Manrique Gandaria / El Sol de México

Ciudad de México.- En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la legalidad, firmado por todos los sectores de la sociedad, se establecieron tiempos y compromisos para dar resultados en el corto mediano y largo plazo, identificado como prioridad la dotación de armas y equipo a los cuerpos de seguridad en un plazo no mayor a tres meses, un mes para el traslado de delincuentes de alta peligrosidad a penales de máxima seguridad y seis meses la SSP para que la PGR y la SSP, elaboren una estrategia nacional contra el secuestro.

Al dar a conocer los 72 acuerdos a los que se comprometieron los tres poderes de la unión, la iglesia, los empresarios, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, Campa Cifrián pidió a todos los actores políticos y sociales, "subordinar sus intereses particulares por la seguridad, ya que es impostergable la actuación coordinada de los Gobiernos".

Destacó que la delincuencia común, está compuesta por entramados de intereses y complicidades que trascienden fronteras.

El plazo más largo que se impusieron, fue la construcción en dos años, de dos centros federales incluyendo uno para los secuestradores.

Reconoció que la sociedad está agraviada por la impunidad, inseguridad y violencia, y llamó a coordinarse en los tres niveles de Gobierno y tener la participación de la ciudadanía, por lo que leyó los artículos que contiene el acuerdo con el fin de asumir los compromisos.

Dijo que se deben depurar los cuerpos policiacos, la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza en un año, así como la creación del centro de control de confianza.

También dijo que se hizo el compromiso de sujetar al control de confianza al personal de instituciones federales, aduanas, de justicia, de centros de readaptación social, Hacienda, Gobernación, así como la evaluación de personal.

De manera particular, dijo que la SSP Federal, se comprometió a perfeccionar el reclutamiento de los elementos de las instituciones policiales en seis meses, la creación de unidades estatales de combate a secuestro, Estrategia Nacional contra el narcomenudeo, en seis meses y el fortalecimiento de la SIEDO con recursos y capacitación.

Otro de los compromisos, fue la formulación de un protocolo de actuación para combatir el lavado de dinero en seis meses, el desarrollo de un sistema de control para los Ministerios Públicos en dos años, un número telefónico único para denuncia, actualización de licencias de portación de armas que expida la Sedena, y la expedición de cédula de identidad a través de la Segob que sirva para los trámites más relevantes, máximo en un plazo de dos años.