México
Un clima de desconfianza en el sector docente
Es conveniente abrir una oferta a la que libremente acudan los docentes, de acuerdo con sus necesidades de formación
Organización Editorial Mexicana
31 de diciembre de 2012


Nidia Marín / El Sol de México

Segunda y última parte

Bien lo decían: "Lo más complejo y desgastante será separar el tema pedagógico por naturaleza, de la dimensión política sindical". El extenuante camino ha iniciado y en el tablero de la Reforma Educativa, reina, rey, alfiles, caballos, torres y la carne de cañón: los peones, toman posiciones.

Pero como señalaron los especialistas de la UNAM en el "Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional": "... atender las principales debilidades y contradicciones de los docentes resulta una oportunidad insuperable para desarrollar acciones positivas que fortalezcan su quehacer y su reconocimiento social". Y es que el problema es complicado. Por ejemplo, en el tema "Conocimiento de los perfiles profesionales y sociales de los docentes", contenido en el mencionado plan, se advierte la falta de un sistema de información confiable sobre los docentes en México, tanto en lo nacional como a nivel de entidades federativas, "que permita conocer cuántos son, qué plazas ocupan, cuáles son sus perfiles profesionales, además de diferentes indicadores que permitan valorar su caracterización como gremio, entorpece las diferentes acciones que los involucren o puedan destinarse a transformar sus formas de trabajo".

Aunque recientemente acordaron la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que se llevaría a cabo un censo, el temor es que se ponga trabas al asunto. Los investigadores de la UNAM ya lo habían señalado en el Plan: "Los intentos que se han diseñado para este fin han sido obstaculizados por diferencias de perspectiva y por falta de claridad sobre el uso de la información, provocando un clima de desconfianza en el sector docente. Ninguno de los responsables involucrados (SEP, SNTE e instancias estatales) ha tenido la capacidad de proponer una alternativa para que dicho proyecto se consolide, en detrimento del reconocimiento de la importancia de información para la definición de políticas a ser desarrolladas".

Ellos proponían de manera prioritaria construir un sistema integral de información educativa, que aglutine sistemáticamente los datos relativos a las plantas académicas de cada escuela, de cada zona escolar, de cada municipio y de cada estado y que sea retroalimentado de manera permanente por tipo, nivel, modalidad, sostenimiento, etcétera.

Una segunda recomendación era atender las condiciones de trabajo en las que los maestros desarrollan su práctica. Anotaban como importante tomar en cuenta que el tamaño de las escuelas públicas de educación básica a nivel nacional es extremadamente diverso, así como su infraestructura y número de alumnos por grupo, porque impacta directamente en el desarrollo de la práctica docente y en sus posibilidades de adaptación a los contenidos que marca el plan de estudios.

Por otra parte, como la existencia de normativas institucionales (Consejo Técnico, academias) que fomentan el trabajo colegiado, no llega a concretarse, "sino que los espacios existentes son utilizados de manera genérica para atender cuestiones de tipo administrativo y no académicas, una tercera propuesta es descargar a los docentes de actividades administrativas.

Se trata con ello de recuperar una dinámica institucional que despliegue el trabajo colegiado, bajo un liderazgo académico de los directivos y los asesores técnico-pedagógicos. Además aseveran que la actual situación demanda la existencia de una infraestructura básica y suministrar el equipamiento y los recursos didácticos suficientes para su funcionamiento, particularmente en las zonas más marginadas.

w El polémico salario

Ante la realidad de lo polémico que ha resultado el tema del salario para los maestros de educación básica, los expertos mencionan que en el país resulta muy complicado definir el promedio del salario de un docente, en tanto que éste se encuentra determinado por diversos factores, entre los que sobresalen: la antigüedad, la categoría, los estímulos (carrera magisterial) y la zona geográfica, entre otros. "Para los docentes, sus ingresos no reflejan la magnitud de la responsabilidad ni las exigencias relacionadas con su trabajo profesional", explican.

Pero además, esta situación "ha propiciado la búsqueda de opciones laborales complementarias que permitan al docente satisfacer sus necesidades materiales, lo que disminuye su capacidad de atención de los elementos involucrados en el desarrollo de la tarea educativa. La propuesta en ese renglón es configurar un esquema de asignación salarial alternativo que sea justo y equitativo, desarticulado del sistema de estímulos.

Para los investigadores de la UNAM, las alternativas de superación profesional del magisterio están determinadas por el conocimiento de los perfiles docentes, por el resultado de la investigación educativa sobre el aprendizaje en la escuela, por el reconocimiento de la diversidad de circunstancias que atraviesan las aulas en el país, y por las necesidades detectadas en cada entidad federativa sobre las fortalezas y debilidades de sus escuelas.

"Reconocer estas circunstancias tendría que ser el primer paso para definir opciones diferenciadas de formación continua de docentes en servicio", expresan.

Después de plantear lo anterior la propuesta es, redefinir la educación permanente o continua de todo el profesorado de educación básica: caracterización, sentido, objetivos, etc., pero desvinculado completamente de la carrera magisterial y con la re-situación del desarrollo profesional como una dimensión fundamental de la profesión docente.

También se pronuncian por definir un solo órgano regulador y promotor de la educación continua, sin perder de vista los elementos básicos, una vez que se haya establecido el sentido de la misma en la carrera docente. Además, abrir la posibilidad de atender las especificidades institucionales, locales y regionales.

Otra recomendación es la reestructuración del sistema de formación permanente, para que no exista tanta dispersión de recursos: escuelas normales, unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, centros de maestros, instancias estatales de formación de profesores. Asimismo, revisar el esquema de formación continua actual en el que se establecen cursos, talleres o diplomados a través de las instancias estatales de formación continua, programa de carrera magisterial, centros de maestros, unidades de la UPN, o bien, a través de contratos que suelen otorgarse a instituciones públicas o privadas. "La oferta real es diversificada; sin embargo, la exigencia de que los docentes tomen un curso es burocrática, en general acordada con la comisión SEP-SNTE", dicen.

Por ello, consideran conveniente abrir una oferta a la que libremente acudan los docentes, de acuerdo con sus necesidades de formación, de evaluación docente que identifique los aspectos centrales de esta actividad, así como identificar para cada docente los aspectos a mejorar y también diseñar mecanismos que lo acompañen, particularmente durante los primeros años de su vida laboral, que le transmitan seguridad y le propongan alternativas de formación.

En cuanto a la educación indígena, en el trabajo de la UNAM se plantea que no obstante los avances importantes que se han realizado, tanto en la ampliación de oportunidades educativas, como en el mejoramiento de los indicadores de deserción y reprobación, "es necesario mejorar los niveles de profesionalización docente".

Convendría, exponen, redoblar los esfuerzos en materia de incentivos, capacitación y actualización de los maestros indígenas para evitar la subestimación de ese ámbito laboral sobre el urbano y la deserción del profesorado. "En particular, se requiere atender el principal problema: el relativo aislamiento del profesorado de este subsistema.

Y como derivado de los mecanismos de incorporación de los profesores está el problema de la falta de relación con el sistema educativo general y el estrechamiento de un horizonte de formación, la recomendación es continuar y profundizar las iniciativas dirigidas a la profesionalización docente de esta modalidad, especialmente las que se han realizado a partir de 2008 con la Estrategia Integral para la Profesionalización de Docentes de Educación Indígena, la cual comienza a presentar resultados positivos en las evaluaciones de los alumnos indígenas.

* Las normas que no se cumplen

En el tema "El marco legislativo de la educación", contenido en "Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional", de la UNAM, queda claro que "el principal problema en cuanto al marco jurídico mexicano no es la ausencia de normas, sino la falta de cumplimiento de las mismas".

Sin embargo, los especialistas consideran necesario "hacer algunos ajustes a la legislación vigente, para reforzar aspectos como la calidad de la educación".

En relación con la disposición constitucional del derecho a la educación, dicen, "se han establecido ideales que no corresponden necesariamente a la realidad social y económica del país". Ejemplifican con la obligatoriedad de la educación -desde preescolar hasta media superior- y consideran que no obstante que dicha declaración está en la norma constitucional "esto no se traduce en que toda la población en edad de cursar tales niveles educativos en realidad lo haga, debido en gran medida a la precaria situación económica y a la desigualdad que priva en amplios sectores de la población en los que, al no haber un ingreso familiar suficiente, se involucra a niños y adolescentes en el trabajo, descuidando o abandonando así sus estudios".

Señalan una verdad de a kilo: "... nos encontramos frente a problemas como la insuficiencia y deterioro de la infraestructura escolar, la alta deserción, los rezagos tecnológicos y la insuficiencia en la cobertura de la educación media superior y superior entre otros, que no pueden ser resueltos por la mera expedición de normas por bien intencionadas que éstas sean". El tema de las "escuelas-patito", también es abordado en el gran trabajo de la UNAM. Señala por ejemplo: "... ante la falta de cobertura y en ocasiones de calidad de la educación impartida por el Estado se ha creado una multiplicidad de instituciones privadas, sin embargo es de observarse que en la Ley General de Educación se establecen requisitos muy genéricos para el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) y la parte específica se encuentra en diversos acuerdos de la Secretaría de Educación Pública (SEP); asimismo hacen falta criterios cualitativos para la incorporación y revalidación de estudios".

Ante ello, se remarca la necesidad de establecer mecanismos para la exigibilidad de la calidad educativa pública y privada. "Actualmente hay un vacío en cuanto a una instancia especializada ante la cual los ciudadanos puedan exigir el derecho a una educación de calidad", mencionan. Lanzan un recordatorio: la Ley General de Educación contempla los consejos de participación social con el objeto de fortalecer y elevar la calidad de la educación pública; "sin embargo hasta ahora no han logrado convertirse en un factor decisivo mediante el que la sociedad pueda consolidar sus aspiraciones en la mejora de los servicios educativos".

Y contiene también una serie de propuestas para el marco legislativo.