* Por vez primera no habrá nuevos impuestos

* Calderón cambió el empleo por la seguridad

* Arriesgado estimar precio de petróleo a 80 dls.

Convencer a 106 millones de ciudadanos no es tarea fácil. Menos aún cuando se trata de persuadirlos de aceptar nuevos gravámenes para, supuestamente, combatir la pobreza, la inseguridad o generar nuevos empleos.

Pero este año Agustín Carstens, secretario de Hacienda, unió todas las voces a favor de la Ley de Ingresos para el 2009, porque no contempla la miscelánea fiscal, es decir nuevos impuestos, como ocurría anualmente.

Fue una costumbre que cada año los diputados y senadores aprobaran, la madrugada del 31 de diciembre, gravar regalos, comidas, vales de despensa, prestaciones, hipotecas, joyas o telefonía celular. Se llegó al exceso, en el 2000, de imponer un gravamen a las botas vaqueras y puros nacionales sólo por fastidiar a Vicente Fox y a Diego Fernández de Cevallos, sin advertir que hasta en las rancherías más pobres calzan botas y fuman puro.

Lo que hoy era deducible de impuestos, si a la Secretaría de Hacienda se le ocurría y los legisladores lo aprobaban, al siguiente día dejaba de serlo. Para el 2009 no será así. Con esa decisión se simplificará y aumentará significativamente la captación tributaria.

El presidente Felipe Calderón se encuentra cercado por los medios de comunicación, principalmente por el duopolio televisivo, que lo mantienen vigilado y enviándole mensajes velados sobre el rumbo que debe llevar su Gobierno.

Para satisfacer las necesidades de los "poderosos" el primer mandatario cambió las prioridades de su administración. En un principio la urgencia era la creación de empleos. Ahora se centra en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

Es innegable el incremento de asesinatos, secuestros, corrupción e impunidad que mantienen azuzados a los mexicanos. Pero, aumentar en 39 por ciento el presupuesto para seguridad fue una decisión errática que podría traer más consecuencias negativas que positivas.

En primer lugar, como escribí el martes de la semana pasada en este mismo espacio, según el Segundo Informe de Gobierno del presidente Calderón, hasta junio pasado únicamente se erogó el 10 por ciento del gasto programado para seguridad pública para este año. Del resto de los recursos aún no se sabe su destino.

En segundo lugar, las detenciones, investigaciones y acusaciones demuestran que la participación de agentes judiciales, policías municipales, estatales y federales, así como de militares es mayor cada día. Por lo cual resulta arriesgado destinar mayores recursos a las corporaciones policiacas, porque sería tanto como otorgar una partida especial a los delincuentes.

En tercer lugar, no debe darse más dinero a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia porque es más urgente crear nuevas fuentes de empleo, mejorar los salarios, otorgar más financiamiento a la micro y pequeña empresas, subsidios para el campo y otras prioridades para impedir que los desempleados y malpagados opten por colaborar con las bandas delincuenciales o cárteles de la droga, porque les retribuyen mejores ganancias y, sobre todo, garantizan mayor seguridad.

Constitucionalmente es tarea del Estado, es decir de Los Pinos y todas las Secretarías y los distintos niveles de Gobierno, procurar justicia, seguridad, un mejor nivel de vida y empleo bien remunerado para los mexicanos, no únicamente combatir la delincuencia.

¿Cómo es posible que los gobernantes prometan y garanticen ciudades más seguras si en cada hogar se padece hambre y desempleo o si al acudir ante el Ministerio Público a levantar una denuncia recibe protección y mejor trato el delincuente?

Los secretarios de Seguridad Pública Federal y de la Ciudad de México, Genaro García Luna y Manuel Mondragón, respectivamente, reconocieron que será imposible erradicar los crímenes y frenar a la delincuencia en 100 días, como lo acordaron los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino y el presidente en Palacio Nacional.

Según diversos especialistas es innecesario destinar más dinero a la PGR, la PFP, la AFI, la Sedena o las Procuradurías estatales, mientras no exista un reordenamiento e investigación a fondo de los cuerpos policiacos y militares.

De igual manera, es excesivo y un grave riesgo, promediar el precio del barril de petróleo a 80 dólares para el próximo año, cuando en los últimos días bajó de los 100 dólares y todo indica que la caída continuará durante el 2009.

Expertos en energéticos estiman que cotizar en la Ley de Ingresos 2009 la mezcla mexicana entre 65 y 70 dólares es real, no representa ningún riesgo y, sobre todo, disminuye el margen de excedentes petroleros que suman millones y nadie sabe cómo los gasta el Gobierno de la República.

El año pasado, el Congreso aprobó la reforma hacendaria propuesta por el presidente Calderón y promovida por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Pero de nada sirvió porque las modificaciones únicamente contemplaron los impuestos Especial a Tasa Unica (IETU) y a Depósitos en Efectivo (IDE).

Urge legislar para evitar que anualmente cambien las prioridades en el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, a gusto de los poderes fácticos de la Nación.

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