A semejanza de la inmensa mayoría de mis conciudadanos, no tengo qué decir: los hechos suscitados desde el secuestro y muerte de Jorge Palma y el jovencito Alejandro Martí me han dejado totalmente apanicada, confundida y ofuscada.

En un intento por tratar de encontrar alguna explicación sobre la situación que estamos viviendo, no puedo más que admitir la responsabilidad de la sociedad mexicana cuya participación en la apatía, desesperanza y sobre todo, falta de valores, tantísimo ha contribuido en el horrendo panorama que hoy se presenta en el país.

Si bien es cierto que a lo largo de los años nuestros gobernantes han propiciado este clima de terror y violencia al permitir el auge del narcotráfico además de fomentar la impunidad y corrupción dentro de las corporaciones policíacas, también lo es que la actitud de desesperanza y conformismo por nuestra parte ha permitido el enorme desarrollo del crimen organizado que, a decir verdad, se encuentra hoy mucho más organizado y con mayores índices de eficacia que cualquiera de los gobiernos -a nivel local y federal-, de la nación.

El caso Martí ha despertado a una impávida sociedad que apenas se había animado a realizar una "mega marcha" contra la inseguridad hace cuatro años; hoy comprendemos que aquél evento cuyo óptimo resultado fue criticado por uno de los gobernantes que en aquellos tiempos contaba con mayor respaldo popular, Andrés López entonces Jefe de Gobierno capitalino, no aportó absolutamente nada, y seguimos como estábamos...

A saber por las cifras aportadas por las autoridades luego de conocer este caso, se trata de uno más de tantos que se han gestado en los últimos tiempos sin mayor trascendencia que el duelo de sus más allegados: las vidas de Jorge Palma y Alejandro Martí cuando menos han despertado la conciencia de nuestra realidad, y al tiempo que nos aterroriza vivirla, ratificamos el estado de putrefacción de las instituciones policíacas, gritamos y exigimos justicia a sabiendas de que, en tanto se plantea y se gesta un verdadero cambio, estas voces quizá habrán de ser calladas por los mismos delincuentes que callaron a Jorge y Alejandro.

Evidentemente es momento de que los gobiernos federal y local trabajen juntos en la abolición de este mal, puesto que no habrá estrategia efectiva sin la íntima colaboración de las autoridades juntas, unidas, trabajando con verdadera vocación de servicio por la sociedad a la que representan.

Adicionalmente, el presidente Calderón habrá de solicitar asesoría de mandatarios que han pasado por situaciones similares en sus respectivos países; uno de ellos, Alvaro Uribe ha manifestado dos exitosas estrategias para la reducción de secuestros en Colombia. La primera: pese a las excesivas tareas que implica gobernar es necesario dedicar por lo menos tres horas diarias al combate a los secuestradores. La segunda: purgar la policía y mantener vigilados a quienes salgan de la corporación. El verdadero problema es la impunidad de los delincuentes a quienes no les preocupa un incremento en las penas dado que conocen el estado actual de las instituciones y saben las dificultades que el estado enfrentará para atraparlos.

Voces como la de Alejandro Gertz Manero, conocedor del tema de seguridad pública en el país, deben ser igualmente escuchadas: Al reconocer que somos un país de víctimas puesto que el 99 por ciento de los delitos cometidos queda impune, destaca que ante la ineptitud de nuestras autoridades en materia de seguridad la sociedad intenta asumir su propia defensa.

Inevitablemente las instituciones de seguridad se están desquebrajando y se han convertido en símbolo de miedo, desconfianza y desprecio social. Hoy nos da miedo pasar junto a un "poli"; peor aún observar un grupo de ellos juntos puesto que se traduce en señal de abuso, peligro, hasta muerte quizá...

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