* Lo ocurrido en Morelia fue un acto terrorista

* El pueblo supo de cierto lo vulnerable que es

* Se requieren decisiones importantes, no discursos

Existen acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia nacional, y el ataque terrorista perpetrado en Morelia, Michoacán, (tierra del presidente Felipe Calderón), la noche del pasado 15 de septiembre, formará parte de la memoria colectiva o, lo más probable, se convertirá en un suceso aislado jamás aclarado.

Por primera vez se atacó premeditadamente a inocentes, en un plaza de armas de Morelia y en un acto público, frente a los ojos del pueblo, ante la presencia de un mandatario, supuestamente, resguardado por un enorme cuerpo de seguridad policiaco.

El poder de protección que otorga al agresor el anonimato de la masa imposibilitó a las autoridades ubicarlo inmediatamente. Lo mismo pudo ser un grupo armado (como el EPR o el ERPI) que algún cártel del narcotráfico (en este caso el de Michoacán o el de Juárez), paramilitares o cualquier otra organización delictiva o antisocial.

Lo ocurrido en el Zócalo de Morelia debe ser investigado y aclarado por las procuradurías General de la República y la estatal, para devolver un poco de confianza a la ciudadanía que día con día demanda mayor seguridad, policías honestos y militares capaces.

El estado de indefensión en que vive el país, generado por la corrupción unida a la impunidad, se advierte hasta en el último rincón de la geografía nacional.

El mexicano, por muy grande que sea su resignación, ya no está dispuesto a seguir asociado con la indiferencia, como se demostró en las marchas tumultuarias ocurridas en todo el país durante las semanas anteriores.

Ante la falta de solvencia moral de los altos mandos policíacos y militares, de jueces y ministerios públicos, el lunes por la noche el pueblo supo de cierto que en ningún lugar está protegido y que lo único seguro es la posibilidad de ser una más de las víctimas que a diario aumenta en número, pero no en esclarecimiento.

Los funcionarios públicos comenzaron a minimizar lo acontecido en Michoacán. En una entrevista inteligente, con preguntas claras, Carlos Loret de Mola cuestionó al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien nunca se refirió a los hechos como un acto terrorista y prefirió hablar de "acontecimientos aislados".

Es reprobable que secretarios de Estado, gobernadores, legisladores o el Presidente de la República no quieran llamar las cosas por su nombre. Lanzar una granada de fragmentación para matar, herir o amedrentar a un pueblo inocente es un acto de terrorismo.

Cuando se encuentran cuerpos decapitados, mutilados, acribillados o se perpetra un atentado con armas de fuego en contra de civiles, los primeros sospechosos a quienes se investiga (pero se deslindan inmediatamente de toda culpa) son los policías y militares.

Así de impunes son las instituciones garantes de la seguridad y quienes las conforman.

Para los gobernantes y legisladores, llegó el momento de tomar decisiones que, momentáneamente, podrían ocasionar el rechazo popular, pero que puedan resultar positivas, y con el paso de los días ser aprobadas por los mexicanos.

Tras los ataques terroristas aéreos ocurridos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, y a los trenes subterráneos de Madrid, el 11 de marzo de 2004, e Inglaterra, el 7 de julio de 2005, el reforzamiento a las medidas de seguridad causaron el reclamo de los usuarios, pero a final de cuentas rindieron los resultados esperados.

Aunque controvertido por antinacionalista, en 1999 el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana decidió firmar con Bill Clinton el Plan Panamá que autorizaba a Washington a refundar las corporaciones policíacas y capacitar al Ejército en la lucha contra el narcotráfico.

Ahora, los estadunidenses, ingleses, españoles y colombianos viven más tranquilos.

Ante la proximidad de las elecciones federales intermedias del próximo año debe aumentarse la vigilancia en actos proselitistas, incrementar el control de los gastos de campaña e investigar quiénes son los candidatos para que los cárteles de la droga, el crimen organizado y los grupos radicales no pongan en riesgo la seguridad pública ni la democracia nacional.

Es tiempo de dar su justa dimensión a los problemas que afectan a la nación y dejar a un lado los problemas personales o de partido.

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