Bertha Becerra / El Sol de México

Ciudad de México.- En la primera vez que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acude a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública -al que no pertenece el Poder Judicial-, su presidente, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, consideró plausible el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, ya que más que un pacto, se trata de una importante serie de acciones y compromisos que cada uno de los participantes asume en el ámbito de sus propias atribuciones.

Afirmó: El Poder Judicial de la Federación no ha tenido participación en las propuestas y compromisos de quienes concurren a esta convocatoria y, tampoco se le ha impuesto alguno.

Y enfatizó: Acudo con plena libertad y autonomía a este respetuoso encuentro, para hacernos cargo de la atención que la sociedad demanda de todos y cada uno de quienes ejercemos funciones de autoridad.

"Concurrimos a dar respuesta a un sensible y natural reclamo social", subrayó durante su participación en la reunión número 23 del Consejo Nacional de Seguridad Pública que tuvo lugar ayer por la tarde en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

En este marco, el ministro presidente de la SCJN manifestó a la sociedad que "debemos velar por nuestras libertades constitucionales".

Señaló que las acciones de Gobierno que se anuncian, pueden ser objeto de alguna impugnación y que al Poder Judicial de la Federación le tocará resolver con apego a Derecho.

Recalcó el ministro Ortiz Mayagoitia que la tarea sustantiva de los juzgadores es dictar resoluciones justas, imparciales y apegadas a Derecho y que las sentencias no pueden ser objeto de convenio ni pueden ser el resultado de una política pública o de una decisión preestablecida: son y deben ser la expresión imparcial del Derecho.

El presidente de la SCJN dijo que seguirán con atención los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública para llevar al seno del Consejo de la Judicatura Federal, todos los temas o propuestas que pudieran ser apoyados con alguna medida administrativa desde el Poder Judicial de la Federación.

Luego, hizo públicos los 10 compromisos aprobados por el Consejo de la Judicatura, que formarán parte de este Acuerdo Nacional. Y que son, entre otros:

Transparentar aún más el desempeño de los órganos del Poder Judicial y de sus titulares; se instalarán nuevos juzgados y tribunales federales en los circuitos con mayor carga de trabajo; se establecerán juzgados especializados en medidas cautelares o juzgados de control, con jurisdicción en toda la República para responder con agilidad a las solicitudes de órdenes de cateo, de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones.

Se impulsará la celeridad en los procesos; se fortalecerá la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados en materia penal.

Asimismo, se fortalecerán los mecanismos de selección de jueces y magistrados y se intensificará la capacitación y especialización de jueces en materia penal, particularmente en materia de procesos orales.