Hace poco más de medio siglo, el historiador Daniel Cosío Villegas en su muy conocido libro "La Constitución de 1857 y sus críticos" tocó, de manera marginal, el muy sensible tema relativo a los fraudes electorales en nuestro país. No pone en duda que se trata de una inveterada costumbre de nuestra vida pública. Pero afirma que "es muy difícil probar documentalmente -y más tratándose de hace 100 o 50 años- que una elección fue fraudulenta, es decir, hecha por el Gobierno y no por el elector", con lo que da a entender el autor que el resultado final depende no de la voluntad de los votantes sino del Gobierno.

"No hay historiador -sigue diciendo Cosío Villegas- que disienta de la afirmación de que durante el Porfiriato el Gobierno hizo (es decir, organizó para ganarlas) todas las elecciones; sin embargo, bien podría algún porfirista contumaz decir que la prueba corre a cargo del acusador, y entonces el historiador... se vería en graves aprietos para probarlo documentalmente; tendría que acudir a medios indirectos, deductivos y por muy inteligentemente que procediera, alguna duda podría caber".

El párrafo en cita, que no tiene desperdicio, visible en las páginas 105 y 106 de la edición del Fondo de Cultura Económica del mencionado libro, continúa así: "Es en verdad excepcional -dice- hallar documentos, y más una serie o ciclo completo, que pruebe la falsedad de una elección. En el archivo de Rosendo Márquez, guardado en la Universidad de Texas, se puede encontrar esa prueba documental completa: carta autógrafa de Porfirio Díaz, presidente de la República, a Rosendo Márquez, gobernador de Puebla, en que le comunica la planilla de diputados federales por ese estado; acuse de recibo de Márquez y oferta de proceder diligentemente en el sentido indicado; comunicaciones del gobernador a cada uno de sus jefes políticos dándoles los nombres de los diputados a elegir en sus respectivas demarcaciones; comunicaciones de los jefes políticos a los presidentes municipales con iguales indicaciones. Luego, los documentos en sentido contrario: comunicaciones de los presidentes municipales a su respectivo jefe político y de éstos al gobernador informando del éxito completo de sus trabajos; en fin, comunicación de Márquez a Porfirio Díaz indicándole que el asunto está concluido satisfactoriamente. La comprobación final la da el Diario de los Debates del Congreso de la Unión en que aparece la aprobación de las respectivas credenciales".

Cosío Villegas remata el pasaje así: "una serie documental tan redonda como ésta es rarísima; por eso, en la gran mayoría de los casos queda en pie el problema de cómo puede juzgarse si una elección fue legítima o engañosa". Naturalmente, y esto ya no lo dice Cosío Villegas, lo anterior no obsta para que desde siempre el mexicano común, aunque no se pruebe, considera que todas las elecciones son fraudulentas. Apenas hasta hace poco más de una década, a partir de la segunda etapa del IFE, los procesos electorales federales y el organismo que los prepara y lleva a cabo, han empezado a adquirir cierta credibilidad.

Lo anterior viene a cuento con motivo del reciente -es un decir- proceso electoral interno para renovar la dirigencia nacional del PRD. Sucede, como todo el mundo lo sabe, que los dos principales candidatos se han acusado mutuamente de haber llevado a cabo maniobras fraudulentas para vencer al otro. "Cochinero", las han llamado. Con algo de ingenio, uno de ellos ha dicho que fue más bien un "chuchinero". Será interesante conocer, y no sólo por curiosidad malsana, de qué manera alguno, o ambos de los contendientes, logran probar fehaciente y contundentemente su respectiva acusación.