* En busca de nuevas vías para la participación ciudadana

* La democracia, mucho más que el sufragio: especialistas

* E n el papel, la Constitución mexicana es de las mejores

* Las reformas aprobadas son impopulares e improcedentes

El pasado domingo se cumplieron 20 años del fraude electoral más descarado que se tenga memoria en la historia mexicana y el 2 de julio fueron ocho años de que el pueblo optara por el sufragio para acabar con el viejo régimen del Partido Revolucionario y votara por el cambio que representaba Acción Nacional. Pero ni el priísmo ha sido sepultado, ni el panismo cubrió las expectativas.

Tras la memoración del octavo aniversario, surgieron las voces que aseguraban que la democracia en el país se había consolidado, que existían instituciones más sólidas y que el pueblo ahora goza de las ventajas de vivir en un país mejor. Los detractores afirmaron justo lo contrario y advirtieron que sólo habían cambiado los colores del partido en Los Pinos.

Pero todos olvidaron la importancia de la participación ciudadana en acciones de Gobierno y la limitaron al voto ciudadano.

Relevar al partido en el Gobierno por la vía democrática, en algunos países generó cambios acelerados, algunos violentos, otros erróneos pero la mayoría concluyeron con beneficios para el pueblo.

Baste citar el caso de la URSS. En 1987 Mijail Gorbachev publicó el libro "Nuevas ideas para mi país y el mundo", anunciando, tras un agudo análisis, que el Partido Comunista proponía una política de "perestroika" o de reconstrucción, cuyo fin era la "aceleración del progreso social y económico del país y de renovación de todas las esferas de la vida..."

Tal afirmación causó conmoción y graves problemas sociales internos, que condujeron a la desintegración de la segunda nación más poderosa del mundo en 1991. En el 2008, los estados que conformaron la URSS son naciones independientes, prósperas y en constante desarrollo, aunque conseguirlo no fue fácil.

Un caso distinto fue el de Gran Bretaña, donde Margaret Tatcher, luego de un triunfo apabullante en 1987, comenzó a descender su popularidad al pretender implementar más impuestos a los gobernados. El asunto ocasionó que en el proceso de 1990, la "Dama de Hierro" abandonara la contienda electoral y dejara su lugar a John Major, del Partido Conservador, quien continuó con la reforma.

Fue hasta 1997, cuando llegó el candidato Laborista Tony Blair quien implementó un equilibrio entre sociedad, Estado y mercado que permitiría generar desarrollo y evitar la exclusión social, lo que representa la llamada "Tercera Vía", el punto medio entre el liberalismo capitalista y el colectivismo marxista.

DICTADOR O MANDATARIO

Un caso aparte fue de Venezuela, que el 2 de febrero de 1999 llevó al palacio de Gobierno a Hugo Chávez Frías, un exgolpista que modificó la Constitución a su antojo y dividió a su pueblo, así como a las naciones de todo el mundo.

Patrióticamente, Chávez nacionalizó lo que había sido privatizado por antiguos regímenes y que representaban un grave riesgo a la soberanía venezolana. El mandatario reprime violenta y disuelve, las manifestaciones populares en contra de su Gobierno.

Pese a todo, en nueve años los venezolanos han mejorado su nivel de vida gracias a las reformas, para algunos populistas, como la disminución a los precios de la gasolina, el cemento y el aumento a los intereses bancarios. Aunque sea inexistente, o reprimida, la participación ciudadana en su Gobierno.

En México, la sucesión fue pacífica, paulatina, pero sigue en el limbo. Nadie sabe para qué sirvió.

Si la época priísta fue la "dictadura perfecta", la era panista parece ser "la democracia imperfecta", porque ninguno de los cambios prometidos se han concretado. Desde el Congreso se han promovido reformas segmentadas, pero la del Estado en su conjunto, que debiera ser prioritaria, duerme el sueño de los justos.

Ninguna de las modificaciones constitucionales o a leyes secundarias se han salvado de su discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni de los amparos presentados por los afectados. Hasta el día de hoy, operan a medias y con el desconocimiento del pueblo.

De acuerdo con el exconsejero del IFE, que participó en el proceso electoral del 2000, Jaime Cárdenas, consultado por Alto Poder, "no hubo una transición, porque eso significa un cambio radical en las instituciones. En esa ocasión sólo existió la alternancia partidista. Lo que ocurrió fue un 'quítate tú para que entre yo' que no condujo al pueblo a ningún lado..."

A pesar de los millones de pesos gastados por el último Gobierno priísta y el primero panista, la llamada transición jamás ocurrió, porque así lo decidieron los gobernantes.

DEMOCRACIA MAL ENTENDIDA

El analista Rogelio Hernández Rodríguez, escribió en el anterior número de la revista Confluencia XXI: "La democracia, hasta muy avanzado el siglo pasado, era aceptada como un procedimiento de elección de gobernantes y de participación ciudadana, pero también como un conjunto de valores políticos que afirmaban la libertad y los derechos ciudadanos..."

Pero las ideas, los derechos y las obligaciones ciudadanas y de Gobierno, transitaron por una metamorfosis que no todos los Gobiernos del mundo entendieron y, menos aún, aplicaron. Tal es el caso de México.

La exigencia popular de cambiar la idea del concepto para Hernández Rodríguez, "se trata, sin demérito de la democracia, entendida como la forma en que se eligen a los gobernantes, de la eficiencia, diseño, y operación gubernamental, así como de la experiencia y preparación profesional de sus funcionarios..."

Durante todo el siglo pasado, la Constitución mexicana fue considerada por expertos jurisconsultos, como una de la más avanzada del mundo, con las mejores garantías individuales y protectora de la soberanía e independencia de la Nación. Pero eso sólo ocurre en el papel.

Según el artículo 87 constitucional, al asumir el cargo de Presidente de la República Mexicana juramenta sobre la Carta Magna: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la Republica que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande..."

Empero, no existe ninguna posibilidad de que un ciudadano promueva una juicio de revocación de mandato o juicio político en contra de sus gobernantes. Primero debe recurrir a su diputado y enfrentarse a todo un aparato burocrático y de intereses creados inacabable. Por lo cual el juramento queda sólo en palabras, no en hechos y el poder del pueblo se limita al sufragio.

Jaime Cárdenas afirmó que: "falta la ejecución del poder real del pueblo y su participación en asuntos políticos y de Gobierno. La autoridad popular se limita a la elección del diputado, senador, gobernador o Presidente y no existen mecanismos para controlar o proponer al Gobierno..."

De ahí parte la urgencia de acotar el poder presidencial, restarle facultades al través de la redacción de una nueva Constitución, porque la vigente fue ideada y redactada por un partido que pretendió la eternidad en el ejercicio del poder.

LIMITADA PARTICIPACION CIUDADANA

Más allá del federalismo, en el país existe un centralismo ejercido por el presidente de la República que tiene el poder de vetar o aprobar las modificaciones analizadas, discutidas y votadas por el Congreso, sin importar que hayan sido aprobadas por unanimidad.

Jaime Cárdenas considera que: "la permanencia del centralismo ha desgastado el aparato político y de gobernabilidad, porque se trata de una relación asimétrica, donde el primer mandatario ejerce todo el poder y el federalismo cooperativo es inexistente, los estados están sometidos a los designios del Presidente y a los recursos económicos que les quiera destinar..."

Ante tal inexistencia de corresponsabilidad, la relación gobernado-gobernante ocurre únicamente durante el proceso electoral, después todo queda en el olvido y el mandatario se convierte en mandante porque las reformas, planes de Gobierno, programas sociales y todo aquello que afecta al ciudadano común, nunca es consultado entre los electores.

Los políticos, sean diputados, senadores, alcaldes, gobernadores o el presidente de la República, se vanaglorian de las reformas aprobadas durante los últimos años, sin advertir que son modificaciones inoperantes, obsoletas y que, sobre todo, el pueblo jamás es escuchado.

Al menos en el papel, el artículo 39 establece que: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno..."

Raúl Carrancá y Rivas, experto constitucionalista, aseguró a Alto Poder que: "el pueblo sólo puede ejercer el derecho de modificar la forma de Gobierno que le concede el artículo 39, por medio del Poder Legislativo o el Constituyente permanente..."

Es decir, de nuevo el poder popular se ve limitado porque para acceder al Congreso se requiere pertenecer a un partido político, el cual deberá postularlo como candidato para que, después, pueda ser votado. Al triunfar, el legislador ya no responde a las exigencias populares, sino a las de su grupo.

A DISCUSION CONSULTA POPULAR

El debate sobre la reforma energética abrió la discusión sobre la urgencia de elevar a rango constitucional el plebiscito, la consulta ciudadana, el referéndum, la regulación popular, la iniciativa popular legislativa, revocación de mandato, acción popular de inconstitucionalidad, de presupuesto participativo, la candidatura ciudadana y muchos otros términos que garantizan una democracia participativa.

Acabar con el hambre, la miseria, la desigualdad e impulsar el desarrollo del país, no es asunto exclusivo de la democracia, sino de una correcta implementación de los programas sociales de los Gobiernos en todos sus niveles.

Hernández Rodríguez asegura en su texto que: "los asuntos relacionados con el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades se enmarcan, desde luego, en la democracia como sistema político, pero no dependen de su funcionamiento..."

Es hora de que el presidente Felipe Calderón promueva las reformas necesarias, que lo consoliden como un buen político, mejor estadista y le aseguren pasar a la historia como el gran reformador que se negó a ser su antecesor.

En octubre de 2000, Rodrigo Guerra un mexicano catedrático de la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein, fue llamado por el expresidente Vicente Fox como parte de lo que llamó su "equipo de transición".

Entre las observaciones entregadas, Rodrigo Guerra aseguró al entonces presidente electo: "El Estado que queremos es un conjunto de instituciones fundadas en el Derecho de las personas, de los grupos y de los pueblos que permita no sólo atender las necesidades sociales más importantes sino fundarse desde ellas y para ellas. Es un Estado donde de una manera solidaria y subsidiaria la sociedad participa en la construcción del bien común desde su identidad, su historia y sus perspectivas hacia el futuro..."

El doctor en filosofía no fue escuchado por el exmandatario panista, como tampoco fueron atendidos los millones de mexicanos que exigían el cambio prometido.

PREVALECE EL PRESIDENCIALISMO

Tras el triunfo foxista, nada ocurrió con las estructuras política y de Gobierno mexicanas. No se crearon nuevas instituciones, ni se mejoraron las existentes. Mucho menos se promovió la participación ciudadana que garantizara la erradicación del poder totalitario y presidencialista priísta.

Para el exconsejero electoral Jaime Cárdenas: "la refundación de las instituciones son elementos de una reforma de Estado, sólo si se hubieran diseñado y fundamentado en las necesidades del pueblo. Pero la parcialidad de las reformas aprobadas, demuestran que se sigue protegiendo el poder unipersonal y pretenden la permanencia del partido en el poder..."

El distanciamiento entre los gobernantes y los gobernados generó que las reformas aprobadas fueran rechazadas por la mayoría del pueblo. Una prueba de ello son los dos millones de amparos promovidos por los burócratas contra la Ley del ISSSTE, aprobada el 27 de marzo de 2007.

Aunque la Suprema Corte avaló la legalidad del sistema de pensiones, el 17 de julio pasado, sentó el precedente de ser la modificación con el mayor número de amparos. Para Jaime Cárdenas: "la ley del ISSSTE favorece al empleador, o sea al Gobierno, porque retarda el tiempo de jubilación y no tiene ningún beneficio para el trabajador..."

De igual manera, Carrancá y Rivas expresó que "esa ley debió ser desechada porque la gran mayoría de los involucrados se manifestaron en contra. Pero ni el Gobierno de la República ni el Senado, escucharon a los inconformes..."

Posteriormente el Código Federal Electoral fue modificado, el 13 de septiembre. La controversia se centró en que los ciudadanos, empresas u organismos ciudadanos no podían contratar espacios en los medios de comunicación a favor o en contra de ningún candidato.

La falta de precisión en la redacción del nuevo Cofipe obligó a la Suprema Corte a anular las sanciones en contra de quienes compren espacios publicitarios para apoyar campañas electorales, pero las multas en contra de los medios que las difundan permanecieron.

Ningún legislador propuso la aceptación a las candidaturas ciudadanas, con lo cual las leyes mexicanas obligan a quien quiera participar en cualquier contienda electoral, a pertenecer a un partido político.

Un día después, el 14 de septiembre de 2007, el Senado aprobó la Reforma Hacendaria propuesta por Agustín Carstens, que contemplaba el Impuesto Especial a Tasa Unica (IETU), pero que más de treinta mil empresarios se ampararon para evitar su pago (incluidos organismos descentralizados como la Lotería Nacional y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México).

De igual manera, Fernando Sánchez Ugarte, que actualmente trabaja para Transportación Marítima Mexicana, amparó a sus nuevos patrones contra el impuesto que él mismo creó.

Siguió la reforma Judicial, que fue aprobada el pasado 7 de marzo y cuyo gran logro fue la aplicación de los juicios orales y la presunción de inocencia. Pero perpetuó a los Ministerios Públicos como intermediarios entre los jueces y el agraviado.

De nueva cuenta, el rechazo a la nueva ley judicial quedó de manifiesto y los amparos en su contra se han incrementado, principalmente para evitar el espionaje telefónico.

Ese conjunto de reformas no pueden asegurar la consolidación de un mejor Estado y, mucho menos, que pretendan garantizar el bien de la mayoría, porque el pueblo estuvo ausente de su discusión y jamás fue escuchado. De seguir el trabajo legislativo por el mismo camino, el fracaso de las modificaciones es más que previsible.

NOTICIAS EN CORTO

Un fuerte impacto causó la muerte de José Pagés Rebollar, hijo del también famoso periodista José Pagés Llergo que entrevistó a Hitler y Stalin. Nuestro más sentido pésame a su hijo José Pagés III y a su hermana y a la diputada y directora de la revista Siempre, Beatriz. *** El miércoles pasado, falleció en Ciudad Juárez, en donde fue alcalde, Jesús Macías, un político que luchó por ascender en la administración pública y los últimos años los dedicó a combatir el cáncer que, finalmente, acabó con su vida. Nuestras sinceras condolencias a su familia. *** También va un pésame a nuestro colega José Luis López Atienzo, director de Comunicación Social del IMSS por el fallecimiento de su señora madre. José Luis, lo siento mucho porque perder a la madre es perder todo un mundo en nuestras vidas. Ten fortaleza. Y encuentra pronto la resignación.

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La semana pasada, me referí al brillante joven Esteban Levín Basell, director corporativo de Finanzas de Pemex, y escribí que era sobrino de Oscar Levín Copel. Me disculpo. A ese joven desde niño lo conozco y es hijo de Oscar. De casta le viene al galgo. *** Debido a las fuertes lluvias, desde el miércoles pasado se aplica el plan DN III en las ciudades tamaulipecas de Tampico, Madero, Altamira, Mante, González y Manuel, que están sufriendo los estragos de precipitaciones pluviales que superan los 400 mililitros. De inmediato, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, dispuso de 600 millones de millones de pesos para la reconstrucción de las zonas devastadas. El mandatario fue secundado por el secretario de Salud estatal, Rodolfo Torres Cantú, y Ernesto Lavín Hernández, de la jurisdicción sanitaria. Con ese ánimo de ayuda, los problemas se enfrentan más dignamente.

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El martes pasado, Banco Nacional de México fue notificado que Vitro S. A. B. de C. V. interpuso una demanda por haber violado la llamada "cláusula absoluta de exclusión de extranjeros". Es decir, los estatutos internos de la vidriera (que fueron modificados en 2006, sin previo aviso) prohíben que empresas con capital extranjero adquieran acciones. Al través de la Bolsa Mexicana de Valores, Banamex compró el 2 por ciento del capital, pero Vitro afirma que fue más del 14 por ciento, porque sumaron las acciones que compraron otros socios del banco. Ahora, la empresa de Federico Sada pretende anular las acciones de Banamex y no devolver ni un peso. Esa retrograda "cláusula de exclusión" también prohíbe a las empresas que compran acciones de Vitro tener tratos con compañías de capital extranjero. Ni Pemex trabaja bajo ese régimen. Seguramente los propietarios de Vitro no quieren rendir cuentas a otras grandes corporaciones. *** Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

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