AFP

Ciudad de México.- Los fumadores de la Ciudad de México están de duelo al entrar en vigor este jueves una ley que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados, que puede llevarlos ante un juez si se formula una queja o incluso a la cárcel en caso de reincidencia.

"Prohibido fumar" es el cartel que exhiben desde este jueves unos 35 mil restaurantes, cafeterías y bares en la capital, así como el resto de los establecimientos de acceso al público, a menos que hayan acondicionado lugares al aire libre.

Los infractores a la norma pueden ser detenidos por 36 horas y deberán pagar una multa de hasta mil 577 pesos en caso de reincidir, aunque antes se prevén una serie de medidas para persuadir al fumador rebelde.

Si un comensal se queja, el dueño del establecimiento debe llamar a la policía para que exhorte al fumador a apagar su cigarro, pero si no atiende los ruegos puede ser llevado ante un juez cívico, y pagar la multa o ser detenido durante 36 horas, en caso de persistir.

Las denuncias también pueden formularse al número de emergencia 066 de la secretaría de Seguridad Pública. Para los dueños de los establecimientos, las sanciones son aún más rígidas porque serán castigados con multas de 30 a 100 días de salario mínimo (hasta 500 dólares), el doble si vuelven a vulnerar la norma y la clausura cuando infringen la ley más de dos veces.

El diputado capitalino Xiuh Tenorio, impulsor de la iniciativa en el Congreso capitalino, dijo que la intención no es llegar al extremo de aplicar multas o detenciones porque "el proceso de concientización es lo más importante".

"No podemos apostarle todo a lo punitivo porque así no funcionan las sociedades", aseguró el legislador. Para ello, el gobierno de la ciudad ha organizado unas 110 brigadas como parte de una campaña informativa y de concientización en establecimientos cerrados y públicos, mientras funcionarios de varias delegaciones harán recorridos en sus áreas para verificar el cumplimiento de la norma.

En cambio, la coalición Socialdemócrata del Parlamento local, contraria a la norma, instalará mesas en la entrada de la sede legislativa para tramitar los amparos contra la ley antitabaco en la capital, donde se estima que alrededor del 25 por ciento de la población es adicta al cigarro.

Los dueños de los restaurantes y bares consideran que la ley antitabaco les afectará sus ventas y deberán hacer ajustes financieros, sin llegar al despido de empleados. "En los primeros meses de adaptación sí nos va a afectar en los consumos, pero no en el sentido de que se vayan a dar despidos de personal", aseguró el presidente de la cámara del sector, Francisco Mijares.