de septiembre, a una meta de 1.8 por ciento, cifra también no sólo optimista, incluso irreal dadas las condiciones del entorno internacional y en particular de los Estados Unidos, las proyecciones apuntan a un crecimiento prácticamente nulo y se tienen incluso proyecciones con tasas negativas.

Además se prevé un endeudamiento que pasa de un monto estimado en el presupuesto de septiembre, por 26 mil millones, de pesos a uno de 253 mil 498 millones de pesos, diez veces más.

Las reducciones en los ingresos por concepto de petróleo y por la baja en el crecimiento del PIB se reflejan, entre otros aspectos sustantivos, en una disminución en la Recaudación Federal Participable (RFP), es decir, el monto de impuestos del que un porcentaje se distribuye a las entidades federativas y municipios a través de las participaciones, además de que también serán afectados los fondos de aportaciones del ramo 33 que tienen una relación directa con esa recaudación.

Las afectaciones por las razones expuestas son las siguientes: las participaciones se reducen en 5 mil 117 millones de pesos; la participación directa a municipios fronterizos y litorales, identificada como el 0.36 por ciento de la RFP, baja en 34 mil 796 millones de pesos.

El fondo de fomento municipal que equivale al 1 por ciento de la RFP se reduce en 255.8 millones de pesos; el fondo de fiscalización en 319.82 millones y en cuanto a los fondos de aportaciones del Ramo 33 los impactos son los siguientes: el fondo de aportaciones para la infraestructura social, que representa el 2.5 por ciento de la RFP se reducen en 639.6 millones, el de fortalecimiento municipal en 601.2 millones; el de fortalecimiento municipal para el Distrito Federal en 54.3 millones; el de aportaciones múltiples en 208.2 millones y el de fortalecimiento de las entidades federativas, que representa el 1.4 por ciento de la RFP, en 358.2 millones.

En total, el efecto en los ingresos en las entidades federativas es de una reducción por 7589.16 millones de pesos. Y ello con las cifras optimistas que prevalecieron en la Ley de Ingresos, pero desde ahora se tiene claro que el impacto será mayor, los ingresos menores y la gran interrogante es ¿cómo se tiene previsto compensarlos?

2009 será un año extraordinariamente complejo y lo que es claro es que la principal afectación será sobre el empleo. Lo peor: no se tiene a la vista medidas que mejoren las expectativas.

* Director de la Revista Economía y Democracia

economiaydemocracia.ceneefida@hotmail.com