La democracia moderna, tal como hoy se le conoce y practica, históricamente tuvo su origen en una forma muy diferente de ejercerla. Se dice que sus inicios tuvieron lugar, hace alrededor de 25 siglos, en las ciudades-estado griegas. En éstas las principales decisiones públicas, desde dictar las leyes hasta sentenciar a los reos, las tomaban directamente los ciudadanos. Para ello, periódicamente (más o menos cada diez días) se reunían en el ágora, formando asamblea, para deliberar los asuntos de interés general y resolver sobre los mismos. A esta forma de gobernar se le conoce como "democracia directa", en razón de que son directamente los ciudadanos, sin intermediarios ni representantes, quienes toman las grandes decisiones políticas.

Los historiadores consideran que en Atenas, con una población entonces de alrededor de 200 mil habitantes, sólo participaban en las asambleas entre tres y cinco mil personas. Los demás eran mujeres que carecían de derechos políticos, menores de edad y esclavos, muy numerosos en la época. Por supuesto, no era pequeño el número de ciudadanos que, gozando de derechos políticos, tenía por costumbre no participar en las asambleas del ágora. Eran el equivalente a los abstencionistas de la actualidad. Significativamente, se les conocía con el nombre de "idiotes". Esta expresión ha pasado a las lenguas modernas con la connotación que hoy le conocemos y que curiosamente, en griego antiguo, tuvo su origen en el no ejercicio de los derechos políticos.

Hoy en día, el enorme tamaño demográfico de los Estados modernos hace imposible el funcionamiento de la democracia directa. Salvo algunos cantones de Suiza, no se tiene noticia de que en alguna otra parte se practique. Lo que rige ahora es la democracia representativa o indirecta. Su modalidad consiste en que periódicamente, a través de elecciones libres, los ciudadanos escogen a quienes en su representación toman las más importantes decisiones públicas. Nuestro país ha adoptado precisamente este régimen. Así lo dispone expresamente el artículo 40 de la Constitución, al establecer que "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática".

Sin embargo, cada vez parece más insuficiente la injerencia que los ciudadanos tienen, a través de la democracia representativa, en las trascendentes decisiones del Estado moderno. A ello obedece que en no pocos países, y aun en diversas entidades federativas de México, se han adoptado varias instituciones que promueven una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones sobre los asuntos públicos. Se trata de figuras tales como la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, que hasta ahora no se han incorporado -y esto vale señalarlo y tenerlo presente- a la Constitución federal. Al conjunto de estas formas democráticas, intermedias entre la democracia directa y la representativa, se le conoce como democracia semidirecta o democracia participativa.

Lo anterior viene al pelo con motivo de la consulta ciudadana que hace una semana organizaron y llevaron a cabo autoridades perredistas de diversas entidades federativas del país, incluidas las del DF, con relación a las iniciativas de reforma en materia petrolera presentadas por el presidente Felipe Calderón. Al respecto, resulta pertinente hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, como lo analizaron exhaustivamente y señalaron con acierto diversos columnistas, las autoridades convocantes carecen de facultades para hacer, como lo hicieron, tal convocatoria para temas federales. En segundo término, porque tal consulta ciudadana, equiparable al referéndum, que es una figura de la democracia semidirecta, a todas luces forma parte de una estrategia política inviable e inconducente, por lo que la institución del referéndum se desvirtúa. Y tercero, porque los resultados de participación dados a conocer respecto de la referida consulta, sin duda muy superiores a lo que fue la realidad, aunque inferiores a lo que era la expectativa de los organizadores, además de ser una deleznable tomadura de pelo a los ciudadanos e implicar mal uso de sus impuestos, significa poner en la ruta del descrédito a la democracia semidirecta antes de su implantación. Y eso, sinceramente, no se vale.