*Más de 170 años de lucha de los hispanoamericanos

*Los mexicanos piden respeto y ofrecen malos tratos

*Calderón retrasa las reformas a la Ley de Población

*Indocumentados centroamericanos son explotados

El 14 de mayo de 1836, el entonces presidente estadunidense, David Burnet, logró que Antonio López de Santa Anna firmara bajo presión el Tratado de Velasco, que concedía independencia al estado de Texas, para posteriormente anexarlo a la Unión Americana.

Años más tarde, el 2 de febrero de 1848, fue signado el Tratado Guadalupe-Hidalgo en donde México cedió otra parte de su territorio: comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah y parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming.

Fue entonces que comenzó una constante defensa por el reconocimiento a los derechos humanos, políticos y constitucionales de los connacionales que se quedaron allende el río Bravo. La lucha por una identidad nacionalista aumentó porque los estadunidenses los repudiaban y los mexicanos los rechazaban.

Han transcurrido más de 170 años y la disputa por la igualdad continúa. Pasaron varias generaciones y entre los estadunidenses, al referirse a los mexicanos anexados, prevalece la costumbre de llamarlos "chicanos", "pochos", "morenos", "hispanos" o "cholos". Cuando se comete algún delito, de inmediato la policía busca a delincuentes con rasgos "latinos".

Durante casi dos siglos, diversos personajes encabezaron la defensa por la igualdad, el reconocimiento y el respeto a las garantías. Líderes como César Chávez y Reies López Tijerina -aún vivo pero radicado en Ciudad Juárez, Chihuahua- pelearon por el derecho de su comunidad. Actualmente, las organizaciones no gubernamentales se unieron para continuar la lucha.

Los hispanoparlantes han conseguido pocos triunfos políticos de trascendencia en la representación popular. Ocupan algunos escaños en los congresos locales y federales, además de la alcaldía de Los Angeles, con Antonio Villarraigosa. Pero nada de igualdad constitucional.

A la lucha de los descendientes de mexicanos, en las últimas décadas se sumaron los millones de indocumentados que son explotados, menospreciados y marginados, a pesar de ser la principal fuente de mano de obra barata para los estadunidenses.

En defensa del respeto a sus garantías individuales y laborales, millones de inmigrantes indocumentados realizaron una mega marcha el primero de mayo de 2006 en varias ciudades de Estados Unidos, que sólo atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, pero ningún reconocimiento legal.

LA BANDERA ELECTORAL

El Gobierno mexicano siempre ha reclamado el respeto para quienes por naturalización o por trabajo viven ilegalmente en Estados Unidos. La posibilidad de un acuerdo migratorio parece inalcanzable y es utilizada como bandera política en época de campañas electorales en ambas naciones.

A su llegada a Los Pinos, los panistas confiaron en el "amigo Bush" y ofrecieron "la enchilada completa", refiriéndose a un acuerdo migratorio íntegro que beneficiaría a los más de 17 millones de mexicanos que viven de manera ilegal en la Unión Americana.

El 12 de mayo de 2005 Vicente Fox reconoció que los mexicanos asentados en Estados Unidos "realizan el trabajo que ni los negros quieren hacer..." El comentario causó el enojo de los auto-llamados afroamericanos y el rechazo de la Casa Blanca. Esa fue una de las pocas verdades expresadas por el expresidente panista.

Durante los seis años de gobierno de Fox y los ocho de George W. Bush, ambos ofrecieron un acuerdo migratorio que beneficiaría a naturalizados, documentados e indocumentados. Ambos fallaron porque no supieron negociar con sus respectivos congresos.

Entre 2006 y 2007, en tres ocasiones los emigrantes indocumentados en Estados Unidos estuvieron a punto de ser beneficiados con una amnistía migratoria, pero sólo se quedó en el intento. El único consenso que consiguieron los congresistas estadunidenses fue la construcción de un muro de mil 123 kilómetros en su frontera sur.

Con la ayuda de los senadores Edward Kennedy y John McCain, el 25 de mayo de 2006 se aprobó una reforma migratoria, pero la mayoría republicana la vetó el 3 de septiembre de ese mismo año porque la consideró "incongruente con la política de seguridad nacional..."

Durante la actual administración calderonista se modificó radicalmente la exigencia de alcanzar un acuerdo migratorio que garantice el respeto a los mexicanos en la frontera norte y la validación de los derechos de los hispanoamericanos a quienes aún no se les reconocen plenamente su herencia de la tierra procedente de las mercedes del rey, así como sus garantías.

ACUERDOS BILATERALES

En la Cuadragésimo Séptima Reunión Interparlamentaria Binacional, realizada el fin de semana pasado en Monterrey, Nuevo León, los legisladores mexicanos expusieron a sus homólogos estadunidenses lo necesario que resultaría para ambas naciones una reforma migratoria.

La propuesta presentada por los congresistas mexicanos en Monterrey fue "la creación de un grupo bilateral legislativo que pueda dar seguimiento al respeto de los derechos humanos de los trabajadores emigrantes...", la cual fue aceptada por su contraparte, pero sin fecha precisa para entrar en funciones.

A lo largo de los años, los gobiernos mexicanos y el pueblo han exigido a los estadunidenses un trato respetuoso a los indocumentados, el reconocimiento a los derechos de los hispanoamericanos y la posibilidad de abrir la frontera para el libre tránsito de personas dentro del Tratado de Libre Comercio.

Pero es vergonzoso que en México se exija lo que ni autoridades ni ciudadanos ofrecen: el respeto a los inmigrantes indocumentados, principalmente centroamericanos.

Jorge Bustamante, fundador del Colegio de la Frontera Norte y nominado al Premio Nobel de la Paz 2006, declaró el pasado 19 de mayo que "las violaciones a las garantías individuales que se cometen en México en contra de los inmigrantes centroamericanos son iguales o incluso peores a las que ocurren en contra de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos..."

Detenciones ilegales, violaciones, asaltos, asesinatos, explotación laboral, sobornos y discriminación son los delitos cometidos por autoridades mexicanas, delincuentes, empresarios o ejidatarios en contra de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, principalmente.

Bustamante, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, declaró a Alto Poder: "Vemos a los inmigrantes centroamericanos como inferiores a nosotros. Eso es racismo a la mexicana. Es un cáncer respecto al cual no hacemos nada..."

El relator de la ONU observó que "hay una gran indiferencia de la sociedad civil mexicana hacia las graves violaciones a los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como también sobre las que sufren los centroamericanos que entran a México por la frontera sur, con la intención de llegar al vecino país..."

Sin duda, el desprecio hacia los extranjeros ilegales provenientes del sur del continente prevalece entre los mexicanos.

REFORMAS A LA LEY DE POBLACION

En respuesta a lo expresado por Bustamante, la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, aseguró que el enviado de Naciones Unidas "se basó en el testimonio de una migrante hondureña que le contó su experiencia terrible; se basó en otro testimonio de un migrante que él vio en la estación migratoria. Por supuesto que existen abusos, no los podemos evitar..."

Cuánta ignorancia de Cecilia Romero, porque Jorge Bustamante no es ningún improvisado. Es considerado, por especialistas de todo el mundo, como un experto en asuntos migratorios, por eso ha trabajado para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y actualmente para la ONU.

La situación de racismo y explotación se agrava en las regiones fronterizas de Chiapas, donde hombres y mujeres indocumentados centroamericanos son tratados como esclavos y secuestrados por sus empleadores o abandonados por los traficantes de personas.

Durante el encuentro binacional, un congresista estadunidense reclamó a los mexicanos la violación constante a los derechos humanos de quienes se encuentran en el país de manera ilegal.

En respuesta, el diputado perredista Edmundo Ramírez les informó que durante la pasada Legislatura se había aprobado una reforma a la Ley General de Población para evitar que los ilegales sean encarcelados.

La incongruencia entre lo que se exige y lo que no se ofrece es que mientras el Presidente, los legisladores y el pueblo mexicano reclaman a los estadunidenses eliminar las penas carcelarias a los indocumentados que se encuentran en aquel país, en México, de acuerdo con la Ley General de Población vigente, se imponen penas injustas a los extranjeros que se encuentran de manera ilegal en el país.

Entrevistado por Alto Poder, el diputado del PRD José Jacques Medina afirmó que las leyes actuales "criminalizan la migración con penas equiparables a las que se dictan en contra de delincuentes y traficantes de drogas..."

De acuerdo con la Ley General de Población, la persona que se encuentre en el país sin el conocimiento o permiso del Instituto Nacional de Migración podría alcanzar una condena de encarcelamiento de entre dos y diez años, sin importar que su único objetivo sólo sea el buscar un empleo digno.

LIBERACION INMEDIATA

El asunto es grave, considerando que la frontera norte del país anualmente es "invadida" por más de 20 mil centroamericanos que esperan el momento de burlar a la Border Patrol y poder ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Según datos del diputado Jacques Medina, "aunque no existe un censo real, en el país viven ilegalmente entre 200 y 250 mil extranjeros sin documentos". La cifra es menor comparada con los mexicanos asentados en la Unión Americana, la cual asciende a 17 millones, aproximadamente. Pero las sanciones son mayores.

El legislador perredista Edmundo Ramírez reconoció que "exigimos afuera lo que no ofrecemos aquí, porque en México no hay garantías para los inmigrantes indocumentados..."

El año pasado, Ramírez Martínez presentó una propuesta de reforma a la Ley General de Población para "erradicar el estatus de criminal y delincuente a los migrantes indocumentados, porque somos muy dados a luchar por los derechos humanos de los indocumentados, estamos pendientes y exigimos a los congresistas estadunidenses un acuerdo migratorio, pero en casa los maltratamos y existe alta corrupción que perjudica a los centroamericanos..."

Las modificaciones prevén que quienes se encuentren en condiciones ilegales puedan, de inmediato, regularizar su estancia migratoria y si alguien está recluido en alguna garita, sólo por cuestiones migratorias, pueda solicitar su regularización.

Conforme transcurrió su análisis, legisladores de todos los partidos, incluidos los panistas, se sumaron a la reforma para modificar la penas actuales en contra de quienes violan las leyes migratorias. Se logró su aprobación unánime.

Continuando con el trámite legislativo, fue enviada al Senado para su discusión, donde se realizaron los debates requeridos y se logró también un consenso unánime, por lo que fue devuelta a San Lázaro para a su vez ser enviada al presidente Calderón para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y así entrara en vigor.

Lamentablemente, ahí se detuvo. El diputado Edmundo Ramírez advirtió: "Entiendo que Calderón tiene mucho trabajo, pero no quiero pensar que por un motivo político haya postergado la publicación de la Ley de Población, porque quien saldría perjudicado es el Gobierno de la República..."

La iniciativa, votada y aprobada por unanimidad, fue enviada a Los Pinos el pasado 29 de abril. El Presidente contaba con 40 días para ordenar su publicación, pero el domingo pasado venció el plazo y no se cumplió con lo establecido en la Constitución.

Para el diputado perredista Jacques Medina, "el problema radica en que el presidente Calderón no ha advertido la urgencia de que la nueva Ley de Población entré en vigor porque está más ocupado en el asunto energético que en el tema migratorio, cuando es su obligación ocuparse de todos los asuntos que afectan a la nación..."

Despenalizar la inmigración indocumentada abriría la posibilidad de que Estados Unidos aplicará una ley similar a la mexicana, y de esa manera se conseguiría disminuir considerablemente los abusos que comete la Border Patrol, los caza-inmigrantes y los granjeros de Arizona.

Pero también es urgente que el poder legislativo se ocupe de modificar la ley orgánica de la Secretaría de Gobernación, especialmente en lo referente al Instituto Nacional de Migración, para impedir que delincuentes se escondan en el país e incluso puedan ser nacionalizados, como ocurrió con el chino Shenli Ye Gon, que resultó ser un traficante de metanfetaminas y no un empresario ejemplar, como lo creyó, y por eso lo protegió, Vicente Fox.

De momento, el presidente Calderón tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en un promotor del respeto a la inmigración.

NOTICIAS EN CORTO

Con el fin de agilizar las labores de las salas del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, el lunes pasado fueron inaugurados tres salas regionales en las principales ciudades del estado. Con la asistencia del gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández Flores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Etienne Llano, inauguró las salas regionales de Reynosa, a cargo de la magistrada Martha Patricia Razo Rivera; de Victoria, encabezada por Egidio Torre Gómez, y de Altamira, bajo la supervisión de Dagoberto Herrera Lugo. El magistrado presidente afirmó que "con las nuevas salas regionales se evitan traslados a la capital y se agilizan los trámites. De acuerdo con David Rivera, de la Gestoría Social Regional Integrada, los tres magistrados fueron avalados por el Congreso estatal y propuestos por sus capacidades. ***Ante la falta de una política adecuada para el agro en México, "el campo se está quedando viejo", afirmó el dirigente de Vanguardia Juvenil Agrarista, Raúl Meneses Rodríguez. Durante el Quinto Encuentro de la Juventud Cenecista", efectuado desde el viernes pasado y hasta mañana en Pachuca, Hidalgo, los líderes exigieron al Gobierno de la República destinar los recursos necesarios para cultivar el suelo mexicano y no apostar por las importaciones. De igual manera, Meneses Rodríguez acusó que "el Gobierno federal, a través de las dependencias encargadas de apoyar al campo nacional, ha iniciado un proselitismo en favor de su partido con miras a las próximas elecciones federales y estatales..."

Infonavit y Banamex anunciaron el lunes pasado el lanzamiento de un nuevo producto hipotecario denominado Infonavit Total Banamex, como parte de la evolución de los productos de crédito en coparticipación entre Infonavit y las instituciones financieras. El instituto originará la totalidad del préstamo conforme a su proceso tradicional y posteriormente compartirá con Banamex una participación en el mismo. De este modo, el trabajador tendrá acceso a un monto mayor de crédito y sólo realizará un trámite -ante Infonavit- y no con dos entidades, como sucede con los créditos en co-financiamiento. Los requisitos para obtener el crédito Infonavit Total Banamex son los mismos que los del Programa Tradicional de Infonavit, al igual que las condiciones en cuanto a plazo, tasa de interés, denominación en Veces Salarios Mínimos (VSM) y descuento por nómina. El programa está dirigido a trabajadores cuya capacidad de pago les permite tomar un monto de crédito hasta de 487 mil 614 pesos (305 VSM). Actualmente el crédito tradicional del Infonavit está limitado a 287 mil 772 pesos (180 VSM).

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