Judith García / El Sol de México

Ciudad de México.- Apesar de que el tráfico de personas para la explotación sexual, laboral y la extirpación de órganos es considerado como uno de los peores ataques a las garantías individuales, sólo en 13 de los 32 estados de la república han hecho modificaciones parciales a sus códigos penales para combatirlo y en el resto no tipifican este delito, reconoce Sadot Sánchez Carreño, coordinador del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con las legislaciones locales de Coahuila y Jalisco, no se considera como delito los casos en que "soliciten, trasladen o reciban" de personas para la explotación laboral y el comercio infantil. Mientras que en Quintana Roo, Puebla y el Distrito Federal, no se considera sujeto de castigo a quien "promueva o solicite".

En entrevista con El Sol de México, Sánchez Carreño señaló que los focos rojos se encuentran en entidades como Tlaxcala, ya que esa región se ha convertido en el estado emblemático de la trata de personas laboral y de la explotación sexual.

"En los municipios Tenancingon, Xocotzingo, Papaloapa y San Pablo del Monte, esta actividad es sorprendente, y desafortunadamente no ha habido una atención coordinada tanto a nivel federal como estatal".

Un estudio de la CEPAL señala a Michoacán como otro de los puntos vulnerables en el tráfico de mujeres y niños centroamericanos por parte de "polleros", quienes los utilizan para la venta de droga en Estados Unidos y abastecer el mercado de prostitución.

"Los polleros rematan a los ilegales a algún particular o para ofrecerlas a las redes de prostitución del mercado estadunidense. Algunos niños y niñas, incluso de cuatro y cinco años de edad, son sometidos a las redes de prostitución luego de secuestrarlos".

El funcionario mencionó que en los trece estados -Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Sonora, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas- no tipifican las mismas conductas que establece la Ley Federal: castigar a las personas que promueva, al que ofrezca, al que solicite, al que traslade, al que facilite, al que entregue, al que reciba a una persona para explotarla sexualmente, laboralmente o para extirparle sus órganos.

"Eso significa que en alguna entidad, podrá una persona, de acuerdo con la ley federal, cometer el delito de trata de personas, pero si en ese estado esa conducta no está tipificada como delito, la trata no se le podrá castigar. Eso significa que se va a tener un combate desigual en los estados".

Para homologar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aprobada por el Senado de la República, a finales de noviembre pasado, la CNDH, junto con este órgano legislativo, realizarán este miércoles el Primer Foro Regional en Culiacán, Sinaloa, para sensibilizar a la población de todos los sectores sobre la gravedad de este problema.

Este encuentro, indicó, será encabezado por la esposa del presidente de la República, Margarita Zavala; el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, y el senador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Coordinación de la Junta Política de la Cámara alta.

Paralela a esta campaña, añadió, la CNDH creará un observador nacional para vigilar que los funcionarios cumplan con la ley, a través de los 10 Comités Regionales que establecerán en Campeche, Tabasco, Veracruz Aguascalientes, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California y dos en Chiapas: Tapachula y San Cristóbal de las Casas.

Dijo que estas oficinas foráneas que tienen facultades para desarrollar programas en torno a los derechos humanos, y van a participar en el combate y la campaña informativa sobre la trata de persona y sus consecuencias.

En el caso de la explotación laboral, dijo que en nuestra sociedad todavía existen una serie de argumentos permisivos y hasta complicidad para aceptarlo como "algo natural". A manera de ejemplo se refirió a las fincas cafetaleras de Chiapas, donde los dueños de estas fincas o de las plantaciones ven normal que vengan las familias centroamericanas: la madre, el padre y el niño a realizar la pizca.

Señaló que hubo reacciones cuando se dio a conocer que niños y niñas de entre 8 y 10 años participaban acarreando agua o en la pizca de café y "(los propietarios de estas fincas) señalaron que evitar este tipo de prácticas iba a lesionar gravemente la economía del estado. Que se estaba destruyendo una fuente de trabajo".

Dijo que lo mismo sucede con la pizca de jitomate en los estados de Sonora y Sinaloa, donde llegan familias de Oaxaca y Guerrero. Sostuvo que esta falta de conciencia que tenemos está atropellando y violando los derechos humanos a la luz pública.

En el caso del Distrito Federal, precisó que también existe una explotación laboral contra las personas que ayudan con el servicio doméstico, a quienes no le pagamos horas, no están inscritas en el Seguro Social, no reciben ningún beneficio de seguridad y que aceptamos como algo natural. "Las personas que contratan este servicio sienten que le están haciendo un favor a quien reciben en su casa, porque le está dando techo, comida, pero que tiene doce horas trabajando, sin ninguna situación económica, eso es trata laboral".

El coordinador de este programa que realiza la Quinta Visitaduría de la CNDH desde hace un año -para sancionar, castigar, proteger y otorgar asistencia de las víctimas del tráfico humano- reconoció que al igual que el tráfico de de niños y niñas para la explotación sexual y laboral, tampoco tienen un panorama sobre la extracción de órganos en territorio nacional, por lo que la comisión, junto con organizaciones no gubernamentales, trabajará en forma coordinada para crear un banco de datos actualizado.