Marcela Ojeda / El Sol de México

Ciudad de México.- Otorgar más facultades tributarias a las entidades federativas relacionadas con aquellos bienes y servicios gravados por el Impuesto Especial en Producción y Servicios (IEPS) en el ámbito federal, ni tendría un impacto inflacionario, ni pondría en riesgo la meta inflacionaria del Banco de México (Banxico), aseveró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al hacer referencia a la Iniciativa de Reforma Integral Hacendaria enviada por el Ejecutivo Federal en la que, entre otros aspectos, se solicita que las entidades federativas obtengan recursos propios mediante la facultad de gravar con la tasa que los congresos locales determinen productos como la gasolina, el diesel, la cerveza y el tabaco labrado, la SHCP rechazó que esto pueda resultar inflacionario.

"De hecho, la mayoría de los analistas financieros del sector privado concuerda en que no se puede inferir que las nuevas atribuciones puedan provocar un sobresalto inflacionario", añadió la dependencia hacendaria, al subrayar que -de aprobarse la reforma- los estados y municipios se verán incentivados a hacer un esfuerzo recaudatorio en beneficio propio.

Ello, subrayó, porque la iniciativa del Gobierno Federal propone rescatar el espíritu original de fomento a la actividad económica y estímulo a la recaudación que deben tener las participaciones federales, así como fortalecer el componente solidario y redistributivo del pacto federal a través de las aportaciones.

Asimismo, indicó que la iniciativa propone cambios a las fórmulas del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, a fin de fijar el monto nominal de las participaciones recibidas por entidad durante el presente año, y distribuir los incrementos en el fondo correspondiente, derivados de una mayor Recaudación Federal Participable.

Esto, en función de los aumentos en la actividad económica, medida a través del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de las entidades federativas (60 por ciento); de los incrementos en la recaudación local (30 por ciento), y del nivel de recaudación local (10 por ciento).

"La incorporación de la recaudación de las entidades federativas implica un incentivo importante para mejorar las haciendas locales. La incorporación del cambio y del nivel de la recaudación de las entidades federativas permite premiar por un lado a aquellas que ya han realizado esfuerzos para incrementar su recaudación y que, por lo tanto, es más difícil aumentarla, así como a las entidades cuyo potencial de incrementar su recaudación es mayor", indicó la dependencia hacendaria a través de su Vocería.

Por otra parte, y al rechazar que la SHCP busque concentrar funciones a través del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), dicha Vocería sostuvo que el objetivo de la dependencia hacendaria a través del Coneval -el cual está integrado por personalidades reconocidas ajenas a la administración pública- es saber si se están logrando los resultados deseados, y utilizar esa información para la planeación de los presupuestos subsiguientes junto con el Legislativo.

"El Sistema de Evaluación del Desempeño será una herramienta muy poderosa para saber qué proyectos y programas están funcionando y cuáles no, y sobre todo, para que tanto el Ejecutivo federal como el Congreso estén enterados de esto", enfatizó.

Y con respecto a quiénes serían los principales afectados y beneficiados con la Reforma Integral Hacendaria que se propone, la SHCP insistió en que, sin duda, los afectados son todos aquellos que debiendo cumplir con el pago de impuestos no lo hacen o lo hacen mal, en tanto que al eliminar privilegios y combatir la evasión, así como simplificar el sistema, los beneficiados son todos los contribuyentes que cumplen adecuadamente con sus obligaciones.

Añadió que al tratarse de una propuesta integral que incluye varias dimensiones de la hacienda pública, "los beneficiados somos todos los mexicanos, pues, además, con la propuesta se busca construir un sistema tributario más justo y simple, sin privilegios, que genere recursos adicionales para los diferentes niveles de Gobierno y que sean gastados adecuadamente en aquellas necesidades que los ciudadanos demanden. En esta lógica, los beneficiados somos todos".

Por último, y al rechazar que las nuevas atribuciones en materia de comprobación sean equivalentes a terrorismo fiscal, la dependencia a cargo de Agustín Carstens Carstens recordó que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos...".

El planteamiento es que todos los que deben pagar lo hagan y lo hagan bien, y que la autoridad fiscal cuente con herramientas adecuadas que le permitan elevar la percepción de riesgo a sanciones por no cumplir las obligaciones fiscales.

"Quienes engañan al fisco, en realidad se están aprovechando de los contribuyentes honestos, por lo que no se trata de terrorismo fiscal sino de acciones concretas para prevenir que unos se aprovechen de otros; es una medida a favor de los propios contribuyentes pues persiguen la construcción de un sistema tributario más justo", concluyó la SHCP.