Mañana lunes, primero de septiembre, habrá de tener su fin una práctica política de nuestro país prevista por la Constitución desde hace casi dos siglos, y surgirá otra nueva. Se trata del informe presidencial. Con la simple eliminación en el texto de la Carta Magna del verbo "asistir", cambiará radicalmente el formato de aquél. Así ha quedado establecido por la reforma al artículo 69 constitucional -que incluyó también adiciones al 93- publicada en el Diario Oficial apenas el pasado 15 de agosto.

En efecto, el antecedente constitucional más remoto de la ceremonia que hasta hoy conocimos como el informe presidencial se encuentra en la Constitución de Cádiz, jurada en marzo de 1812, que rigió en Nueva España durante casi una década, es decir, hasta la consumación de nuestra independencia en septiembre de 1821. Disponía su artículo 121 la "asistencia" del rey a la apertura de las Cortes, ante las cuales "hará un discurso -decía el artículo 123- en el que les propondrá a las Cortes lo que crea conveniente". Alcanzada la independencia, la Constitución federalista de 1824 disponía que "el Congreso general se reunirá todos los años el día primero de enero", a cuya sesión de instalación "asistirá el presidente de la federación -ordenaba el artículo 68-, quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan importante".

Por su parte, la Constitución de 1857 establecía en su artículo 63 lo siguiente: "A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en el que manifieste el estado que guarda el país". Luego la Constitución en vigor, que es la de Querétaro de 1917, dispuso hasta hace quince días, en un texto que prácticamente permaneció intocado durante más de 90 años, pues sólo se le agregaron tres palabras, las que se trascriben entre paréntesis, lo siguiente: "A la apertura de sesiones ordinarias (del primer periodo) del Congreso asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país". Se hace notar que las cuatro constituciones aquí mencionadas, la de Cádiz y las mexicanas de 1824, 1857 y 1917, señalan la "asistencia", es decir, la comparecencia personal del jefe del Estado, ante la representación popular encargada de la función legislativa a la apertura de sesiones de ésta.

Ahora ya no será necesaria en tal apertura la presencia del titular del Ejecutivo, pues el nuevo texto del articulo 69 de la Constitución dice así: "En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso (que es cada primero de septiembre), el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país". Nótese que ahora el texto constitucional omite hacer referencia a la "asistencia" del presidente al Congreso. Al precepto se le ha adicionado un segundo párrafo, que dice así: "Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, que comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad".

En el proceso legislativo de esta reforma constitucional, las comisiones dictaminadoras expusieron que el anterior formato, que ordenaba la presencia personal del Ejecutivo ante el Congreso, era ya obsoleto, "una reminiscencia del antiguo y ya superado presidencialismo mexicano", por lo que se hacia necesario plantear un formato moderno conforme a las nuevas condiciones de la nación, razón por lo que se establecen como nuevas figuras "el análisis del informe, la pregunta parlamentaria y la comparecencia (de los secretarios de Estado) bajo protesta de decir verdad". Además, se dice, la pluralidad que en los últimos años registra el Congreso mexicano hacía "controvertida" la presentación del informe presidencial conforme a la práctica anterior.