* Narcocampañas, desde hace mucho se han financiado; ¿ingenuidad? de Mouriño

A Adriana, por su profesionalismo

Después de las "narcomantas" aparecidas en varias ciudades importantes a lo largo y ancho del país; del asesinato de un conocido conductor de radio en Tabasco que intentó poner una manta contra la inseguridad y la delincuencia organizada, no queda más que preguntarse si el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño -que ayer compareció ante comisiones en el Senado-, peca de ¿ingenuidad? Sobre todo porque él mismo reconoció que mientras no esté garantizado que los cuerpos policiacos están del lado del Estado "y no en la nómina del crimen organizado", es muy difícil garantizar la seguridad en México. O sea, las autoridades están prácticamente maniatadas para combatir este flagelo.

De tal forma, la postura gubernamental actual nos lleva a una importante reflexión en el marco jurídico. En México vivimos una joven democracia en la que ha llegado el momento de establecer una diferencia entre la realidad y la apariencia; o sea, descubrir la certeza o la mentira de lo que se nos ha dicho, y si ello coincide con lo sucedido en todos y cada uno de los supuestos relacionados con el poder del narcotráfico que tanto perturba a los sistemas jurídicos y políticos de México. Por ello, resultan sanos los intentos que tratan de profundizar en el conocimiento de esa "verdad o realidad" oculta, o en el mejor de los casos corrompida o prostituida.

Si los abogados quieren que esta incipiente democracia que vive el país madure, no puede estar viciada desde el principio, ni puede tener zonas prohibidas que constituyan una "espada de Damocles" que a futuro y en el momento menos esperado caiga y reabra las heridas mal suturadas.

En opinión de juristas, en materia de seguridad del Estado e investigación policiaca siempre han existido conflictos y roces en las zonas en las que convergen intereses antagónicos como son los representados por la Procuraduría de Justicia, que trata de indagar la comisión de hechos delictivos y el poder de la narcopolítica, que intenta evitar dicha indagación cuando afecta a zonas sensibles como las que ocupa la mal llamada seguridad del Estado.

En la historia reciente de México es de destacar que el poder del narcotráfico se infiltró en nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia; que dicho poder permeó las instituciones policiacas y ahora con tristeza pretende enquistarse en nuestras instituciones políticas.

No cabe duda que, en principio, a los abogados les compete velar por la seguridad interior y exterior de nuestros sistemas de procuración de justicia y obligar a la autoridad a que se ajuste desde ya, al más estricto cumplimiento de la ley así como obligar el respeto absoluto al principio de legalidad. Es decir, que la autoridad ya no oculte aquellos datos que supongan elementos de prueba fundamentales para descubrir la actividad delictiva relacionada con la narcopolítica.

Asimismo, la gravedad o importancia de encarcelar a aquellos políticos que se coludieron con el narcotráfico debe suponer el cese fulminante de toda reserva o secreto sobre dichas investigaciones.

A este respecto no puede olvidarse que la seguridad del Estado, presupone el cumplimiento del principio de legalidad, en todas sus vertientes y debe basar su funcionamiento en la licitud de las investigaciones que efectúa y, por ende, en ningún caso puede o debe de amparar o encubrir actividades delictivas. Por desgracia en el pasado se dio pie a dichas actitudes cayendo en perversiones jurídicas propias de desviadas interpretaciones maquiavélicas de que los medios quedarían justificados por los fines que se pretendían; esto es, que la narcopolítica era una actividad "necesaria" para proteger la seguridad del Estado, por lo que se tornaría encubridora de delitos cuando se ponía en riesgo la seguridad nacional.

En la historia reciente del país, se recuerda el enfrentamiento que se produjo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR a propósito de un decomiso de 370 kilogramos de cocaína base, hechos que acontecieron en Veracruz. Entonces, como ahora, había impunidad, pero además, una postura proclive y favorable a proteger el fenómeno de la narcopolítica y por ende, a su no investigación.

En la actualidad es obligatoria una indagación, ya que existen indicios de que la seguridad del Estado se pretende utilizar como escudo o cobertura para los narcopolíticos que tuvieron responsabilidad en ese ámbito. Es por ello que el Foro Independiente de la República ahora exige el castigo ejemplar para aquellos políticos que se involucraron en actividades del narcotráfico.

Hay que recordar la promesa del presidente Felipe Calderón para erradicar aquellos fenómenos negativos y dañinos para la democracia. Igualmente ha ponderado la recuperación e instauración de una cultura de ética política, es decir, la actitud deducida de acabar con la narcopolítica y de no encubrirla. De ser esa la actitud, se conseguiría que el servicio de la justicia funcione con eficacia.

LA SECCION DE ADRIANA

*** Hoy a las 11:30 horas, el presidente Calderón recibirá a un grupo de senadores priístas encabezados por su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, quienes le preguntarán cuál es el sentir del jefe del Ejecutivo con respecto a la inseguridad que vive México. Por lo pronto, Beltrones lleva cuestionamientos muy específicos para Calderón.

*** Este día también se llevará a cabo la 35 edición de la Conago en Sonora. Se sabe que estarán ausentes por diferentes compromisos los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera; Tamaulipas, Eugenio Hernández; Chihuahua, José Reyes Baeza; San Luis Potosí, Marcelo de los Santos -que rendirá el fin de semana su Informe de Gobierno-, y el de Guanajuato, Juan Manuel Oliva. Tampoco irá el presidente; en su lugar mandará al secretario Mouriño.

aurora_berdejo@yahoo.com.mx