Bertha Becerra / El Sol de México

Ciudad de México.- A superar rencores y actitudes revanchistas, urgió la presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. "Es hora de actuar sin condicionamientos, la República y sus ciudadanos exigen a la clase política asumir con transparencia y decisión el combate a la inseguridad y al crimen organizado", subrayó.

Sostuvo: No podemos hacer oídos sordos al clamor cada vez más sentido respecto de la inseguridad pública y el lastre de sus consecuencias.

Reconoció que la primera y más elemental responsabilidad del Estado es la garantizar la vida y seguridad de las personas, por lo que en ese ámbito, el Poder Legislativo en esta LX Legislatura asumió y asumirá una actitud de corresponsabilidad para generar condiciones jurídicas que faciliten el ejercicio del Poder Ejecutivo en sus diferentes niveles.

Manifestó la legisladora del PRD que el pueblo en todos los niveles sociales padece el embate de la delincuencia en sus diversas modalidades. Los datos son dramáticos, dijo y señaló que se calcula que medio millón de personas en el país están vinculadas a actividades del narcotráfico.

Y que de acuerdo a la ONU, México se ubica en el sexto lugar mundial en lo relativo a delincuencia organizada con más de 50 por ciento de los municipios del país, capturados o feudalizados por el narcotráfico.

Oficialmente, el año pasado se registraron 530 secuestros en el país, pero hay ocho secuestros que no se denuncian y se han perpetrado más de cinco mil homicidios relacionados con el crimen organizado y el 10 por ciento de éstos, han sido víctimas policías, militares y servidores públicos, dijo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Luego externó la disposición del Poder Legislativo para generar nuevas herramientas jurídicas. "Para ello, tenemos que ser capaces de que este Acuerdo que signamos contra la inseguridad y la violencia del crimen organizado no sea solo un escenario político-electoral".

Tenemos que ser responsables los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tanto a nivel federal como local; los partidos políticos, los organismos de la sociedad civil, empresarios, sindicatos, iglesias, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, todos ser capaces de actuar con transparencia, sin simulaciones, ni poses obligadas por el protagonismo personal.

CONFUSION DE RESPONSABILIDADES

En su oportunidad, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Santiago Creel Miranda sostuvo que identificar con precisión las responsabilidades que cada autoridad tiene es condición para poder rendir cuentas, pero también para que las acciones que se emprendan se realicen con eficacia.

Particularmente en materia de seguridad pública se vuelve imprescindible señalar claramente quién es responsable de qué y hacerlo con detalle, al punto de que cuando se cometa un delito, se sepa qué autoridad falló, por qué causas, qué responsabilidades surgen de este fallo y a qué sanciones está sujeta.

Advirtió que si no se llega a ese punto particular y específico, no habrá forma de ganarle la batalla a los delincuentes.

Sostuvo que la confusión de responsabilidades es tierra fértil para la criminalidad, también para la impunidad vista de una doble manera: la del criminal que queda a sus anchas como si la ley no existiera o para que la autoridad simplemente no cumpla la ley y no pase nada.

"Habrá qué reconocer que el principal problema en materia de seguridad pública es que la ley no se aplica y por consecuencia, hay impunidad", enfatizó.

Del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad dijo que tiene como meta resultados específicos a partir de compromisos particulares.

"En este sentido, el Senado de la República asume plenamente la responsabilidad que le corresponde", señaló.

Así, destacó que se comprometen a dictaminar y en su caso, votar las iniciativas que se presenten antes del mes de octubre venidero y que estén vinculadas a la reciente reforma aprobada en materia de Seguridad Pública y de Justicia.

Subrayó que esta reforma constitucional no sólo plantea cambios jurídicos fundamentales sino que además, abona para la creación de una nueva cultura de la legalidad; prevé que los procesos penales sean acusatorios y orales que es un cambio radical en la manera de administrar justicia en el país, dijo Creel.