Opinión / Columna
 
Hechos 
Jesús Michel Narvaez 
Castillo de naipes, el construido por la PGR durante el mandato de Calderón
El Sol de México
18 de abril de 2013

  Sin conocer si son "inocentes" y dejando en el aire, como ocurrió con el caso de Florance Cassez su responsabilidad delictiva, los personajes de altos vuelos políticos y militares detenidos durante el mandato de Felipe Calderón están abandonando los penales de alta seguridad en donde fueron recluidos bajo acusaciones que se desmoronan. Es un Castillo Naipes construido bajo la batuta de Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, los tres responsables de la Procuraduría General de la República durante los seis años del segundo régimen panista.

Castillo que de desmorona conforme avanza la administración de Enrique Peña Nieto y con Jesús Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República. Acusaciones que fueron construidas sin cimientos y edificadas en suelo fangoso en el que no se practicó mecánica de suelos alguna y hoy la debilidad estructural está a la vista y se hace necesaria una reingeniería o de plano la demolición, porque las pruebas no resisten el análisis jurídico.

Al conocer que la PGR no presentará conclusiones acusatorias en contra del general Tomás Ángeles Dauahare y con esta decisión se desvanecen las acusaciones primarias, se deja en entredicho el actuar de quienes estuvieron al frente de la institución.

Ayer Noé Ramírez Mandujano.

Hoy Tomás Ángeles Dauahare.

Mañana ¿quién sigue?

Suponemos que los otros cuatro militares que se encuentran detenidos acusados por los mismos cargos y por los mismos ministerios públicos, también obtendrán su libertad.

Ahora viene la gran interrogante: ¿y quiénes de las autoridades de procurar e impartir justicia pagarán el abuso de poder?

Porque no parece que sea suficiente aquella frase de la política mexicana: "Usted dispense".

Hay ministerios públicos que alteraron las pruebas; testigos protegidos que mintieron y falsearon declaraciones -en Estados Unidos el perjurio es tan o más castigado que el homicidio culposo- para que se acumularan cargos en las consignaciones y hubo jueces que revisaron, no solamente en primera sino en segunda instancia. Y dieron como buenas las pruebas aportadas en los procesos.

Ya estaban a punto de culminar.

Ya habría sentencia en pocos meses.

Y hoy se conoce que la PGR no seguirá el proceso, lo que equivale a la admisión de que no se llevó el debido proceso y por tanto se violentó.

Caso similar al de la francesa.

No se sabe si los ahora liberados son inocentes. Sencillamente no hay forma de seguir adelante con los procesos.

Las acusaciones se han caído.

Como Castillo de naipes.

O como el efecto dominó: una ficha tira a todas.

Es el uso faccioso del ministerio público federal, que se le conoce como el elemento de la "Buena Fe" como representante social, de los ciudadanos, de la sociedad.

¿Cómo confiar en la autoridad, en el gobierno federal, si el ministerio público que está bajo su mando violenta las normas e inventa cargos para culpar a inocentes?

Saber que en el caso del exzar de las drogas, Ramírez Mandujano el juez de distrito encontró fallas en las que se sustentaron las acusaciones, no es suficiente.

Sí, el exfuncionario está en libertad pero quienes lo acusaron y condenaron también.

¿Es válido que ministerios públicos y jueces perviertan la justicia?

Seguramente los hechos ahora conocidos servirán de base para revisar, en serio, la justicia en México.

Ir al fondo de la destartalada Procuraduría General de la República y entrar, también, a la cloaca que representa el Poder Judicial de la Federación, aunque el presidente de la Corte y sus Ministros se cuezan aparte, es urgente.

¿Serán castigados los jueces de las causas o pasarán a la historia por haber sido engañados por los ministerios públicos federales?

Por lo pronto se coloca a la Procuraduría General de la República en los tiempos de Felipe Calderón, en una situación insostenible y que merece ser examinada, como ya lo hace Murillo Karam para terminar con los vicios y el abuso del poder.

Sin embargo, no todo debe terminar con la excarcelación de los acusados. Debe sancionarse al ministerio público de la federación y a los jueces que validaron las consignaciones, porque pareciera, por lo hasta ahora comprobado, que la justicia en México es o fue, todavía, tiene precio político aunque no financiero.

Esperaremos y diremos.

E-mail: jesusmichel11@hotmail.com

Twitter: @jesusmichelna

Y en radio, en Misión, periodismo sin Regaños, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por ABC-Radio en el 760 de AM y sus 36 repetidoras en todo el país.
 
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