*Primero fue bien vista la expropiación de predios en el DF

*Ahora podría representar un peligro para los arrendatarios

*Los honrados deberán cargar con el peso de las pruebas

Hace mucho se decía que un mexicano siempre tenía metida la mano en la bolsa de la persona de a lado. Así se hacía una interminable cadena irrompible. Esto, desde luego, incluía a los gobernantes que para hacer sus sinvergüenzadas, fraudes y hurtos por lo menos tenían cierta discreción.

Hoy el cinismo ha hecho presa de la política.

El 14 de febrero de 2007, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la expropiación del predio ubicado en la calle Jesús Carranza 33 en el barrio de Tepito. Siguieron otros terrenos en Iztapalapa y Santa María la Rivera, los días 20 de marzo y 7 de junio, respectivamente.

La medida fue aprobada por la ciudadanía porque esos lugares eran refugios de maleantes, asaltantes, narcotraficantes, violadores, contrabandistas, vendedores de autopartes ilegítimas y toda esa lacra que tiene azolada a la ciudadanía.

El entonces secretario de Seguridad Pública capitalina, Joel Ortega, aseguró que las acciones expropiatorias emprendidas respondían a la "necesidad de cambiar la lógica que se sigue actualmente en la persecución del delito y que se centra sólo en la detención de las personas, lo que ha demostrado su ineficacia para acabar con delitos como el narcomenudeo, secuestro o fraude"...

Hasta ese momento, la razón estaba a favor de Ebrard y Ortega, porque para debilitar al crimen organizado es necesario quitarle lo que les da poder: el dinero y los bienes materiales.

Los jurisconsultos expresaron su preocupación ante las medidas emprendidas por la administración capitalina, principalmente porque había poco dinero para liquidar a todos aquellos que presentaron documentos que los acreditaban como legítimos dueños de un departamento de la vecindad de Tepito y de un terreno en Iztapalapa.

La aprobación ciudadana a las medidas tomadas por el Jefe de Gobierno cambió cuando envió a la Asamblea Legislativa para su análisis la propuesta de Ley de Extinción de Dominio, con el fin de que la administración capitalina pudiera adueñarse de terrenos, casas, departamentos, bodegas, etcétera, donde se cometiera cualquier ilícito y negar la posibilidad de indemnizar a quienes presentaran títulos de propiedad.

Los primeros en inconformarse fueron los propietarios de predios rentados, porque con la propuesta de Marcelo Ebrard, si dentro del inmueble se comete cualquier delito, el Gobierno de la Ciudad podrá negarse a indemnizar la propiedad a su legítimo dueño, además que deberá probar que actuó de buena fe o, de no hacerlo, podría ser indiciado como sospechoso.

Es decir, las personas honradas deberán cargar con el peso de la prueba. Eso es un acto violatorio de las Garantías Individuales consagradas en la Constitución.

De aprobarse la Ley de Extinción de Dominio podría resultar regresiva y riesgosa porque en México no existe un registro de arrendadores donde se sepa de cierto que se trata de propiedades legítimamente adquiridas y en manos, o administradas, por personas de solvencia moral.

Por la simple sospecha de los gobernantes que en un domicilio se comete un delito, sea piratería, venta de estupefacientes, trata de blancas o lo que sea, podría hacerse del inmueble sin que el dueño pueda sea indemnizado o tendrá que enfrentar un largo juicio para comprobar su inocencia.

Tampoco, esa ley fantasiosa e ilegal, garantiza la posibilidad de que el arrendador realice visitas de inspección periódicas a sus inquilinos, debido a que nadie aceptaría tales reglas porque significarían un agravio y una invasión a la privacidad.

Los artículos 14 y 27 constitucionales, que están sobre cualquier otra disposición legal local, garantizan que ningún mexicano sea privado de sus propiedades y que, en caso de ser así, sea indemnizado conforme a la ley.

Es urgente erradicar el delito, acabar con el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes, pero sin dañar a la gente inocente ni a las personas honradas.

Con sacrificios, un mexicano de la clase trabajadora ahorra dinero para adquirir una casa, la cual renta para tener un ingreso extra. Hay algunos, con mayores posibilidades, que cuentan con dos o tres predios y esa es su principal fuente de ingresos. A todos ellos se les podría causar un daño muy grave.

El llamado "negocio de viudas", la renta de inmuebles, podría desaparecer en perjuicio de buenos ciudadanos.

Aún es tiempo de que Marcelo Ebrard analice detalladamente la propuesta de Ley de Extinción de Dominio, la retire de la Asamblea y busque otra vía para desposeer a los criminales, sin dañar a personas honradas.

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