Opinión / Columna
 
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Romeo Ortega Lopez 
La desconfianza en el MP
Diario del Sur
14 de octubre de 2013

  Romeo Ortega López

Lamentablemente es verdad lo que dice el diagnóstico elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sentido de que la deficiente labor de los agentes del Ministerio Público, ha generado desconfianza en el sistema de justicia por parte de los ciudadanos.

¿Por qué esta desconfianza? Porque los agentes del Ministerio Público, en el mayor de los casos, son personajes prepotentes, déspotas, incapaces de dispensar cortesía a quienes demandan de sus servicios cuando ocurren a esas instancias en busca de justicia.

El diagnóstico universitario sostiene que las víctimas prefieren no presentar acusación por posibles delitos, porque hacerlo es perder el tiempo con trámites lentos, indiferencia y frialdad.

No hay excepción al respeto sobre la ineficiencia del Ministerio en todos los estados del país, donde más parece aliado de la impunidad y no de la justicia. Porque si un ciudadano presenta una queja, al advertir la lentitud como avanzan sus gestiones, prefiere retirarse de la intención de conseguir justicia y dejar todo por la paz.

Aquí en Chiapas, ocurre la misma desconfianza en el órgano procurador de justicia y no vamos a referirnos a una Procuraduría o a un procurador en especial, porque lo que aquí ocurre data de muchas décadas cuando la actuación de los agentes del Ministerio Público deja mucho qué desear.

Se han conocido infinidad de casos de familias cuyo domicilio ha sido robado por los maleantes, acuden al Ministerio Público donde son tratados con indiferencia, les piden que presenten testigos y documentos que los acrediten como propietarios de los objetos robados. Se da cuenta el ciudadano de que eso de la justicia pronta y expedita, es un mito y decide renunciar a sus gestiones y a la esperanza de recuperar el patrimonio hurtado.

El agente del MP está obligado a investigar toda denuncia que sea de su conocimiento sobre comisión de hechos delictuosos, pero no lo hace mientras no le presenten testigos y facturas de los bienes robados y el ciudadano no siempre puede cumplir con estos requisitos porque no hay testigos que hayan presenciado el robo, tampoco facturas porque puede tratarse de obsequios de amigos o de parientes. Tales exigencias no hacen más que eludir responsabilidades, para abrirle las puertas de par en par a la impunidad.

Aquí los señores procuradores deberían intervenir para poner fin a la negligencia de los subordinados, para que cumplan sin excusas con el deber que tienen asignado y cuyo cumplimiento debería ser ejemplar.

Es tal la importancia del Ministerio Público porque de su empeño y capacidad para integrar una averiguación, va a depender que el órgano jurisdiccional tenga elementos no solo para librar una orden de aprehensión, sino para sentenciar a los culpables, dentro del afán justiciero de la sociedad.

Hay que cambiar la mentalidad del MP haciéndole entender que es un servidor de los ciudadanos, cualquiera que sea la posición política o económica que estos guarden y frente a ellos no valen la prepotencia ni el autoritarismo. Hay que vigilar también a esos funcionarios de las tentaciones de la corrupción que se presenta de manera reiterada, para hacer prevalecer la injusticia, sobre la justicia. Es en la institución del Ministerio Público donde la erradicación de la corrupción, es un ideal fallido.

El Programa Universitario de Derechos Humanos propone la autonomía del Ministerio Público y la instauración de un órgano que vigile su actuación. Esa autonomía ya se había logrado en Chiapas que fue ejemplo nacional al respecto, pero el gobierno anterior lo despojó de esa autonomía y lo retornó a la versión anterior porque había premeditado utilizar a la institución como órgano represor para cebar venganzas y aplastar los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos.

Hay que meditar sobre las propuestas del PUDH y hacer del Ministerio Público, tan siquiera aquí en Chiapas, lo que debe ser en la realidad no en la simulación: una institución de buena fe.

COLOFÓN.- El rector de la UNACH Jaime Valls Esponda y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García Sayán, firmaron en la sala "Antonio Castro Leal" de la Biblioteca México "José Vasconcelos", un convenio para la realización de proyectos de investigación e interés mutuo a fin de conjuntar esfuerzos para lograr una mejor aplicación y difusión de los instrumentos internacionales rectores de los derechos humanos. El presidente de la Corte Interamericana, reconoció que la UNACH es la única universidad mexicana que ofrece el doctorado en Derechos Humanos.


 
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