José Luna / El Sol de México

Ciudad de México.- La correcta operación, estabilidad y buen funcionamiento del Instituto Federal Electoral fueron cuestionados ante la falta de acuerdos entre el PRI, el PRD y el PAN en la Cámara de Diputados para decidir la elección de tres nuevos consejeros del Instituto, así como por la anulación que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del documento signado en diciembre pasado por el denominado "Grupo de Ocho" consejeros en tanto se elige al presidente definitivo del IFE.

En la urgente necesidad de que los diputados determinen la integración del Consejo General del IFE coincidieron los especialistas John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Joy Langston Hawkes, de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como el mismo consejero Rodrigo Morales.

La incertidumbre y las especulaciones han privado en las instancias electorales a partir de la renuncia de Luis Carlos Ugalde a la presidencia del IFE el pasado 14 de diciembre, realizándose en ese lapso una serie de cambios provisionales o temporales para tratar de que la marcha del Instituto no se paralice.

Aunque para el investigador Ackerman, los menos movimientos que se hicieran en el Instituto era lo más recomendable hasta que fueran designados los nuevos consejeros y entre ellos a quien sustituirá al consejero presidente provisional Andrés Albo Márquez.

Luego de tres días de jaloneos y deliberaciones a puertas cerradas, el 16 de diciembre los consejeros acordaron que Albo Márquez fuera presidente provisional, además de una serie de compromisos para el correcto funcionamiento del Instituto.

El consejero Virgilio Andrade -el otro aspirante a presidente provisional, que declinó su candidatura a favor de la de Albo- dijo que el Instituto vive una situación extraordinaria y que esos acuerdos eran provisionales.

Al día siguiente, el 17 de diciembre, el Consejo General del IFE aprobó en sesión extraordinaria el nombramiento del consejero presidente provisional, en tanto la Cámara de Diputados elija a un nuevo titular en forma definitiva.

Sin embargo, la semana pasada la Sala Superior del TEPJF le dio el más reciente revés al IFE al revocar los acuerdos del referido "Grupo de Ocho" al considerar que están al margen de la ley.

El magistrado Manuel González Oropeza consideró en su proyecto -avalado por unanimidad- que estaba al margen de la constitucionalidad y legalidad el documento de compromisos al que llegaron los actuales consejeros para garantizar la operatividad, gobernabilidad y estabilidad del IFE mientras la Cámara de Diputados elige al presidente definitivo.

Estableció que los consejeros del Instituto no se condujeron apegados al principio de legalidad, toda vez que el "Grupo de Ocho" está al margen de la regulación constitucional y legal en materia electoral.

El fallo del magistrado dio la razón al entonces representante del PRD ante ese organismo electoral, Horacio Duarte, quien impugnó la creación de tal instancia ante el TEPJF al considerar que los consejeros incurrieron en diversas irregularidades.

González Oropeza indicó que del análisis de la legislación electoral se advierte que los consejeros electorales no tienen atribuciones en forma individual, sino que éstas están referidas al desempeño dentro del órgano colegiado denominado Consejo General del IFE.

Este viernes el consejero Morales Manzanares consideró "urgente, necesario y saludable la designación en la Cámara baja de los tres o seis nuevos integrantes del órgano electoral".

A esto último, cabe señalar que la reforma constitucional en materia electoral y el nuevo Cofipe no prevén la elección de seis consejeros para renovar a los actuales en una sola oportunidad, pues los legisladores previeron fechas definitivas para realizar el relevo escalonado.

Una revisión a las reformas constitucionales en la materia aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre anterior permite constatar que los legisladores no previeron posponer ni adelantar la elección de los nuevos integrantes del órgano electoral

Así las cosas, en ese ambiente de incertidumbre, mañana lunes el Consejo General sesionará para dar a conocer entre otras cosas una sanción de 3 millones 375 mil 246 pesos para el Partido Nueva Alianza por 2 mil 376 promocionales de la campaña de 2006 que no fueron reportados.

El dictamen mediante el cual el IFE da cumplimiento a la sentencia del TEPJF contempla la condonación de 70 por ciento de los mensajes no reportados, toda vez que el Instituto pretendió sancionar al Panal por 11 mil 838 anuncios que originalmente aparecían al iniciar el procedimiento oficioso o investigación de tal irregularidad.