* La benemérita institución dejó de servir a los mexicanos

* Los empresarios esperan el remate del terreno en Polanco

* El "negocito" podría ascender a 300 millones de pesos

Con coraje pero resignadamente, el pueblo de México ha resistido un sinnúmero de despojos. Durante décadas, los gobiernos neoliberales de la república fueron rematando los bienes de la nación. Ofrecieron aire, mar y tierra al mejor postor.

A la llegada de Vicente Fox a Los Pinos, el agravio fue mayor. Hizo todo lo posible por adueñarse de cuanto pudo, sin importar que sus ambiciones afectaran directamente a los más necesitados. Pero existen dos bienes que los mexicanos no están dispuestos a permitir que les sean arrebatados: el petróleo y la Cruz Roja.

Desde su fundación en México, el 21 de febrero de 1910, la Cruz Roja se ganó el respeto popular por su ayuda desinteresada. Hasta que un grupo de malintencionados modificó los principios que la habían convertido en una benemérita institución que ayudaba a todos sin distingo de raza, credo o posición social, preceptos impuestos por su fundador Henry Dunant.

En el mundo, la otrora heroica institución mexicana recibía millonarias donaciones, incluidas las que generaba su colecta anual, que se completaban con rifas y sorteos, además de la ayuda de personas altruistas.

En décadas pasadas, la Cruz Roja prestaba auxilio a todo aquel que lo necesitaba, las puertas de sus hospitales estuvieron abiertas a quienes lo requerían. Tras los sismos de 1985, se construyeron centros de asistencia en cada una de las 16 delegaciones del Distrito Federal, pero con el paso de los años fueron cerradas y, las de mejor ubicación, rematadas, obviamente a favor de sus rematadores.

Desde 2003, los donativos disminuyeron en más del 200 por ciento, porque el pueblo ya no veía a la Cruz Roja como benefactora. Se dejaron de atender las urgencias y, actualmente, se ocupa de asistir únicamente en caso de desastres como sismos, inundaciones, incendios, etcétera.

Como lo han venido denunciando los diarios de la Organización Editorial Mexicana, la Cruz Roja enfrenta graves problemas de financiamiento, de transparencia en el manejo de los recursos, entre el personal y los voluntarios, la distribución de medicamentos, mantenimiento de las instalaciones y ambulancias.

Como ocurre en Pemex, paulatinamente a la Cruz Roja la han desmantelado sus malas administraciones. Las modificaciones a los principios de asistencia pública, la descapitalización y el abandono de la infraestructura tienen una explicación: a los "empresarios" les interesa el terreno ubicado en la Avenida Ejército Nacional, de la delegación Miguel Hidalgo, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, de la república mexicana y de toda América.

En la década de los sesenta, cuando Ángel Losada Gómez era presidente de la Sociedad Española de Beneficencia, separó una enorme parte del predio del Hospital Español, ubicado en la misma zona, que él mismo compró a precios irrisorios para instalar una tienda de autoservicio Gigante, que era de su propiedad.

Lo mismo pretenden hacer con el terreno de la Cruz Roja Mexicana.

Según estimaciones proporcionadas a esta columna por la Asociación Mexicana de Propietarios Inmobiliarios en el Distrito Federal, el metro cuadrado para casa-habitación en Ejército Nacional es de 30 mil pesos.

Por así convenir a los directivos de la Cruz Roja, y a los interesados, ocultan la extensión real del predio del Hospital Central. Ingenieros expertos estiman un aproximado entre cinco y diez mil metros cuadrados. Lo cual representaría un pago cercano a los 150 a 300 millones de pesos, respectivamente.

Pero el plan de la avaricia es pagarlo a menos de un tercio de su valor real, es decir 50 o 100 millones de pesos.

Diversos factores elevan el precio del terreno como son: uso de suelo, posibilidad de construir un edificio o las calles en las que se ubica. Quien conoce el edificio del Hospital Central de la Cruz Roja advierte que cuenta con las características necesarias para que su cotización sea tan elevada como las ambiciones de los "empresarios de la salud".

De concretarse esa perversa posibilidad de venta, los desamparados sufrirán la pérdida de una de las instituciones más respetadas, importantes y garantes de la mejor atención en casos de urgencias.

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