El gravísimo problema de la inseguridad pública ha vuelto a detonar. Lo disparó el condenable secuestro y posterior asesinato del niño Fernando Martí, uno de los muchos crímenes que todos los días se presentan en el país.

Hoy, otra vez, la sociedad se expresa a través de los medios para exigir que el Estado cumpla su obligación ineludible -uno de sus fundamentos político-ideológicos, además- de brindar seguridad a los ciudadanos. La percepción es que, también en ello, han fallado los ejecutivos federal y estatales, dada la proliferación de la violencia y el cada vez más alto índice de criminalidad.

La primera función de un gobierno es preservar el orden, la seguridad y la paz interiores, que posibiliten el desarrollo de la comunidad, el crecimiento económico y todas las actividades y manifestaciones culturales, políticas y sociales del pueblo.

El estado de derecho está regido por normas que obligan por igual a todos: gobernantes y gobernados; nadie está por encima de la ley, ninguno puede lucrar con los bienes públicos, con el dolor o la necesidad ajenos, ni gozar de impunidad.

En México, sin embargo, quienes ejercen el poder no han podido imponer ese orden, que ha sido rebasado por una delincuencia cada vez más poderosa, audaz e inclemente.

El delito y la inseguridad pública tienen como origen múltiples causas; son fenómenos cuya génesis se pierde en ocasiones en el inconsciente del propio infractor y las profundidades del subconsciente colectivo.

La pobreza no necesariamente conduce al delito. Ser pobre no es sinónimo de infractor de la ley. Así lo comprueban los delincuentes de cuello blanco, el crimen organizado y los ilícitos cibernéticos.

Tampoco se puede negar que la pobreza extrema y, sobre todo, la desigual distribución de la riqueza -que en el país han llegado a ser, en algunos casos, insultantes- son "caldo de cultivo" para la inseguridad pública y los crecientes índices de criminalidad.

Hasta las reformas constitucionales de 1994, que incorporaron el concepto de seguridad pública y otorgaron al Congreso de la Unión la facultad de legislar en la materia y la Carta Magna, fueron omisos en este problema y la situación se complicó en forma alarmante.

Cuando finalmente el Constituyente Permanente trabajó sobre el particular, el resultado fue tardío, tímido e insuficiente. En aras de un ideal federalista, nunca plenamente realizado, se mantuvo en manos de municipios pobres y no preparados (en el mejor de los casos) la parte medular de la seguridad pública.

En el nivel estatal, la seguridad pública siguió en el limbo de las decisiones autónomas de las constituciones locales, sujetas muchas veces a interpretaciones e intereses particulares o partidistas.

Y en el ámbito federal se creó una tibia instancia de coordinación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, una Policía Preventiva que nació con viejos vicios y dejó prácticamente intocadas a la PGR y a la Policía Judicial (hoy AFI), por citar sólo algunos de los problemas más acuciantes.

Como consecuencia, en los tres niveles de gobierno se han logrado muy pocos avances.

El peor de los retrocesos, empero, se ha dado en la ampliación de la impunidad. De nada sirve que haya leyes más severas, tampoco que exista un mayor número de policías y más recursos presupuestales, si el 97 por ciento de los delincuentes jamás llega a los juzgados.

De nada sirven los discursos políticos, las quejas de la sociedad y el papel que los medios de comunicación desempeñan, al darle publicidad al hampa, si lo que priva es la impunidad.

Ese es el problema real.

gerardososa_cas@yahoo.com.mx