Gabriel Xantomila / El Sol de México

Ciudad de México.- El PAN, PRD y PRI están dispuestos a destruir y decomisar la estructura financiera del crimen organizado y del narcotráfico con la aprobación de una ley federal de extinción de dominio. El objetivo no sólo es meter a la cárcel a los delincuentes, sino también a quienes los protegen, encubren y disfrutan de los ilícitos, lo que incluye a terceras personas.

El diputado federal panista Cristián Castaño dijo que cuando un delincuente es metido a la cárcel, sigue haciendo uso de sus recursos depositados en bancos nacionales y extranjeros; sus casas y joyas, para seguir delinquiendo o pagar excelentes abogados, lo que representa una "burla".

Destacó que la ley de extinción de dominio tiene como propósito principal "cerrar todas las puertas para que los delincuentes no puedan salir de la cárcel si están coludidos con bandas delincuenciales''.

Andrés Lozano Lozano, diputado federal del PRD, que presentó una iniciativa de ley federal de extinción de dominio, dijo que la obligación como legisladores es dotar al Estado de mecanismos jurídicos que le permitan atender las diversas aristas del problema.

Dijo que con esta ley se dictará la pérdida del derecho patrimonial sobre bienes de personas físicas o morales a favor del Estado, sin contraprestación alguna para su titular, cuando éste haya sido sentenciado por la comisión de algún delito precisado en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de autos o trata de personas.

Cuando grupos delictivos llevan a cabo impunemente secuestros, robo de vehículos, actividades relacionadas con el narcotráfico, tráfico de personas, etcétera, afectan directamente a la juventud y a la niñez mexicana, pues ello conduce a la pérdida de valores y al resquebrajamiento de la sociedad, y, dado el grado de violencia con que se cometen, aterrorizan a la sociedad.

Las acciones de Gobierno deben enfocarse a eliminar las verdaderas causas que facilitan la comisión de estos ilícitos.

"No basta con encarcelar a quienes distribuyen, cultivan o venden drogas, o trafican con armas o personas, se requiere, además, de acciones que, fundadas en la ley, permitan destruir con toda certeza las estructuras financieras del crimen organizado y someter a la aplicación de la ley a quienes dan forma y vida a este tipo de delitos y a quienes los protegen, encubren o disfrutan de las ganancias obtenidas ilícitamente, y no sólo a sus operadores menores que en todo momento pueden ser sustituidos''.

Dijo que es necesario que las acciones de Gobierno se den en forma coordinada y precisa, y, para ello, se requiere de normas que se ajusten realmente a las necesidades de la situación actual que sufre la sociedad, y, en el caso de la delincuencia organizada, se requiere precisamente de normas que faculten a las autoridades para desvincular y destruir la estructura financiera del crimen organizado.

Detalló que la ley permitirá declarar extinta la propiedad de bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

También procederá respecto de los bienes que, aunque no sean instrumento, objeto o producto del delito, hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.

"Atacar directamente las fuentes de financiamiento de las organizaciones delincuenciales fracturará su poderío, impedirá la comisión de nuevos ilícitos y conducirá paulatinamente a la población a la tranquilidad''.

Por ello, dijo el perredista, también se prevé, dentro de la iniciativa, que se afecten los bienes que estén intitulados a nombre de terceros, pero se requiere que existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

Asimismo, el juez civil del conocimiento podrá decretar medidas cautelares cuando se trate de bienes propiedad de personas respecto de las cuales existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. Dentro de ellas se encuentran la suspensión del poder de enajenación, el embargo de los bienes, del dinero en depósito en el sistema financiero, de los títulos de valor y de sus rendimientos.

Dijo que la iniciativa establece que cualquier persona física o moral podrá hacer la denuncia correspondiente sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio, pudiendo el juez que conozca del procedimiento requerir de las autoridades federales o locales cualquier colaboración, a efecto de lograr la sustanciación del juicio y el respeto a las garantías de audiencia y debido proceso, tanto de terceros como del probable responsable. Pero, en caso de que la sentencia sea condenatoria, quedarán extintos los derechos reales, principales y accesorios sobre los bienes objeto del proceso de extinción.

Pero cuando no resulte posible situar o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, el juez del conocimiento, al momento de dictar sentencia, podrá declarar extinguido el dominio sobre bienes o valores equivalentes propiedad del mismo titular sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, por lo que toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de bienes.

NEGOCIOS GLOBALES

Asimismo, el panista Cristián Castaño afirmó que la industria del crimen no es un fenómeno exclusivo de un país; tiene negocios a nivel global y por eso la mafia italiana y la mafia rusa, incluso movimientos guerrilleros o narcoguerrilleros como las FARC.

El priísta Gerardo Vargas Landeros, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, declaró que además de una ley de extinción de dominio, hace falta crear el centro de estudios sobre Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para profesional el trabajo legislativo en la materia.

Resaltó que difícilmente los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) pueden, por separado y dentro de sus jurisdicciones, combatir los cárteles de la droga, el narcomenudeo, la explotación sexual infantil y el contrabando.

El panista Eduardo de la Torre Jaramillo señaló que de acuerdo con estimaciones del Poder Legislativo, las policías federales, estatales y municipales están corrompidas hasta en un 80 por ciento, lo que dificulta enormemente el combate al crimen.

"Tenemos 21 mil policías federales, 203 mil estatales y 153 mil municipales, en las que hemos visto que están corrompidos hasta en 80 por ciento".

El integrante de la Comisión de Defensa Nacional dijo que en el pacto nacional para combatir al crimen organizado hay resistencia de gobiernos estatales para cumplir con el Proyecto México, en particular, los 18 de extracción priísta quienes argumentan que viola la soberanía de sus entidades.