* De Kaplan a la fuga de la semana pasada en Reynosa

* Fácil burlar las medidas de seguridad de los reclusorios

* El hacinamiento genera la corrupción y más delincuentes

* Innecesarios más centros de readaptación por inoperantes

A las 18:30 horas del 18 de agosto de 1971, un helicóptero de color azul metálico, similar al utilizado por la policía, con matrícula estadounidense, descendió al patio central de la penitenciaria de Santa Martha Acatitla, al oriente de la Ciudad de México.

Hasta la aeronave llegaron y subieron, sin que nadie se interpusiera en su camino, el asesino y traficante de armas estadounidense Joel David Kaplan (sentenciado a 28 años de prisión por matar a su cómplice Luis Vidal) y su compañero de celda, el venezolano Carlos Contreras Castro.

Por aquellos días, las autoridades de la cárcel de Santa Martha afirmaban contar con el mejor sistema anti-fugas. Estaba rodeada por una malla metálica de 10 metros de altura, que se suponía imposible de escalar; además de 12 torres de vigilancia, en cuyo interior habían armas de fuego, reflectores, sirenas y custodios suficientes para vigilar las 24 horas del día.

En Actopan, Hidalgo, los prófugos y sus cómplices abandonaron el helicóptero y abordaron cada uno un avión Cessna 210. Kaplan logró llegar hasta Brownsville, Texas, mientras que a Contreras Castro lo llevaron a Centroamérica.

Nunca se supo más de los prófugos. Hasta nuestros días, la fuga es considerada una de las más impactantes por su precisión, buena coordinación y correcta ejecución.

Bastaron diez segundos, la duración de la huída, para exhibir al mundo la incapacidad de los custodios, la vulnerabilidad del sistema penitenciario y la impunidad que gozan los delincuentes en México.

Los medios de comunicación, aún subordinados en su mayoría, como ocurre ahora, al sistema presidencialista, reseñaron el escape resaltando el poderío económico de Kaplan para comprar las aeronaves y callaron las carencias de seguridad en los reclusorios del país, que en ese entonces eran más que vulnerables.

Las autoridades encargadas de los centros penitenciarios fingieron reforzar la vigilancia, mejorar los sistemas de seguridad y elevar la capacitación de los custodios. En los hechos nada de eso ocurrió.

DE LADRÓN A POLICÍA . DE POLICÍA A ASESINO

Durante los años ochenta, Alfredo Ríos Galeana fue considerado no sólo el más temido asaltante de bancos, secuestrador, violador y asesino, sino también el delincuente con la mejor organización delictiva, que le permitió fugarse en tres ocasiones de igual número de cárceles.

Formado en la hoy desaparecida Brigada de Fusileros Paracaidistas, perteneciente al Ejército Mexicano, Ríos Galeana alcanzó el grado de Sargento Primero de la Policía Militar. Posteriormente formó parte del Batallón de Radiopatrullas del estado de México, donde fue reconocido con el cargo de primer comandante.

En 1981, siendo gobernador del estado de México Alfredo del Mazo González, desapareció el Batallón de Radiopatrullas. Fueron despedidos todos los mandos, incluido Ríos Galeana, quien al verse desempleado decidió aprovechar los conocimientos adquiridos en las corporaciones policíacas, para comandar una banda delictiva.

Mientras se hacía pasar por cantante de palenques, en agosto de 1981 Ríos Galeana fue detenido por primera vez y enviado al Centro de Readaptación Social de Pachuca, Hidalgo, donde ingresó un mes después de su captura y se fugó, sin mayor problema, el 18 de diciembre de 1982.

El 16 de septiembre de 1983, tras perpetrar un asalto al entonces Banco de Cédulas Hipotecarias en pleno Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, Alfredo Ríos Galeana volvió a ser detenido y recluido en la cárcel de Santa Martha, donde supuestamente la vigilancia había sido reforzada tras la fuga de Kaplan, más de una década antes.

Nada impidió que el asaltabancos más conocido del país huyera por segunda ocasión, dos meses después, protegido por los autoridades penitenciarias y auxiliado por policías.

Después, en enero de 1985, Alfredo Ríos Galeana intentó evitar su tercera captura enfrentándose a tiros con los agentes que lograron someterlo y entregarlo a las autoridades. Casi dos años de aprehensión, sirvieron al delincuente para planear otra espectacular fuga.

La tarde del 22 de noviembre de 1986, mientras era presentado en la rejilla de prácticas del Juzgado 33 en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, Alfredo fue rescatado por 10 de sus cómplices que ingresaron hasta el lugar de la audiencia donde lanzaron una granada para abrir un boquete y concretar la tercera fuga.

Pasaron 19 años para que la policía mexicana ubicara a Ríos Galeana en South Gate, California, Estados Unidos, donde se hacía pasar por uno más de los 12 millones de inmigrantes indocumentados mexicanos y ponerlo tras las rejas, por cuarta vez.

EL PRÓFUGO FOXISTA: "EL CHAPO"

Siempre se afirmó que los gobernantes priístas estaban coludidos con los delincuentes por la facilidad con que se fugaban los delincuentes y por las bajas sentencias a que eran condenados. Pero la continuidad de los escapes, la impunidad y la libertad para delinquir, continuó con la llegada de los panistas a Los Pinos.

Durante toda su campaña por la Presidencia de la República, Vicente Fox prometió (y se comprometió) a capturar "a todos los peces gordos". Pero su administración inició con la huida de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", narcotraficante y principal sospechoso involucrado en el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993.

Guzmán Loera fue aprehendido el 9 de junio de 1993 en Guatemala, junto a cinco cómplices. Por su alta peligrosidad fueron remitidos al penal federal de Puente Grande, que después se le conocería como "Puerta Grande".

La noche del 19 de enero de 2001, se registró la primera fuga de un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), siendo Guzmán Loera quien logró burlar todas las medidas de seguridad y salir por la entrada principal, sin que nadie lo sospechara.

A pesar de haber sido fotografiado en diferentes actos públicos y fiestas de la alta sociedad en Guadalajara, hasta hoy el narcotraficante no ha sido capturado por las policías mexicanas.

De los 71 detenidos un día después de la fuga y señalados por las autoridades como cómplices de "El Chapo", 62 recibieron sentencia hasta el 1 de junio del 2006. Las condenas fueron de dos a 25 años de prisión. Entre los sentenciados estuvo el narcotraficante, Héctor "El Güero" Palma, que recibió la menor condena, a pesar de ser señalado como el autor intelectual.

En cambio, el custodio Francisco Javier Camberos, autor material de la fuga, deberá cumplir una condena de 25 años. La diferencia en las sentencias entre uno y otro se debe a que el "amigo" de Guzmán Loera tuvo dinero para sobornar a jueces y abogados y el empleado penitenciario, es pobre.

LO QUE SOBRA ES INGENIO Y DINERO

A esa lista de prófugos deben agregársele los nombres de Alberto Sicilia Falcón, fugado de Lecumberri; Otto Roberto Herrera, Andrés Caletri (que huyó en tres ocasiones); Modesto Vivas Urzua junto a diez cómplices; Mario Vázquez Méndez; Alfredo Cervantes Ramírez; Guillermo Mendoza Ramírez y, la más reciente ocurrida el 9 de octubre pasado, cuando 17 reos escaparon ayudados por tres custodios y un dirigente del CERESO de Reynosa, Tamaulipas. Huyeron por la puerta principal, sin que hubiera ni un solo disparo.

Los métodos para evadir los sistemas de seguridad fueron diversos. Desde la excavación de un túnel, hasta salir vestido de mujer o empaquetado en una maleta. Esto comprueba que al mexicano lo que le sobra es ingenio y a los delincuentes dinero para comprar conciencias y pagar sobornos.

Se estima que en el país existen más de 125 mil internos en los 445 reclusorios, tanto estatales como federales. Tres cuartas partes de los sentenciados, son por delitos del fuero común y el resto, federales.

Cifras proporcionadas por la Secretaría de Segurdidad Pública Federal (SSPF), señalan que entre enero de 2003 y diciembre de 2007 escaparon de las cárceles 496 presos. Pero las cifras no concuerdan con los reportes periodísticos y estadísticas de organizaciones no gubernamentales.

Otro dato que divulgó la SSPF, obligados por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), es que al interior de los reclusorios, en el mismo periodo, fueron asesinados 207 reos y se suicidaron 157. Lo que ubica al sistema penitenciaron mexicano entre los peores a nivel internacional, por su falta de seguridad, la poca atención a la readaptación de los delincuentes y el alto índice de corrupción en su interior.

Armas de fuego, cuchillos, cuerdas, botellas de vidrio o encendedores fueron algunos de los objetos con los que se cometieron los asesinatos en el interior de los reclusorios. Lo que resulta incomprensible porque las revisiones para el ingreso de familiares a los Centros de Readaptación deben ser controladas. Pero no es así.

Entre mordida y mordida a los custodios, quienes visitan a los reclusos gastan entre 20 y 100 pesos. Si alguien quiere ingresar un cuchillo, armas o drogas, el monto del soborno es mayor. También el cargo de la persona a quien se debe acudir para conseguir la autorización es de alto nivel. Pero en México, todo se puede.

¿READAPTACIÓN O ESCUELAS DEL CRIMEN?

De acuerdo con especialistas en criminología, la readaptación social de los delincuentes en el país, es un mito.

La carencia de mejores instalaciones, cárceles con pocos espacios y programas obsoletos e innecesarios impiden al delincuente insertarse readaptado y rehabilitado a la sociedad, por lo que al volver a las calles su nivel de peligrosidad es mayor.

Baste citar el ejemplo del Centro de Readaptación Social de Chalco, en el estado de México, construido para albergar a 548 internos, pero que tiene en su interior a mil 906, lo cual representa una sobrepoblación del 248 por ciento.

Al existir hacinamiento en los ceresos o ceferesos, se presta poca atención al cumplimiento en las normas que garanticen la readaptación del criminal. A las cárceles se les llama "universidades del crimen", porque en su interior se profesionalizan asaltantes, asesinos, narcotraficantes y violadores.

Contrario a lo que recomiendan los criminólogos, en los patios de los reclusorios es común encontrar que los presos no están clasificados de acuerdo al delito que cometieron. A diario conviven procesados con sentenciados o defraudadores con asesinos. Para la justicia mexicana todos los delincuentes son iguales.

El periodo que un sentenciado permanece recluido, debería servir para concluir sus estudios o para capacitarlo en cualquier oficio que le asegure un empleo digno cuando logré su libertad. En cambio, gozan de todo su tiempo libre para dedicarlo a la pereza, a planear y aprender nuevas fechorías.

Cuando un expresidiario pretende readaptarse a la sociedad, no sólo se enfrenta a un sistema que lo rechaza por haber estado en prisión. También padece el desempleo, al cual, según cifras del INEGI divulgadas el jueves pasado, se sumaron dos millones 45 mil mexicanos más durante el tercer trimestre de este año

Anteriormente, otra opción para los exconvictos era emigrar hacia los Estados Unidos. Pero ante la crisis económica y financiera por la que atraviesa el vecino país del norte, se espera que regresen a México al menos 350 mil migrantes, según el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, lo cual agravará el problema de desempleo.

LA JUSTICIA CASTIGA LA POBREZA

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, por cada cinco internos debe haber un custodio. Pero en México, sólo hay uno por cada 15 ó hasta 70 delincuentes y todos mal pagados.

La sobrepoblación carcelaria y la carencia de vigilancia, ocasionaron que entre 2003 y 2007 se registraran 76 motines en las cárceles de todo el país. Falta contabilizar los reportados únicamente durante la semana pasada en Zacatecas, Chihuahua, Tijuana y Guadalajara.

Pero la calma en el resto de los cereso's no significa que estén bien manejados por las autoridades, sino que los internos los controlan y se amotinan si alguien pretende quitarles poder.

Reiteradamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CND) ha denunciado que tanto en los penales estatales como municipales y federales prevalece el "autogobierno", la corrupción, los privilegios, los cobros indebidos, la nula capacitación para el trabajo y los malos programas educativos, no cumpliendo con su misión de una readaptación integral.

Para el organismo, que encabeza José Luis Soberanes, el hacinamientos en las cárceles es consecuencia "del pésimo sistema de justicia, lento y tortuoso, que castiga la pobreza, porque muchos de los reclusos, que en muchos casos robaron por necesidad, simple y sencillamente no pueden pagar una defensa eficiente o no tienen dinero para cubrir la fianza. Además, 30 por ciento de la población carcelaria continúa en proceso, hay casos en que tarda hasta año y medio..."

Si los gobernantes desean modificar, reestructurar o modificar el actual sistema de justicia, se requieren millones de pesos, lo cual parece un asunto complicado, considerando las modificaciones hechas al Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el próximo año.

El Presidente Calderón pretendía un incremento del 45 por ciento al gasto en seguridad pública, que incluía más recursos para los reclusorios, los ministerios públicos, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las distintas corporaciones policíacas. Pero, de momento deberá replantearse todo el presupuesto.

Muy optimistas, los encargados de programar los gastos del gobierno, estimaron el barril de petróleo para el 2009 en poco más de 80 dólares. La crisis financiera mundial que generó la baja en el precio de los hidrocarburos, obligó a la Secretaría de Hacienda a reducir 10 dólares al estimado de la mezcla mexicana, a 70.

Es probable que de nueva cuenta se ajuste el presupuesto y el gasto para seguridad pública se reduzca, porque el petróleo mexicano el jueves pasado se vendió en 58 dólares, es decir, 12 dólares menos de los previsto por los legisladores.

Algunos analistas, comentaristas o periodistas sugieren la construcción de nuevas prisiones para acabar con la sobrepoblación, los amotinamientos y las fugas. Pero, de acuerdo con lo declarado por Soberanes, nuevas cárceles no solucionarían el problema.

Para lograr una correcta readaptación de los delincuentes, se requiere, antes que nada, leyes expeditas e imparciales, que garanticen un proceso rápido que impida que los inocentes permanezcan con recluidos y se relacionen con delincuentes de alta peligrosidad.

Si se quiere acabar con el crimen organizado, es necesario que el gobierno de la República evalúe los resultados en todas las áreas de impartición justicia y readaptación. Desde el policía de crucero hasta los Ministerios Públicos o los directores de reclusorios.

De nada valdrá el Ejército en las calles, nuevas policías, mejores salarios, sino se erradica el problema desde sus orígenes, que, por fortuna, ya se tienen bien ubicados. Sólo falta que los gobernantes y legisladores abran los ojos y ubiquen la realidad.

La injusticia, la iniquidad, la corrupción, la impunidad, la miseria y el hambre son un peligroso caldo de cultivo para generar la violencia.

Según la Sedesol, el 13.8 por ciento del pueblo padece hambre, mientras que la Confederación Nacional Campesina afirmó que el consumo de vegetales, frutas, verduras, cereales y carnes ha disminuido en un 30 por ciento.

El 60 por ciento de los mexicanos padece algún grado de pobreza. Nadie puede echar las campanas al vuelo, ante cifras que revelan la crítica situación que vive el pueblo.