Juan Cruz / El Sol de México

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Santiago Creel Miranda, reveló el miércoles que las principales fuerzas políticas del país (PRI, PAN y PRD) se comprometieron a iniciar el análisis de las reformas al sistema de justicia en el mes de noviembre, después de que se aprueben en el Congreso de la Unión las reformas fiscal y electoral.

En el foro "Seguridad en Democracia", Creel Miranda afirmó que existe el compromiso de los legisladores de ir adelante en la reforma penal para fortalecer el trabajo de seguridad del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Por su parte, Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, sostuvo que en los próximos días se discutirá en el Senado de la República la participación que debe tener el Congreso de la Unión en la negociación y acuerdos a los que llegue el Gobierno de México con Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

"Que el Senado conozca, participe y acompañe en los esfuerzos del combate al crimen organizado al Gobierno federal es la discusión que iniciará en los próximos días el Congreso de la Unión", reveló.

Creel Miranda señaló que mientras no se aprueben las reformas electoral y fiscal, no se discutirá la reforma penal, que es -reconoció- a la que deben ponerle mayor atención, por su importancia.

En su oportunidad, Pedro Joaquín Coldwell, senador del PRI, reconoció qu0pan en el Congreso de la Unión es la posible presencia de efectivos militares de otros países en la frontera de México con Estados Unidos.

Explicó que "aun cuando no se requieran cambios a las leyes, el Ejecutivo sí debe mencionar los acuerdos a los que llegue con otros gobiernos y que el Gobierno federal se corresponsabilice por la lucha contra el narcotráfico".

En otro tema, Emilio Alvarez Icaza, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y María Elena Morera, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, coincidieron en que para garantizar la seguridad no se debe romper con el respeto a los derechos humanos, por lo que es necesario la participación ciudadana.

Alvarez Icaza advirtió que cualquier reforma para el combate del delito debe seguir la premisa del respeto a los derechos humanos, por lo que se debe reevaluar hacia dónde se dirigen los esfuerzos del Estado y la sociedad cuando se gastan más de 2 mil millones de dólares en un proceso electoral, mientras la inseguridad crece en el país, "dando aspirinas al problema".