* Los institutos electorales están sumidos en el descrédito

* Quieren que el Cisen participe en los comicios de 2009

* Controvertidas multas del IFE contra partidos políticos

* Malversación de fondos, partidismo e irregularidades

Con nuevas reglas, ayer inició legalmente el proceso electoral 2008-2009, que comprende la renovación de los 500 diputados federales, además de 11 Congresos locales y sus ayuntamientos (delegaciones en el caso del Distrito Federal), y seis gubernaturas (Nuevo León, Sonora, Querétaro, Colima, San Luis Potosí y Campeche). Todo el mismo 5 de julio del próximo año.

La contienda por ocupar cargos de elección popular arrancó en medio del descrédito del máximo órgano electoral, el IFE, y de los dos locales con el mayor número de empadronados: los del Distrito Federal (IEDF) y el del Estado de México (IEEM). En los tres casos, los integrantes del consejo enfrentan graves acusaciones de pertenecer a partidos políticos y haber favorecido intereses personales antes que a los de la nación, además de mal manejo de los recursos públicos.

También debe agregársele otro factor que será determinante para el desarrollo de los procesos electorales: la violencia, como lo demostró el asesinato del candidato a diputado local por el PRD en Guerrero, Homero Lorenzo Ríos, ocurrido la semana pasada.

Leonardo Valdés Zurita, presidente consejero del IFE, advirtió que "el contexto de inseguridad en el que estamos viviendo no es nada favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico, ni de alta participación ciudadana..."

Con la intención de eliminar cualquier posibilidad de que los narcotraficantes o la delincuencia organizada continúe participando en las campañas políticas, el partido Social Demócrata propuso ante el consejo del IFE solicitar ayuda al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

La participación del máximo centro de espionaje en el proceso electoral fue aceptada por el PRD, PRI y el Verde Ecologista. El PAN, Convergencia y Nueva Alianza reservaron su opinión, pero aceptaron analizar la propuesta, cuya discusión fue pospuesta por segunda ocasión el miércoles pasado a petición de Valdés Zurita.

Resulta contradictorio que, primero, los legisladores se hayan ofendido y después exigieron la desaparición del Cisen, luego de que su director Guillermo Valdés habló de la posible participación del narcotráfico en las campañas electorales, los partidos políticos e incluso de vínculos de legisladores y gobernantes con los cárteles de la droga, y ahora aprueben su colaboración con el IFE.

Diversos analistas consideran que con la intromisión del Cisen, las funciones del órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación serán desviadas a asuntos que le son ajenos y descuidarán sus prioridades.

TRANSPARENCIA SIN INTERVENCIÓN DEL CISEN

Ante la creciente ola de violencia y la comprobada infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en los diferentes ámbitos de seguridad y procuración de justicia, es posible que los delincuentes también aporten recursos económicos a los candidatos, por lo cual se requiere de una minuciosa supervisión de los fondos que manejan los partidos políticos durante las campañas electorales.

Para conseguir cuentas claras no se requiere del Cisen, sería suficiente transparentar las aportaciones que personas físicas, agrupaciones civiles, empresarios, organizaciones no gubernamentales y clericales hacen tanto a los candidatos como a los partidos. Además, los aspirantes a ocupar un cargo público deberían presentar su declaración patrimonial validada por el registro público territorial o alguna otra institución relacionada.

Las buenas intenciones se reflejan en las acciones. Pero la mayoría de los políticos en México hablan de honestidad y expresan su supuesta preocupación por la inseguridad, pero ocultan sus propiedades y se muestran temerosos frente a los criminales.

Ningún partido político ha propuesto transparentar el destino del presupuesto que anualmente les destina el IFE.

Tras la aprobación a las reformas constitucionales y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los senadores aseguraron que la democracia mexicana dejaría de ser la segunda más cara del mundo, sólo superada por la iraquí. Pero el IFE solicitó a los diputados para el próximo año, un incremento en su presupuesto superior al 11 por ciento.

El argumento de los consejeros electorales para pedir más dinero es que debe comprarse equipo de monitoreo para cumplir con la disposición del Cofipe de supervisar que ningún funcionario público aparezca en algún medio de comunicación promoviendo su imagen, ni que los empresarios u organizaciones gremiales, sindicales o civiles compren espacios televisivos en apoyo a ningún candidato y para supervisar que los tiempos en los medios electrónicos sean equitativos para los partidos políticos.

REFORMA ELECTORAL EN SUSPENSO

El martes pasado, la Suprema Corte de Justicia admitió la discusión de uno de los 40 amparos promovidos por intelectuales y organismos gremiales en contra de la reforma electoral, específicamente sobre la prohibición a la iniciativa privada de contratar espacios publicitarios o de propaganda en medios electrónicos para apoyar a candidatos en campaña.

Entrevistado por Alto Poder, el abogado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Adolfo Arrioja, aseguró que: "se abrió la posibilidad de que los empresarios compren tiempos en radio y televisión para apoyar al candidato de su preferencia, como ocurrió hasta el 2006..."

Arrioja señaló que "por primera vez se admitió que las reformas a la Constitución pueden apelarse mediante un juicio de amparo..." y subrayó que el interés principal de la clase empresarial y los intelectuales es la defensa a la libertad de expresión y el derecho a la información, consagrados en la Constitución.

Convertidos en defensores de los derechos ciudadanos, el CCE argumentó que el alegato presentado en la Suprema Corte "sentó el precedente histórico que permitirá el acceso a la justicia federal a cualquier ciudadano que considere que se han violado sus derechos..."

La decisión, establecida en el Cofipe, de que sólo el IFE pueda destinar tiempo en los medios electrónicos a los candidatos y partidos políticos es controvertida, porque todos los mexicanos tienen el derecho de manifestarse a favor del candidato o partido que mejor les parezca. Pero también resulta un riesgo, porque los millonarios podrán pagar por los horarios estelares, lo que es una desventaja para las mayorías improvisadas.

De igual manera, debe entenderse que la prohibición de cualquier compra de espacios televisivos y radiofónicos es una consecuencia de los abusos cometidos en las campañas del 2000 y 2006 por organizaciones "fantasma" inventadas por la iniciativa privada más radical.

Contrario a lo que ocurre en cualquier país de Primer Mundo, la Suprema Corte determinó el jueves que el contenido de la reforma constitucional en materia electoral, y el de cualquier otra reforma a la Carta Magna, no podrá ser impugnado ante el Poder Judicial Federal, por lo que desechó cuatro de los amparos promovidos por particulares y asociaciones civiles.

Con dicho fallo permanecerá la prohibición a particulares de contratar espacios en medios electrónicos e impresos.

CIUDADANOS ORGANIZARON EL MEGAPLANTÓN

Todo indica que desde el interior del IFE existe una "cacería de brujas". El presidente y los consejeros del órgano electoral decidieron sancionar a los partidos por asuntos que le son ajenos y multarlos por algunos abusos cometidos durante y, lo más sorprendente, posterior al proceso de 2006.

Contraviniendo la libertad de manifestación consagrada en la Carta Magna, el Consejo General Electoral decidió imponer una multa de 57 millones de pesos, a pagar en 12 meses, al PRD, por el bloqueo a las avenidas Juárez y Reforma en protesta por los resultados del proceso de 2006.

De igual manera, castigó a los perredistas por haber tomado la tribuna de la Cámara de Diputados para impedir que, en septiembre de 2006, Vicente Fox diera su último Informe de Gobierno; por intentar ocuparla para que el presidente Felipe Calderón no rindiera protesta el 1 de diciembre del mismo año, y por invadir, en abril pasado, los recintos de San Lázaro y Xicoténcatl para que la reforma energética no fuera discutida en el pleno.

Las sanciones nada tienen que ver con las atribuciones del IFE. Entrevistado por Alto Poder, Carlos Navarrete, senador del Sol Azteca, afirmó que: "las sanciones impuestas por los consejeros electorales corresponden a una revancha política. No son porque así lo ordena la ley..."

Para Navarrete Ruiz, coordinador del PRD en el Senado, la millonaria multa del Instituto Federal Electoral a su partido "es la peor manera de cerrar el capítulo de la elección presidencial del 2006..." y señaló que cada uno de los recintos parlamentarios cuenta con su Ley Orgánica propia, las cuales sancionan a quienes cometan cualquier abuso en su interior.

Referente al plantón encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional perredista José Guadalupe Acosta Naranjo afirmó a esta columna, que "fue convocado, organizado y realizado por un grupo de ciudadanos, algunos militantes del PRD. Pero los electores que se sintieron agraviados lo llevaron al cabo, por lo que la multa en contra del partido también es improcedente..."

Un asunto que olvidaron los consejeros del IFE fue que tanto el bloqueo como las tomas de tribunas fueron encabezadas por los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), conformado por el PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo. Pero la sanción sólo fue para el Sol Azteca.

¿Se trató o no de una venganza política?

EL IFE CONVERTIDO EN JUEZ Y PARTE

La inconformidad por las multas del IFE no sólo fue expresada por los perredistas. También los panistas se quejaron por la infracción de 38 millones de pesos por haber violado la "tregua navideña" del 2005, que obligaba a los candidatos a no realizar actos de campaña.

Los consejeros electorales olvidaron que en México la ley no es retroactiva.

En diciembre de 2005 aún estaba vigente el anterior Cofipe y ni siquiera contemplaba las precampañas. El IFE validó las candidaturas dos meses después y las reformas al Código Electoral fueron en noviembre del año pasado.

Héctor Larios, líder de los panistas en la Cámara de Diputados, anunció que su partido impugnará los resultados ante el Tribunal Electoral por considerarlos improcedentes.

La mala interpretación que hacen los consejeros electorales de las leyes ocasiona la polarización del país y la judicialización de cada una de las decisiones del Consejo General del IFE. Los magistrados, tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte, están para resolver dudas, pero se han convertido en un grupo para validar triunfos.

Para el panista Héctor Larios, resulta un peligro para la nación ver al IFE convertido en Ministerio Público y juez para sancionar acciones partidistas que nada tienen que ver con las tareas que le competen.

Continuando con la designación de multas improcedentes, los consejeros también sancionaron al PRI por la suma de un millón 700 mil pesos, por la misma causa que a los panistas.

Emilio Gamboa, líder del tricolor en San Lázaro, fue más allá y advirtió "jaloneo" entre el IFE y los partidos políticos sancionados, y aseguró que no dejarán pasar por alto que los consejeros electorales hayan tomado atribuciones que no les corresponden.

No sólo en el IFE hay problemas, lo mismo ocurre en algunos estados y en la Ciudad de México.

ESCÁNDALOS EN LOS ÓRGANOS ELECTORALES

En el más vergonzoso de los escándalos, Luis Carlos Ugalde, expresidente consejero del IFE, fue destituido de su cargo por su sospechoso desempeño en el proceso electoral del 2006. Lo mismo ocurrió con seis consejeros del mismo organismo y están a la espera los tres restantes.

El 9 de septiembre pasado fue depuesto Isidro Cisneros como presidente del IEDF por asesorar y asistir, con recursos técnicos y humanos (como lo permite la ley), la consulta ciudadana sobre la reforma energética, promovida por el jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard.

El martes pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la restitución de Cisneros. El mismo día, el contralor del órgano electoral capitalino, Miguel Ángel Mesa Carrillo, denunció irregularidades en sus finanzas por más de 45 millones de pesos. Todo con el fin de desacreditar el regreso de Isidro Cisneros.

Al tiempo que echaban a Isidro Cisneros del IEDF, en septiembre pasado, y a 10 meses de realizarse los comicios en el Estado de México para renovar 125 alcaldías y el Congreso local, José Núñez renunció como presidente del IEEM, luego de que el Congreso local aprobara modificaciones al Código Electoral estatal.

Las reformas acordadas por los diputados mexiquenses desaparecieron la Secretaría y la Dirección General y crearon la figura de secretario general ejecutivo del Instituto Electoral, cuyas facultades estarán por encima del Consejo General, y su titular sólo podrá ser removido por la Legislatura local. Esto significa una pérdida de autonomía y abrió la posibilidad de que las "cuotas partidistas" imperen sobre los ordenamientos legales.

Como sustituto de Núñez Castañeda, los consejeros designaron a Jesús Castillo Sandoval, propuesto por el PRD, pero sólo como encargado de despacho. El 23 de septiembre fue nombrado presidente del instituto mexiquense Norberto Hernández Bautista, un militante en activo del PAN, aunque constitucionalmente está prohibido.

Juan Carlos Núñez, líder del blanquiazul en el Estado de México preguntó: "¿Por qué extraña que un militante del PAN ocupe la presidencia del IEEM y no se dijo nada cuando lo hizo el PRI?". La respuesta es obvia: porque aquella fue una dictadura contra la que lucharon los militantes de su partido.

Si los procesos electorales anteriores polarizaron al país, por los vacíos legales y las malas interpretaciones, el proceso del 2009 podría ser aún peor.

El alto nivel de aprobación ciudadano que había conseguido el IFE y los institutos electorales estatales se perdió por las malas decisiones de sus consejeros, la verdad es que en México no queda ninguna institución en la que el pueblo confíe.

NOTICIAS EN CORTO

Muy interesante y novedoso el libro publicado recientemente por editorial Planeta y escrito por el periodista y diplomático Eduardo Cruz Vázquez, bajo el título de "1968-2000 Los silencios de la democracia". Se trata de una obra en la que no contactó con los habituales santones del problema estudiantil de 1968, sino con periodistas que de una u otra forma tuvimos que ver con esos acontecimientos. Aparecen entrevistas con Jacobo Zabludovsky, Ciro Gómez Leyva, Eduardo del Río "Rius", Guillermo Ortega Ruiz, Javier Solórzano, Sara Lovera, Nidia Marín, Rafael Barajas "El Fisgón", Carlos Marín, Raúl Trejo Delarbre, Rafael Cardona y conmigo. Quiero aclarar dos inexactitudes que hay en mi entrevista y no figuraron en nuestra charla. En una, pone en mi boca palabras que no dije, como llamar "sabandija" a Pedro Ferriz de Con. Malamente podría yo hacerlo, cuando nuestras familias son amigas desde hace muchos años y siempre he tenido una amistad especial con Pedro Ferriz Santa Cruz. Yo tampoco llamé rufián a Francisco González (no Nacho González como aparece en el libro), porque desde que nos presentó Rafael Reséndiz nunca tuvimos ningún roce ni motivo de animadversión. Salvo esos dos casos que sí quiero dejar en claro, el libro de Eduardo Cruz Vázquez vale la pena leerse, porque está lleno de declaraciones importantes de verdaderos profesionales de la comunicación.

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Entre los integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, surgieron divisiones ante la negativa del procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, a comparecer en el recinto de San Lázaro sobre el destino de más de mil 806 millones de pesos que solicita la PGR para la Agencia Federal de Investigación, cuando esta última está próxima a desaparecer. Los diputados de la comisión aprobaron, con el rechazo de los legisladores de Convergencia, acudir el próximo martes a la SSPF y el miércoles, si así lo decide su titular, a la PGR. Es obligación de los funcionarios públicos acudir cuando son citados por los congresistas. En qué mal momento se enfrentan las policías. *** A pesar de la crisis por la que atraviesa la aviación mundial, la industria aérea mexicana presenta uno de los mejores índices de seguridad, como resultado del esfuerzo de todos los trabajadores que participan en este sector, afirmó el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Gilberto López Meyer. Al participar con la representación del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, en el "Foro Nacional sobre la Situación Laboral, la Infraestructura y el Mercado Aeronáutico", realizado en la Cámara de Diputados, enfatizó que de acuerdo con mediciones precisas de los incidentes en la aviación del país, "afortunadamente seguimos viviendo la etapa más segura de la aviación mexicana de todos los tiempos". Como ejemplo de lo anterior, precisó que las líneas aéreas nacionales han transportado en los últimos 20 años más de 200 millones de pasajeros, de los casi 400 millones de personas que se han movilizado a través de los aeropuertos nacionales. "Esto significa que de los casi 400 millones de pasajeros, poco más de la mitad han sido transportados por aerolíneas mexicanas", mencionó.

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La Secretaría de la Reforma Agraria lamentó la decisión del señor Ramiro Guillén de causarse heridas que le provocaron la muerte, en protesta por la supuesta desatención de sus demandas por autoridades gubernamentales. Guillén Tapia era representante de 42 posesionarios que decían ocupar un predio de aproximadamente 250 hectáreas en el ejido Ocozotepec, municipio de San Pedro Soteapan, Veracruz, quienes desde el 2004 iniciaron un juicio ante los tribunales agrarios contra el ejido Ocozotepec para lograr su reconocimiento y cuya sentencia adversa les fue notificada el día 1 de julio de 2008. Ante el riesgo de que la ejecución de la sentencia ratificada por el Tribunal Superior Agrario provocara un conflicto social por el desalojo de las familias asentadas en el predio, la SRA decidió intervenir para incorporar este asunto a su programa de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) y se reunió el 7 de julio, es decir 6 días después de haberse emitido la sentencia, con el señor Ramiro Guillén Tapia, en su calidad de representante del grupo de posesionarios, así como con funcionarios del Gobierno del estado, con el cual la Secretaría tiene firmado un convenio para el pago en partes iguales de las compensaciones que se deriven por la solución de conflictos agrarios. *** Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

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